La Xunta solicitará al TSXG que ratifique el certificado Covid para entrar en la hostelería
La Xunta solicitará al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la ratificación del requisito del certificado Covid para entrar en los locales de hostelería en los niveles más altos de restricciones y para abrir el ocio nocturno en los municipios en nivel medio-bajo y medio. El Gobierno considera que es procedente solicitar "cuanto antes" la autorización para evitar dudas alrededor de la vigencia y eficacia de estos documentos.
La autorización, según indica el Gobierno gallego en una nota, podrá ser solicitada mañana por la mañana con el objetivo de obtener una respuesta del TSXG de forma inmediata. La Justicia inhabilitó la exigencia del certificado Covid porque, según argumentó, la Xunta le no envió la orden del 22 de julio que contenía esta medida al alto tribunal para su aprobación.
Los autos del TSXG llegan tras la denegación por parte del tribunal el pasado 6 de agosto de la medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental para que se suspendiese la exigencia de aportar el certificado covid-19 para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno. El alto tribunal, sin embargo, considera que esta medida no está vigente ya que no fue sometida a su autorización judicial pese a afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Xunta, en todo caso, defiende que las medidas referentes al certificado no afectan a estos derechos y se reafirma en que esta exigencia permitió la apertura del interior de los locales de hostelería y restauración en situaciones en las que antes estaban cerrados, así como del ocio nocturno. "Se entiende que la exigencia de certificados es, en todo caso, una medida alternativa menos gravosa al cierre de estas actividades", indica el Ejecutivo autonómico en una nota.
Artículo 38.1 de la Lei de Saúde Galega
Las medidas, defiende el Gobierno gallego, se basan en el artículo 38.1 de la Lei de Saúde Pública. El segundo apartado del artículo 38 fue, precisamente, el que el Gobierno central llevó al Tribunal Constitucional por "romper la igualdad de derechos", aunque finalmente llegó a un acuerdo con la Xunta para que ésta aclarase el carácter voluntario de la vacunación.
El artículo 38.1, Medidas preventivas en materia de saúde pública, permite a las autoridades sanitarias autonómicas adoptar medidas preventivas de obligado cumplimiento cuando exista o se sospeche "razonablemente" de la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de la población. Estas restricciones, según señala el Gobierno gallego, podrían consistir en "medidas de seguridad sanitaria e higiene en determinados momentos y/o para el desarrollo de actividades". "Además, también ofrece base legal a la medida el contenido de la letra k) de este artículo 38.1, al permitir el establecimiento por las autoridades sanitarias de una obligación de suministración de datos necesarios para el control y contención de riesgos para la salud pública", esgrime la Xunta.
La hostelería, "preocupada"
La hostelería gallega se mostraba esta tarde "preocupada" por la resolución del TSXG. La Federación de Hostelería de Pontevedra confesaba "cierta satisfacción" pero hacía referencia a la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir a partir de ahora, mientras que la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo defendía la medida: "El certificado daba confianza a los clientes, permitía seguir trabajando con seguridad y con las máximas garantías sanitarias".
Hosteleros de Santiago, por otro lado, denunció que la implantación del certificado Covid causó "pérdidas inmensas" al sector y reclamó un plan de indemnizaciones "real" para paliar "el esfuerzo suplementario" que supuso adaptarse a la normativa que finalmente el TSXG ha inhabilitado. Esta entidad, al igual que Lugo Monumental, había presentado un recurso contra la polémica restricción.
Precisamente esta última explicaba en un comunicado que este jueves no han vencido sus planteamientos, ya que el TSXG dictaminó la invalidez de la medida "por un tecnicismo", y pide prudencia a la hora de solicitar el certificado Covid porque "es indiscutible que el auto acredita que se ven afectados derechos fundamentales". La entidad defiende que la gran mayoría de los contagios no se producen en los locales sino en reuniones privadas y botellones y apuesta por la separación de las mesas, además de pedir que no se discrimine a los locales por su licencia o a los ciudadanos en función de si tienen o no la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.
