Tras ratificar que "efectivamente el civil ya había dejado de existir", el coronel al mando le dijo al capitán: "Ya sé que vamos a hacer, le vas a quebrar la cabeza, los brazos y las piernas al que ya está muerto y al otro igual, y en el vehículo los vas a aventar a una desfiladero, para que parezca un accidente automovilístico".

Esta causa penal es sólo una de las 466 sentencias condenatorias en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina de México emitidas entre el 2006 y el 2018 a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL | Porfolio. El ejército está considerado una de las instituciones más opacas de la República, ya que muchos de sus datos están protegidos por las leyes del país. De hecho, de la página web de transparencia han desaparecido sentencias de algunos de los Estados más militarizados de México, como el de Chihuahua o Chiapas, y en otros sólo han permanecido aquellas relacionados con la posesión ilegal de armas. 

[México despliega a 400 militares especiales en Ciudad Juárez para reforzar la seguridad]

En el momento de la publicación de este artículo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha respondido a las cuatro solicitudes de información requeridas por EL ESPAÑOL | Porfolio, que llevan realizándose desde el pasado mes de agosto con la intención de acceder a otras posibles sentencias emitidas entre los años 2018 y 2023.

Ante la solicitud de acceso al resto de condenas emitidas en el estado de Chihuahua y hoy eliminadas de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua ha respondido que "no se tiene bajo resguardo un documento impreso o alguna estadística electrónica en el que se encuentre concentrada la información requerida". Asimismo, la contestación termina con un "no estamos obligados a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información".

Fragmento de una de las sentencias a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL EE

A pesar de que el equipo de comunicación social de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) atendió en primera instancia la solicitud de EL ESPAÑOL | Porfolio y facilitó formas de contacto con el área designada, una vez que nuestra petición de respuesta institucional llegó a manos del equipo de prensa, esta nunca fue respondida.

"El ejército sólo tortura cuando es necesario"

Los hechos expuestos en este texto son para el ejército mexicano un tabú. También lo es para una sociedad en el que la violencia forma parte del día a día. No obstante, un miembro de las Fuerzas Armadas de México ha aceptado abordar la cuestión en una conversación con EL ESPAÑOL | Porfolio. La persona entrevistada ha solicitado expresamente que no se mencione su nombre, rango, edad exacta, descripción física o "cualquier cosa que pueda relacionar a su persona con sus declaraciones".

A pesar de ello, sí ha aceptado que este medio señale que se trata de un hombre de entre 40 y 50 años, y que, aunque con residencia en Ciudad de México, suele ser desplegado en otras regiones del país, especialmente en el noroeste. Ante la pregunta de si el ejército mexicano somete a tortura a civiles, el entrevistado ha asegurado que "sólo se somete a presión a delincuentes cuando es necesario".

P: ¿Cuándo se considera que es necesario?

R: Cuando un delincuente puede darnos información sobre otros delincuentes y no quiere hablar.

P: ¿Usted ha torturado a alguien alguna vez?

R: Yo nunca.

P: Pero ¿ha visto torturas por parte de sus compañeros?

R: He visto sometimientos.

P: ¿Cómo son?

R: Golpeos. Cuando el interrogado se niega a cooperar, se le golpea. En otras veces se le estrangula ligeramente con una bolsa plástica. Otras usamos agua para la asfixia, el agua se introduce en las vías respiratorias a medida que intentan respirar.

En este instante se le advierte al militar que está afirmando que miembros del ejército cometen actualmente crímenes de lesa humanidad y, ante este comentario, responde permaneciendo en silencio. Por último, se le pregunta al entrevistado si existen órdenes directas por parte del ejército de torturar a las personas que no cooperan en los interrogatorios. En ese momento, el entrevistado se disculpa e indica que no quiere añadir nada más.

Durante la breve conversación con este periódico, el entrevistado incide en que "sólo" se tortura a delincuentes, algo que contradice un informe de Human Rights Watch publicado en 2011. En ese documento, la ONG sostiene que "las víctimas son mantenidas a menudo en bases militares u otros centros de detención clandestinos, sin que estén legalmente retenidos". El documento, de 229 páginas, recoge también que "las tácticas, que en general incluyen golpes, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte, son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad". Descripciones de delitos que coinciden con varias de las sentencias condenatorias a las que ha tenido acceso este medio.

Continuación de una de las sentencias en la que se prueban delitos contra los derechos humanos por parte del ejército EE

14.000 militares en las calles

En México ha prevalecido, desde el final de la Revolución (1917), un consenso político por el que el poder militar está subordinado al poder civil. Aunque la transición democrática que se materializó a principios del nuevo siglo no alteró significativamente esta dinámica, sí ha habido un aumento gradual de la influencia del aparato militar, particularmente en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que el presidente Felipe Calderón inició en 2006 y que todavía se mantiene en el país.

A pesar de que, en teoría, la misión principal del ejército mexicano consiste en hacer frente a amenazas externas, en la práctica, su enfoque ha estado históricamente orientado hacia la seguridad interna. Esto ha dejado a las Fuerzas Armadas en una situación jurídica ambigua desde 2006, cuando asumieron responsabilidades propias de la Policía Federal. Esto abrió la puerta a dos posibles soluciones: devolver al ejército a sus cuarteles o legitimar su presencia en las calles. Si bien el actual presidente del Gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió optar por la primera, nunca llegó a llevarla a cabo.

Sólo en lo que va de año, el ejército ha desplegado a casi 14.000 militares en zonas con alto índice de criminalidad para realizar tareas de seguridad pública y tratar de hacer frente al crimen organizado en estados como Michoacán, Sinaloa y Guanajuato. No obstante, también se han apostado en sitios turísticos, como Cancún o Acapulco, donde desde abril las playas de arena blanca y agua azul turquesa coinciden con las ametralladoras y los uniformes de camuflaje. A Ciudad Juárez, uno de los puntos más calientes del país, recientemente se envió a unos 400 soldados, a pesar de las diversas denuncias por violaciones de los derechos humanos de varias asociaciones. 

Militares desembarcan en la pista del aeropuerto de Ciudad Juárez Reuters

En este sentido, desde la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos aseguran que el Gobierno actual "amenaza con seguir profundizando la militarización de la seguridad pública a pesar de los altos costos de esta estrategia en materia de derechos humanos y de su comprobado fracaso a la hora de abordar la violencia y el narcotráfico".

Por su parte, Jorge Lule, coordinador de Investigación y Análisis Criminal de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, sostiene que se han identificado que estos casos no suceden de manera aislada o casual: "Responden a una situación sistemática y generalizada; es decir, que se repiten con un mismo patrón y bajo una cadena de mando".

Jacques Coste, historiador, especialista en militarización, transición democrática y autor del libro Derechos humanos y política en México (Tirant lo Blanch, 2022), habla de la diferencia entre los cuerpos policiales y militares, y lo que eso supone para el país. "Los policías son cuerpos para prevenir delitos y perseguirlos, mientras que las Fuerzas Armadas están hechas para la guerra. Y en México llevan un tiempo realizando labores de seguridad pública, pero su formación es militar. La lógica bélica es la de eliminar al enemigo, no la de perseguir el delito. Por tanto, por mucho que hayan recibido ciertos entrenamientos para adecuarlos a esa labor policiaca, los militares son mucho más propensos al uso excesivo de la fuerza, a las detenciones arbitrarias y a las ejecuciones extrajudiciales".

Fotogramas del vídeo en el que Santibáñez es torturada por miembros del ejército. EE

Torturados hasta la muerte

El primer caso de tortura detallado al inicio de este artículo no es una excepción. En 2014, en una carretera de Sonora se encontró el cadáver de un hombre. La víctima, al parecer, había fallecido de un infarto después de haber sido torturado "sistemáticamente" por elementos del ejército mexicano. Según el expediente judicial, los militares vieron cómo de una camioneta circular cerca de un rancho salían varios hombres que portaban armas largas y huían en diferentes direcciones. Después de perseguir a los sospechosos, pudieron encontrar a uno de ellos y lo golpearon para obtener información sobre sus compañeros. 

El sospechoso, que no se encontraba legalmente detenido, comenzó a encontrarse mal por los golpes y pidió agua, sin conseguirla, en repetidas ocasiones. Los militares lo llevaron hasta el vehículo militar. "¿Quieres agua? Yo te voy a dar agua", le dijeron —según queda recogido en la sentencia— mientras le levantaban la camiseta para cubrirle la cara y le vaciaban una garrafa de 20 litros en la cara. "Abre la boca, cabrón", le increparon. El hombre murió poco después y su cadáver fue abandonado en un camino para hacer ver que era un migrante muerto durante su camino hacia Estados Unidos. 

Algunos de los torturados fallecieron y sus cuerpos fueron abandonados 

Previamente, en 2008, un juez federal condenó a 52 años de cárcel a un general por un caso idéntico al de Sonora. Al parecer, el oficial ordenó que se torturara a un joven para sacarle información sobre la muerte de un soldado en el estado norteño de Chihuahua. De acuerdo con la sentencia, la víctima fue trasladada a una instalación militar, donde le estuvieron torturando varias horas hasta que el retenido falleció "muy probablemente" por un paro cardíaco provocado por las descargas eléctricas.

La pistola que se disparó sola

En julio de 2011 un grupo de militares en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, detuvieron a un hombre por un presunto delito contra la salud, tras ser sorprendido con varias bolsitas de cocaína. Se trasladó al detenido a una base militar de manera provisional, donde quedó en vigilancia "sin ser esposado ni amagado, pero encerrado en un cuarto", según la declaración del oficial al mando. El marino encargado de su atención acudió al cuarto después de escuchar varios ruidos y la petición del detenido para beber agua. Para ello se presentó con una lámpara en la mano izquierda y su arma en la derecha, con el seguro puesto y un cartucho en la recámara. 

Al entrar en la habitación —siempre según la declaración del militar—, el detenido trató de forcejear con él, tirándole al suelo, donde su arma se disparó sola. "Yo quiero aclarar que en ningún momento accioné mi arma e ignoro cómo pudo haberse detonado ya que estaba a oscuras la habitación en donde nos encontrábamos y por la rapidez en que fue el forcejeo", declaró ante el juzgado. El detenido murió al instante.

Ante este caso, el Fiscal Federal hizo una serie de observaciones, como la de preguntar al funcionario militar si recordaba si el detenido se encontraba esposado. El militar declaró durante el juicio que no lo recordaba, excusándose en que "ya habían pasado dos años". El perito ratificó que el encausado provocó la muerte directamente ya que el arma de fuego utilizada sólo puede disparar si se retira el seguro. Por ello, se le declaró culpable de un delito de homicidio simple intencional y se le condenó a 12 años de prisión. El juez añadió además que el condenado actuó dolosamente y disparó contra la víctima, al margen del cumplimiento de un deber ni en ejercicio de un derecho. Lo que sucedió dentro de esa habitación nunca se sabrá, pero los expertos balísticos preguntados durante el juicio declararon, según la trayectoria del proyectil, que alguien apretó el gatillo. 

Fragmento de la declaración del militar condenado ante el juzgado EE

Un agente federal asesinado 

El estado de Tamaulipas, en la costa del Golfo, está considerado uno de los más peligrosos de México por la alta presencia del crimen organizado y su condición fronteriza con Estados Unidos. El 20 de agosto de 2012, sobre las seis de la mañana, un grupo de policías encontraron a una persona muerta dentro de una camioneta y avisaron al Ministerio Público. Se trataba de un hombre "de cerca de 38 años, fornido, tez aperlada, pelo negro corto, cejas pobladas, boca chida, barba y bigotes rasurados". Su muerte fue, según la autopsia, por una hemorragia cerebral después de recibir una lesión producida por un proyectil de arma de fuego en la cabeza. En su cartera encontraron una credencial de la Secretaria de Gobernación: el difunto era Agente Federal de Migración.

Los testigos —dentro del coche había más personas que sobrevivieron al ataque— y las posteriores evidencias señalaron como culpable a un comando militar en servicio. Según la sentencia del juez, lo que ocurrió fue un homicidio o una ejecución extrajudicial: "Los militares accionaron sus armas de fuego, privando de la vida al conductor de dicho vehículo sin que hubiese agresión directa por parte de los ocupantes". En otras palabras, asaltaron el coche porque creían que se trataba de delincuentes con armas a pesar de no tener ninguna evidencia de ello. 

Declaración de uno de los militares presentes en el comando, sobre lo sucedido cuando se acercó al vehículo atacado EE

Torturas dentro del ejército

A estas sentencias, donde se prueban casos de tortura por parte del ejército, hay que añadirle episodios de violencia entre los propios militares. Hace tan sólo unos días, los periodistas Julio Astorga y Montserrat Peralta mostraban en un reportaje los castigos que se imponen a los cadetes que estudian en centros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). Varios vídeos, publicados por Latinus, dan fe de algunas de las "pruebas" por las que deben pasar los soldados, sobre quienes se ejerce maltrato físico y psicológico.

En estos archivos, que los periodistas afirman que fueron grabados y entregados por los propios cadetes, se ven también algunas de las prácticas que se ejercen contra ellos: desde ser obligados a apoyar su peso corporal contra su cabeza o permanecer boca abajo durante horas hasta ser golpeados con tablas o tubos. La mayoría de las veces, la tortura termina cuando caen desmayados, según ha confirmado un cadete del Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México a este medio.

Disculpas sin consecuencias

Por primera vez en la historia del país, en 2016 el ejército pidió disculpas públicamente por torturar. El general de división y secretario de la Defensa Nacional de entonces, Salvador Cienfuegos, calificó la violencia ejercida por dos militares sobre una detenida como "repugnante, lamentable y deplorable". El detonante fue un vídeo que horrorizó al país en el que dos militares y un policía torturaban a Elvira Santibáñez Margarito, de 21 años, detenida presuntamente por su vinculación con el cártel de La Familia Michoacana. Durante los cuatro minutos de duración de la grabación, se puede ver cómo los soldados le tapan y golpean la cabeza, la insultan, apoyan el cañón de una metralleta en su cráneo y la asfixian con una bolsa de plástico mientras se descompone en gritos.

"Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen no sólo incumplen la ley, sino que no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas", afirmó en aquel momento Cienfuegos. Un mensaje que, sin embargo, parece no haberse traducido en un cambio. Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), menos del 1% de los casos por tortura y desaparición llegaron ante un juez entre 2015 y 2019.

Fotogramas del vídeo en el que Santibáñez es torturada por miembros del ejército. EE

Esta Comisión es una organización civil que acompaña de manera integral a víctimas de violaciones graves de derechos humanos. "Estamos en total desaprobación no sólo con el ejercicio de estas violaciones, sino con las actividades que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas", comenta Jorge Lule, de la CMPDH. "El modelo militar es un modelo de abatimiento, es un modelo de neutralización, de aniquilación al enemigo, no un modelo de prevención y de seguridad civil", sentencia.

"El primer paso para evitar estos hechos debe ser el de someter al ejército a un régimen democrático", considera Jacques Coste. "Es decir, el ejército revolucionario, el ejército del viejo régimen priísta, es el ejército de hoy. Nunca se les introdujo en el régimen de rendición de cuentas que trajo consigo la transición a la democracia. En ese sentido, creo que un primer paso para evitar que se cometan estas violaciones a los derechos humanos es una reforma que ponga mayores mecanismos de control de cuentas sobre el ejército", señala.

En 2022, cuando se produjo un macrohackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional de México y se divulgaron millones de correos electrónicos, también se revelaron otros delitos que los altos mandos matuvieron en secreto durante años, como agresiones sexuales cometidas por las Fuerzas Armadas, con más de 300 militares acusados de acoso.

Intento de contacto con la Sedena

EL ESPAÑOL | Porfolio ha tratado de ponerse en contacto con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a través de diversos canales de comunicación. La intención ha sido la de contrastar la información institucional y conocer si en la actualidad se llevan a cabo investigaciones internas para identificar a los responsables de torturar y tomar las medidas legales oportunas. 

La solicitud de contacto se realizó también con la finalidad de que la Sedena pudiera hacer uso, en caso de ser necesario, del derecho a rectificación que consolidan las leyes españolas y mexicanas; a pesar de que toda la información y documentación ha sido contrastada y su publicación en este medio de comunicación está amparada por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Nacional por la Libertad de Prensa. No obstante, no se ha recibido respuesta formal por parte del organismo.