El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha avalado la gestión del Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, en el conflicto con la empresa Jardincelas S.L., al desestimar íntegramente el recurso de apelación presentado por la mercantil y confirmar la sentencia previa que ya daba la razón al consistorio.
La resolución es firme y obliga además a la empresa a asumir las costas del proceso.
El fallo pone punto final a un procedimiento judicial que se prolongó durante más de dos años y que fue utilizado en el ámbito político para cuestionar la capacidad de gestión del gobierno local.
El TSXG concluye que la controversia tenía un carácter estrictamente mercantil y contractual, sin que exista responsabilidad administrativa por parte del Ayuntamiento, desmontando así las acusaciones vertidas tanto por la empresa como por sectores de la oposición.
La reclamación de Jardincelas superaba los dos millones de euros, a los que se sumaban el IVA y los intereses, una pretensión que el tribunal rechaza al no apreciar ninguna prueba de enriquecimiento injusto por parte de la administración.
La Sala subraya que el informe pericial presentado por la empresa se apoyaba en una premisa incorrecta, al dar por vigente un contrato que ya había caducado, y carecía de documentación que acreditase costes reales o perjuicios efectivos.
El TSXG deja claro que no existía contrato en vigor durante el periodo reclamado, por lo que no podían aplicarse revisiones de precios ni mecanismos de reequilibrio económico.
Frente a los argumentos empresariales, el tribunal respalda los informes técnicos municipales, que acreditan que los servicios prestados fueron inferiores a los inicialmente previstos y que los pagos realizados cubrieron su coste real.
Desde el gobierno local destacan que la sentencia desautoriza las críticas del PP de Culleredo, que llegó a atribuir al Ayuntamiento supuestos impagos a trabajadores y una mala gestión administrativa.
El consistorio recuerda que cualquier problema salarial derivó de las obligaciones propias de la empresa con su plantilla y que, en todo momento, el Ayuntamiento acató las resoluciones judiciales laborales y garantizó los derechos de los trabajadores, sin que ello implique asumir responsabilidades económicas que no le correspondían.