La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana una reunión urgente para abordar la crisis de financiación que amenaza un proyecto de 224 viviendas protegidas en alquiler en el barrio de Xuxán, en A Coruña. A través de una carta enviada de 'tú a tú' a la ministra Isabel Rodríguez García, la Xunta ha puesto sobre la mesa los problemas generados por los cambios en las condiciones del crédito concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que afectan directamente a los cooperativistas implicados.
"Esta situación está generando una lógica preocupación entre los cooperativistas que ven cómo desaparecen sus expectativas de estos años de poder acceder a una vivienda en alquiler a un precio asequible", denuncia la conselleira.
Las viviendas, promovidas por la cooperativa Galivivienda sobre cuatro parcelas de suelo público cedidas por la Xunta en 2023 en régimen de derecho de superficie por 50 años, iban destinadas a personas con recursos limitados. La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla la ampliación del parque público de vivienda mediante colaboración público-privada.
Sin embargo, en las últimas semanas, los cooperativistas han denunciado un cambio en las condiciones económicas inicialmente previstas. Según explican, habían firmado un contrato con un alquiler mensual de 500 euros, pero la cooperativa ha introducido una nueva exigencia de 475 euros adicionales al mes durante 10 años, lo que eleva el desembolso a cifras inasumibles para muchas de las familias implicadas.
La conselleira ha advertido que estas nuevas condiciones "desvirtúan totalmente el carácter social del proyecto" y hacen inviable el acceso a la vivienda para una parte significativa de los socios. En su carta, reclama al ministerio que actúe como mediador y convoque una reunión urgente con el ICO, la Xunta de Galicia y la cooperativa Galivivienda, con el objetivo de encontrar una solución antes de que el conflicto se agrave.
En paralelo, el Instituto Galego de Vivenda e Solo mantiene conversaciones con la cooperativa, mientras el propio Concello de A Coruña se ha reunido este martes con un grupo de cooperativistas afectados para conocer de primera mano la situación.
La preocupación se hizo especialmente visible en la asamblea general del pasado 24 de abril, donde la mayoría de los socios rechazó el nuevo modelo de financiación. Desde la Xunta, insisten en que esta situación compromete no solo el futuro del proyecto, sino también la imagen de la gestión de los fondos europeos y el compromiso institucional con el acceso a una vivienda digna.
"Entendemos que es necesario resolver todos los obstáculos que impidan que estas actuaciones puedan llevarse a cabo", concluye la misiva enviada al ministerio.