Galicia recibirá 10,2 millones de euros para las dos ciudades que son zona de mercado residencial tensionado, A Coruña y Santiago de Compostela, el doble de lo anunciado inicialmente. El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno al real decreto para conceder 180 millones en subvenciones directas destinadas a aumentar la oferta de vivienda asequible y reducir los precios del alquiler.
Esta dotación recaerá sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas y que abarcan a más de nueve millones de habitantes, según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros recogida por Europa Press.
Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. Le siguen Euskadi, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.
Los 10,2 millones de euros supone el doble de lo esperado inicialmente, ya que el Gobierno central ha decidido duplicar los fondos. La previsión era que A Coruña recibiese 3,6 millones y Santiago, 1,6, que ahora aumentarán para ambas ciudades. Los fondos, en todo caso, serán gestionados por la Xunta, que ya avanzó el pasado mes de septiembre que los destinaría a crear vivienda pública.
Algo con lo que no están de acuerdo las alcaldesas de Santiago, Goretti Sanmartín, y A Coruña, Inés Rey, que piden que sean los propios ayuntamientos los que puedan gestionar los fondos como conocedores de la realidad local. A mediados de septiembre, las dos ciudades crearon un grupo de trabajo para "sumar fuerzas y recursos" en materia de vivienda.
"Queremos unir as nosas voces e denunciar a actitude da Xunta de Galicia, sempre facendo obstáculo contra esta declaración", aseguró Sanmartín tras la reunión, a lo que Rey añadió: "Para que as ZMRT funcionen, teñen que ter a colaboración dos gobernos autonómicos e no caso de Galicia non a temos".
El reparto de los fondos se realiza teniendo en cuenta tanto la población afectada por la declaración como el esfuerzo de las familias para hacer frente a los alquileres, por lo que la financiación es mayor en el caso de las comunidades autónomas con más personas afectadas, así como donde las dificultades para hacer frente a las rentas son mayores.
Rodríguez señaló durante su intervención que la declaración de zonas de mercado residencial tensionado constata la existencia de un problema que "requiere soluciones extraordinarias", recordando que estas zonas permiten aplicar medidas como la limitación de las subidas del alquiler al finalizar los contratos y las bonificaciones a los propietarios que reduzcan las rentas.
Cinco ámbitos de actuación
Las comunidades autónomas podrán destinar las subvenciones a cinco ámbitos de actuación, siempre aplicadas en las ciudades que tengan la declaración.
El primero hace referencia a la promoción y rehabilitación de viviendas y al desarrollo de soluciones habitacionales alternativas. El objetivo es destinarlas al alquiler social o asequible, con independencia de la calificación y titularidad del suelo.
Los fondos también podrán financiar la adquisición de suelo con edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o de sus entidades dependientes o vinculadas con competencias en materia de vivienda, así como el desarrollo y la urbanización de terrenos destinados a uso residencial.
Otro ámbito contempla la compra de viviendas existentes y otras soluciones habitacionales para incorporarlas al alquiler social o asequible.
Las ayudas, por último, podrán destinarse a cubrir impagos de contratos de arrendamiento de viviendas.
El Ministerio de Vivienda, recordó Rodríguez, ya había previsto otras medidas extraordinarias para estos territorios en el Plan Estatal de Vivienda, como las ayudas para la construcción de vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 80% del coste de adquisición de viviendas ya construidas para destinarlas al alquiler asequible.