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¿Qué futuro le depara a la antigua cárcel de A Coruña? Un acuerdo y muchas incógnitas

La compra del concello de A Coruña de este inmueble por 2,3 millones de euros y actualmente con vigilancia 24 horas, llega tarde para algunos como Proxecto Cárcere, que manifiestan que el edificio ha sido maltratado durante años, abandonado y vandalizado
Antigua cárcel de la Torre, en A Coruña.
Wikipedia
Antigua cárcel de la Torre, en A Coruña.
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La antigua prisión de A Coruña, en las inmediaciones de la Torre de Hércules (Patrimonio Mundial de la UNESCO), lleva décadas abandonada desde que dejó de funcionar como tal y este 2022 parece que se atisba un nuevo camino para este histórico inmueble con el acuerdo recientemente anunciado entre el Estado y el Concello de A Coruña para su compra por 2,3 millones de euros y que sea de titularidad municipal.

Este edificio tiene ejemplos cercanos de rehabilitación exitosa como el proyecto presentado a los fondos europeos Next Generation para la cárcel de Tui (Pontevedra), que rehabilitará el interior del edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1967, para adaptarlo y transformarlo en un lugar de recepción de peregrinos. Otro sería el de la vieja cárcel de Lugo, que fue sometida a una rehabilitación completa mediante el plan Urban, cofinanciado por la UE, el Concello y la Diputación y que alberga exposiciones, salas dedicadas al uso de artistas y asociaciones, biblioteca y hasta un auditorio con casi 150 butacas.

De cara a conseguir hacer una realidad proyectos como estos, asociaciones como Proxecto Cárcere, que llevan 12 años reclamando una vida mejor para el edificio, exponen que el acuerdo concello-estado "chega tarde" porque en estos años "o edificio foi tremendamente maltratado", sobre todo por sufrir vandalismo en multitud de ocasiones, lo que provocó numerosos destrozos en su interior.

Antigua prisión provincial de A Coruña.

A su vez, ICOMOS-España, representación nacional de la organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO que promueve la conservación, protección, uso y desarrollo de los monumentos, conjuntos de edificios y sitios; ha enviado un escrito al Concello de A Coruña donde le pide medidas preventivas para que se implemente la normativa que tutela al edificio histórico. La batalla judicial por la antigua cárcel coruñesa se inició en 2013 y terminó en 2020, cuando el Tribunal Supremo ordenó cumplir el convenio que se había establecido en el 2005 entre la Siepse y el entonces alcalde, Francisco Vázquez.

En relación al coste de rehabilitación del inmueble, la alcaldesa Inés Rey ha manifestado que "los pagos y los usos futuros ya se concretarán cuando toque" aunque ha asegurado que el presupuesto será "elevadísimo".

Proxecto Cárcere: Conversión en un espacio de convivencia

Foto: Proxecto Cárcere

Fuentes de Proxecto Cárcere dejan claro que llevan "12 anos de loita" y exponen que en este tiempo gestionaron dos veces la antigua cárcel coruñesa: en 2011 y 2018. Cuentan que en 2020, la semana previa al confinamiento, enviaron una carta al concello de A Coruña con la transcripción de la normativa que indica que "los ayuntamientos deben obligar a los propietarios de cualquier inmueble a mantenerlo con una salubridad y seguridad mínimas", pero critican que su propuesta "quedou en nada como todas as nosas reivindicacións".

"Non cremos que teñan que pagar desde o concello, porque estos terreos foron doados gratuitamente ao Estado ata que cumprira a súa misión de ser un lugar penitenciario e no momento de que deixou de selo terían que telo revertido", explican. Sin embargo, aseguran que son conscientes del reciente fallo del Tribunal Supremo, por lo que consideran que "seguramente haberá que pagar porque é sentencia firme". "A nós nos chega tardísimo todo isto porque en 12 anos as únicas persoas que fixeron algo polo mantemento e accesibilidade do edificio foron os de Proxecto Cárcere", explican.

Foto: Proxecto Cárcere

Sobre los futuros usos del edificio, denuncian que "o concello non sabe que vai facer co sitio e dubidamos que o chegue a saber algún día". En este contexto, rememoran que hace dos años pidieron por registro información de transparencia que aún no han recibido y alegan que se contrató a una asesoría a la que se abonaron unos 18.000 euros para hacer un proyecto para la prisión. "Dese presuposto non recibimos un euro e todo o que fixemos en 12 anos foi autoxestionado", afirman, a la vez que apuntan que desde la asesoría se hizo un planteamiento para el edificio de convertirla, según ellos, en platós cinematográficos.

Desde la organización trasladan que desde el 20 de noviembre de 2010 su único objetivo es que el inmueble fuese un lugar participativo y ejercer como canalizadores de propuestas de cualquier persona que quisiera implicarse en el lugar. "Un modelo de xestión participativo, asamblaeario, autoxestionado e libre con propostas que non contemplan algo violento, machista, fascista...", aclaran, mientras subrayan que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) "debería haber tomado medidas para que non houbera grafitis no mural interior do cárcere nin destrozos".

Foto: Proxecto Cárcere

Desde Proxecto Cárcere argumentan que cuando gestionaron el inmueble recibían peticiones ciudadanas para llevar a cabo diversos actos en su interior, a la cuales daban respuesta trasladando las instrucciones correspondientes y el material. "A asamblea era a que decidía todo o que ocurre dentro do cárcere, un modelo que en Barcelona e Sevilla está institucionalizado pola propia cidade e a propia contorna", concretan. En esta línea ponen como ejemplo positivo la antigua fábrica textil de Can Batlló, del siglo XIX, que tras 30 años de abandono es gestionada actualmente por los vecinos como foco de actividad social y cultural, con huerto urbano, taller, biblioteca, ateneo popular, cine o imprenta. 

Según integrantes de Proxecto Cárcere, el punto de partida del proyecto son los montes en mancomunidad y la filosofía de que "o monte non pertenece a ninguén, senón a toda a xente que vive na contorna e que precisa recursos del ou facer cousas nel". Con este modelo, las mismas fuentes aseguran que la antigua cárcel de A Coruña "sería un punto de referencia mundial en frente doutro punto de referencia mundial como a Torre de Hércules". "Hai xente na cidade que se está matando a traballar nisto porque aínda cree no común", reivindican.

Foto: Proxecto Cárcere

Vigilancia 24 horas y denuncia de "invasión de coches"

Desde la Subdelegación del Gobierno en Galicia, con sede en A Coruña, trasladan que "siguen con las negociaciones sobre la cárcel a la espera de que el ayuntamiento apruebe el documento en el que figura el convenio según el cual el concello de A Coruña abonará al Estado 2,3 millones por el inmueble". Asimismo, la SIEPSE ha contratado vigilancia 24 horas y desde el BNG han denunciado esta semana "invasión de coches" en las inmediaciones de la antigua prisión.

"En repetidas ocasións a contorna da Torre de Hércules vese invadida por coches estacionados nunha zona que debería ser de lecer e tranquilidad", dice el comunicado. Esta realidad, apuntan, "até hai pouco, só ocurría na parte traseira dos campos de fútbol e golf , agora tamén se estendeu ao recinto da antiga prisión provincial", añaden.

Inmediaciones de la cárcel de A Coruña. Foto: CEDIDA

"Problema heredado y menor coste posible para los intereses municipales"

Inés Rey aseguró estas semanas que el Gobierno municipal ha arreglado "un problema heredado" y "que se viene arrastrando desde hace muchos años" y lo ha hecho "con el menor coste posible para los intereses municipales". Respecto a las críticas vertidas por todos los grupos de la oposición que consideran que el dinero a pagar es demasiado, Rey ha sentenciado: "Las ejecuciones de sentencia nos son opinables".

Según una respuesta escrita sobre este asunto remitida por el gobierno de Inés Rey al PP de A Coruña, se ha confirmado que el ayuntamiento de la ciudad herculina deberá abonar exactamente 2.296.654, 10 euros por esta propiedad en anualidades que ascienden a 813.976,25 euros.

Estas cifras "suponen una quita de 600.000 euros y que no sigan incrementándose los intereses", según manifestó Rey. "Si nos fuésemos a una ejecución de sentencia estaríamos hablando de cerca ya de los tres millones de euros", ha apostillado.

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