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Las conserveras limitarán sus inversiones por la Ley de Cambio Climático, según la Xunta

La conselleira do Mar ve "absurdas" las nuevas medidas europeas de control a la pesca: "No van a hacer que la gestión sea mejor"
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, en una comparecencia en el Parlamento de Galicia.
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La conselleira do Mar, Rosa Quintana, en una comparecencia en el Parlamento de Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS)

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, advierte que la "inseguridad jurídica" que conllevará para las concesiones en la línea de costa la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energétiva provocará que el sector conservero se "retrotraiga" y "no haga inversiones". En una entrevista concedida a la Cadena Ser este domingo, recogida por Europa Press, Quintana ha reafirmado la intención de la Xunta de llevar esta norma ante el Tribunal Constitucional porque su artículo 18 supone dar "carácter de retroactividad" al límite de 75 años estipulado como máximo para las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

A pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica recalcó en varias ocasiones que estos permisos no se verían afectados por esta ley, tanto la asesoría jurídica del Gobierno gallego como el Consello Consultivo (ha recordado la titular de Mar) "entienden que ese artículo, tal y como está redactado, es claramente inconstitucional".

"Si hoy en día al sector no sabe definitivamente cuanto período le queda para mantener sus instalaciones, es evidente que el sector se retrotrae, no hace inversiones, no avanza, no aplica nuevas tecnologías", ha augurado. Según Quintana, la ley estatal de costas, en su redacción del 2013, dice que las concesiones otorgadas antes de su entrada en vigor "tendrán una prórroga extraordinaria de 75 años", mientras que la nueva Ley de Cambio Climático dice que "desde la primera concesión, incluyendo las prórrogas, incluso la extraordinaria, no pasarán de 75 años".

Ante este panorama, la conselleira ha reiterado que si "definitivamente" la norma se queda "sin modificación" en su artículo 18 una vez salga aprobada Senado (el Congreso ya le dio su luz verde esta misma semana), la Xunta iniciará el proceso para ir ante el Constitucional.

Reglamento de control pesquero de la UE

En otro orden de asuntos, la responsable de Mar de la Xunta ha cuestionado medidas impulsadas por la Unión Europea en el nuevo reglamento de control pesquero, como la polémica instalación de cámaras y geolocalizadores en los barcos, algo que ve "absurdo".

"Lo que decimos desde Galicia es que no hay región en toda la UE que esté más preocupada por la buena gestión de la actividad pesquera", ha recalcado, al tiempo que afirma que estas medidas de control "no van a hacer que la gestión sea mejor". En palabras de Quintana, esto solo "complica la vida" al sector pesquero y le hace sentirse "abandonado por sus representantes políticos". En este contexto, ha defendido que su Consellería ya cuenta con un plan que permite "controlar todas las capturas nada más llegar a Puerto", además de que luego "pasan por la lonja" y "llevan una trazabilidad".

Así, ha dicho esperar que el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevicius, "cumpla su palabra" de mantener no solo los "criterios científicos" en esta medida, sino también los "sociales y económicos".

"Espero que eso podamos corregirlo a partir del 31 de julio", ha deseado Quintana, quien además ha avanzado que ya pidió una entrevista con el ministro do Mar de Portugal, Ricardo Serrão, quien ostenta la Presidencia del Consejo de Ministros de Pesca de la UE.

Ría de O Burgo

En lo que respecta a la regeneración de la ría de O Burgo (A Coruña), la conselleira do Mar ha apelado al Gobierno central para "tener en cuenta que los mariscadores van a ver interrumpida su actividad" mientras duren los trabajos, por lo que ha urgido a la articulación de ayudas".

De este modo, ha sugerido un fondo de un millón de euros en el que la Xunta aporte 100.000 euros, misma cuantía que los ayuntamientos afectados, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica deberá asumir "el otro 50%" del coste.

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