El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey
La Xunta denuncia que el Gobierno quiere expulsar a Galicia del Observatorio de Infancia y Adolescencia
El gobierno gallego pide la retirada de la propuesta y exige que las modificaciones se hagan de manera consensuada
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El director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Xunta, Jacobo Rey, manifestó este sábado el total rechazo al proyecto de Real Decreto del Gobierno central por el que se reduciría la representatividad de las comunidades autónomas en el Observatorio Estatal de la Infancia y la Adolescencia, pasando de las 17 actuales a tan solo seis. Esta disminución supondría, en la práctica, la expulsión de Galicia y de otros territorios que ejercen de manera exclusiva la competencia en el ámbito de la protección de menores.
Jacobo Rey señala que esta expulsión no se justifica en ningún caso por una mayor eficiencia en el funcionamiento del Observatorio, dado que se amplía la representación de la Administración central hasta alcanzar los 20 miembros. Además, apunta que la medida es contraria al propio borrador del Real Decreto, que establece entre los fines de este Observatorio favorecer el diálogo y la intercomunicación entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales.
Para el director general, el objetivo de este órgano no es coherente con una representación tan descompensada entre las distintas Administraciones como la que se llevaría a cabo a través de esta modificación, especialmente cuando la mayor parte de las competencias en esta materia pertenecen al ámbito autonómico.
Contradicciones de la norma
Además, Rey considera contradictorio que el borrador del Real Decreto no contemple la presencia como vocales de representantes del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente, con el objetivo de favorecer el derecho de la infancia y la adolescencia a ser escuchada, un principio recogido en la normativa nacional e internacional.
Ante esta decisión y sus posibles consecuencias, la Xunta solicita al Gobierno central que paralice la tramitación de este proyecto de Real Decreto y que cualquier reforma del reglamento del Observatorio se promueva desde este órgano y de manera consensuada con las comunidades autónomas y con el resto de sus miembros.
