Letrados de la administración de justicia gallegos se unen a una huelga nacional indefinida
Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comienzan este martes una huelga indefinida, con el consecuente "riesgo de paralización" de los juzgados y tribunales de toda España. Demandan una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años, ya que en aquel momento no recibieron la compensación correspondiente. Este martes letrados de justicia de la comunidad han acudido a la movilización de Madrid y este jueves se concentrarán en diferentes puntos de Galicia.
La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ han reclamado el cese del secretario de Estado de Justicia por decir este lunes en una rueda de prensa que la huelga es "política", "sin finalidad profesional alguna" y "contra el pueblo".
El seguimiento en Galicia (datos de las 10:00 horas de esta mañana) de esta protesta, con datos facilitados por el TSXG, es de: 75% de los letrados de justicia de A Coruña, 74% en Ferrol y 65% en Ourense.
Antonio Julián Rodríguez ha incidido en que la huelga indefinida impulsada por las tres asociaciones "no tiene ningún motivo laboral", sino "claro motivos políticos" y ha recalcado que "cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar" porque "cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles".
Las tres organizaciones convocantes de la protesta han manifestado al respecto que "tal cúmulo descalificaciones, en boca de un mandatario público, ante el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido no tiene parangón en un estado democrático". "Nosotros tenemos derecho de huelga, la ejercemos por los cauces legales, reclamamos mejoras laborales y salariales y se ejercen por quienes en la LOPJ tienen atribuida la defensa y representación de los Letrados de Justicia, y por un sindicato ASSEJUS, para ser más pulcros", manifiestan en un comunicado.
"Las asociaciones profesionales de Letrados de Justicia, ni tenemos filiación política alguna y nos limitamos a la defensa de los intereses profesionales de nuestros asociados", han aclarado. Los afectados han hecho un llamamiento a la Ministra de Justicia, Pilar Llop, a desautorizar al Secretario de Estado y desmarcarse de este ataque, algo que si no lleva a cabo, los manifestantes han concluido que "quien debería dimitir es ella".
Meses de huelgas puntuales
El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".
Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".
La huelga indefinida convocada para este martes es el resultado del conflicto laboral que mantienen los LAJ desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales (que obligaron a suspender juicios y declaraciones) y concentraciones.
Las tres asociaciones reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".
Los convocantes llegaron a apelar a la "autoridad" del presidente Pedro Sánchez, ante la "gestión insensible e irresponsable" del Ministerio dirigido por Pilar Llop. "Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico", instaron en un comunicado conjunto.
"300 nuevas funciones"
Según este comunicado conjunto, "la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, modificó radicalmente el ordenamiento jurídico español, confiriendo al letrado de la administración de justicia más de 300 nuevas funciones". "No obstante, el contexto económico crítico y la responsabilidad con la ciudadanía comportaron un aplazamiento de la adecuación salarial asegurada por el Ejecutivo. Más de 10 años después, esa reivindicación histórica, así como la necesidad de ajustar el marco de negociación colectiva a las peculiaridades del cuerpo funcionarial, siguen sin ser atendidas", critican.
Sobre los acuerdos de mínimos con la actual ministra de Justicia Pilar Llop Cuenca alegan que "han sido flagrantemente incumplidos" y acusan a Llop de "manipular cifras para ocultar que la adecuación de la LPG 2021 se ha quedado en 195 euros y no una subida sin parangón". Asimismo, las asociaciones han advertido a Sánchez de la "gravedad" y de la "extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales", que puede generar la huelga indefinida.
En concreto, avisan de que se paralizarán los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.
Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados (funcionarios de grupo A1) dependientes de Justicia es "imprescindible", por lo que su ausencia provocaría "enormes perjuicios" en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.
Huir de "posiciones maximalistas" e incremento de complementos
Por su parte, Llop pidió el pasado viernes a los convocantes que huyesen de "posiciones maximalistas" porque éstas impiden "buenos acuerdos", asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.
Por su parte, el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ha hecho un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo.
"La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros", precisó. En este sentido, el secretario subrayó que "en tres años el salario medio de cada letrado aumentará una media del 14,76%, sin parangón en la administración pública". Al margen, Olmedo recalcó que se ha aprobado un programa que ha aumentado de 30 a 110 euros las retribuciones por entradas y registros simultáneas.
