El CEIP Quiroga Palacios de Santiago de Compostela es el protagonista estos días de una polémica que gira alrededor de la ampliación del centro. La Xunta ha acusado al ayuntamiento de "chantaje" para realizar las obras y el concello señala que hubo un "malentendido". Mientras, el ANPA acusa al Gobierno autonómico de un "incumplimiento" legal y exige que la ampliación sea mayor.
La polémica saltó ayer martes, cuando el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acusó al Concello de Santiago de "chantaje" e "incumplimiento legal". La Xunta, según Rodríguez, solicitó hace más de un año terrenos de 1.600 metros cuadrados anexos al CEIP para la ampliación.
"Recibimos una sorpresa mayúscula y monumental: una cesión condicionada a que urbanicemos 14.000 metros cuadrados que son propiedad del ayuntamiento y que están fuera de todo uso escolar", denunció el conselleiro de Educación.
La concejala de Educación de Santiago, Míriam Louzao, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de la recaudación por la tasa turística que todo se trató de un "malentendido" y ha apelado a iniciar las obras lo antes posible porque son muy necesarias para la comunidad educativa, mostrándose a disposición de la Xunta para "calquera aclaración que precise".
"O conselleiro fala de que lle pedimos intervir en 14.000 metros cuadrados, cando o total da parcela nin sequera os ten, senón que son 10.000", señaló Louzao. La portavoz municipal se mostró "sorprendida" por la reacción de Rodríguez ya que, según trasladó, esta era una cuestión ya "aclarada" entre los técnicos.
La responsable de Educación en Santiago destacó, además, el tiempo "récord" en el que el concello puso a disposición de la Xunta la parcela: "Chegou a petición a finais de febreiro e o anteproxecto o 29 de maio, e na Xunta de Goberno do 13 de xullo, menos de dous meses despois, púxose a disposición a parte da parcela que eles pedían".
Así, y teniendo en cuenta los tiempos de la administración, Míriam Louzao justifica la "implicación absoluta" por parte del Ejecutivo local para que la parcela se pusiese a disposición de la Xunta lo antes posible para una ampliación "moi necesaria".
El concello, sin embargo, entendía que lo ideal era ceder los 10.000 metros cuadrados de la finca porque considera que la ampliación propuesta por el Gobierno autonómico no es suficiente, pero una vez la Xunta le trasladó que solo quería los 2.000 metros solicitados, tramitaron esta petición. "Sempre estivemos a disposición da Xunta", defiende la edila.
"Estamos moi sorprendidas desta reacción porque non era nada que esperáramos. Isto estaba aclarado entre os técnicos e calquera cuestión que queiran que aclaremos estamos a súa disposición. Eu pedín tamén unha xuntanza xa co director territorial, pero estamos a disposición do que neles consideren para aclarar todo o que sexa preciso e que se licite canto antes esa obra", concluyó Louzao.
La concejala de Educación respondía así a Román Rodríguez, que este martes señalaba que los ayuntamientos tienen "obligación" de poner a disposición, en este caso de las administraciones autonómicas, "los terrenos necesarios para hacer los colegios, para hacer centros de infantil y primaria".
"Yo no quiero polemizar y no quiero excusas. Solo quiero dejar muy claro a las familias que, si dentro de un año tenemos problemas de espacio, es única y exclusivamente responsabilidad del ayuntamiento, que hace una cesión envenenada para que obviamente no se acepte", aseveró el conselleiro de Educación, que aseguró que hace más de un año que la Xunta solicitó los terrenos.
Una ampliación mayor
El ANPA Athenea, vinculada al CEIP, defiende por su parte que existe un "incumplimiento" legal por "espacios mínimos" de los que carece el centro. La entidad denunció a la Xunta por esta razón ante la Valedora do Pobo, que abrió una investigación al respecto.
La asociación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha lamentado que la Xunta limite la ampliación a un aulario de Infantil, "sin contemplar el resto de espacios necesarios", como un nuevo comedor que "libere para otros usos" el espacio del actual.
El planteamiento también es el defendido por el ayuntamiento, de ahí que inicialmente pusiese a disposición del Gobierno gallego toda la parcela. Ante el rechazo de la Xunta, la cesión será finalmente de 2.000 metros cuadrados y el resto del terreno se seguirá usando como aparcamiento.
La Consellería de Educación, además, prevé un acceso independiente a este nuevo aulario a través de esa zona. El personal técnico municipal considera que este nuevo acceso y la reordenación del espacio tras la "afectación" de la obra "debe ser acometido por la Consellería".
El ANPA ha valorado, "por lo señalado a través de los medios de comunicación", que la Xunta "no" dotará al centro de la infraestructura demandada por la representación de las familias y que, además, "no quiere acondicionar el espacio donde se va a hacer la obra, tal y como obliga la legislación y toda la lógica". "Incomprensiblemente esta cuestión está siendo objeto de debate", reprocha la entidad.