El vídeo publicado recientemente que muestra el traslado de 2.000 pandilleros a una cárcel de máxima seguridad de su país le da algo de esperanza. El presidente salvadoreño Nayib Bukele difundió las impactantes imágenes en las que se ven a miles de miembros de las pandillas semidesnudos tratados con rigor, desplazados de un lugar a otro sin la más mínima cesión y bajo la más estricta vigilancia.

Es la imagen que El Salvador pretende transmitir al mundo: que la mano dura contra las pandillas ha surtido efecto, al menos en el corto plazo. Ahí están los datos: en 2015, los asesinatos ascendían a la insoportable cifra de 106 por cada 100.000 habitantes. En los primeros dos meses de 2023, el país que dirige Bukele puede presumir de un indicador cercano al de un país como España, con una cifra de menos de 2 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Varios muertos y numerosas vicisitudes después, Alexander atiende a EL ESPAÑOL | Porfolio en Madrid bajo la condición de estricto anonimato. Su relato es el de miles de víctimas de las maras que vivieron para contarlo, ahora que su país vuelve al foco de la agenda mundial por las llamativas medidas que aplica para atajar una violencia que no ha conocido límites, tal y como muestra la traumática experiencia de este salvadoreño.

Alexander trabajaba como transportista en El Salvador. Recorría toda Centroamérica, desde Estados Unidos a Panamá, llevando todo tipo de cargas. Cuando no estaba de viaje, residía en la ciudad de Soyapango, según él, “un punto caliente de las pandillas”. Una noche del año 2005 regresaba de México con una carga en su camión de pieles para exportación. Al día siguiente, el cargamento, valorado en un millón de dólares, ya no estaba. Tampoco el tráiler.

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“Al amanecer vinieron dos miembros de la Mara 18 —una de las principales que opera en el país— y me dijeron que habían tomado el camión. Me dijeron: ‘No denuncies o te matamos a ti y a toda tu familia’”, asegura Alexander. 

Aterrorizado, el transportista planteó su problema al dueño de la sociedad a la que pertenecían la carga y el camión. Su respuesta no fue halagüeña: “Me dijo que si no había denuncia el seguro no podía hacerse cargo de los costes de lo robado y que tendría que asumirlos yo”.

En 2015, los asesinatos ascendían a 106 por cada 100.000 habitantes. En los primeros dos meses de 2023 a menos de 2 por cada 100.000

Alexander procedió a poner la denuncia y mandó a su mujer y a sus dos hijos, de 10 y 3 años en aquel momento, a casa de unos parientes en San Salvador. Él se quedó encerrado en casa una semana, según confiesa. Al cabo de unos días, tomó la decisión de marcharse de El Salvador con su familia.

Una huida interminable

Su mujer, con familia arraigada en Estados Unidos, tenía visado para el país y se desplazó con sus hijos por la vía legal. Pero Alexander tuvo que hacerlo a pie en un largo periplo de 22 días atravesando Guatemala y México, uniéndose al dramático éxodo de miles de centroamericanos que buscan una oportunidad al otro lado de la frontera del Norte.

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Antes de abandonar su país, vendió su Toyota Corolla y dejó otro trailer de su propiedad a su hermano. Tras la larga marcha, al cruzar a Estados Unidos, el Departamento de Inmigración lo detuvo e inició un proceso de deportación. Alexander estiró todo el tiempo posible su estancia en EEUU, hasta que en 2010 no tuvo más remedio que mudarse a Canadá junto a su familia. “Siempre hemos viajado juntos”, dice.

Al llegar a Canadá, a Alexander le llegó la noticia de que las maras habían matado a balazos a su primo, al confundirlo por él llevando un camión parecido al que le había dejado a su hermano. En 2010, las pandillas asesinaron a otra prima suya y a su marido porque denunciaron después de que entrasen a robar en su taller.

Traslado de pandilleros a la nueva prisión de máxima seguridad, símbolo de la lucha del gobierno contra las maras. Reuters

Con estos graves precedentes, Alexander reunió recortes de periódicos y actas de defunción para justificar una petición de asilo en Canadá. “Comencé el proceso. Había conseguido permiso de trabajo y tenía un buen empleo con mi mujer en la universidad”, afirma.

Sin embargo, los años pasaron y las autoridades canadienses le negaron el asilo. Sin posibilidad de alargar su estancia, en 2014, él y su familia se vieron forzados a regresar a El Salvador. “Mi madre había fallecido y no la pude despedir, por lo que lo primero que hice fue ir al cementerio con mi hija mayor, a quien su abuela le tenía mucho cariño. En el cementerio nos encontramos con dos miembros de la pandilla que me robaron, me apuntaron con la pistola en la cabeza, me golpearon y trataron de violar a mi hija. Esto fue nada más poner un pie en El Salvador”.

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Aquel mismo día, Alexander dejó a sus hijos en casa de su otra hermana en San Salvador. Denunció la agresión a su hija y comenzó el proceso para pedir asilo en España como víctima de las maras a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

España niega el asilo

En 2017, ya instalado en Madrid, a Alexander le volvieron a negar el asilo. Esta vez fueron las autoridades españolas. La historia se repite de forma recurrente: diciembre de 2021, agosto de 2022, febrero de 2023… El titular siempre es el mismo: “Deniegan el asilo a una salvadoreña y sus tres hijos asentados en Pontevedra y amenazados por las maras”, reza uno de los más recientes, del 5 de febrero pasado, publicado en La Voz de Galicia. De una historia a otra, solo cambian los sujetos y las fechas.

Pandilleros recluidos en el patio de una cárcel. Reuters

En 2019, casi el 10% de las solicitudes de asilo en España correspondía a ciudadanos de El Salvador y Honduras que huían de la violencia de las pandillas.

“Durante muchos años, el gobierno de El Salvador ha dicho que en el país no hay un problema de violencia grave y que esta está controlada. No quieren dar una mala imagen internacional, no quieren que huyan los inversores… Los países receptores de refugiados se escudan en esto para negar las peticiones, y por los tratos bilaterales que tienen con El Salvador. De esta forma, desaniman a que se produzca un éxodo masivo de cientos de miles de personas que se han visto en situaciones parecidas a la mía”, lamenta Alexander.

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A pesar de la denegación de asilo, Alexander trabajó desde su llegada a España en varios negocios del sector automotriz. Uno de sus jefes le renovó el contrato y le tramitó los papeles. En la actualidad, Alexander trabaja por las mañanas, de 7 a 14, y por las tardes en otro trabajo hasta las 19:00. Su hija se graduó y es profesora en un colegio, mientras que su hijo estudia secundaria. Su mujer no trabaja, al enfermar de esclerosis en Canadá.

“He tenido que comenzar de cero tres veces. Me he ido tres veces con lo puesto, apenas con unas maletas y unos ahorros. En Canadá, junto a mi mujer, ingresábamos 100.000 dólares anuales entre los dos. Ahora lucho por llegar a fin de mes. Mi nivel de vida es mucho más bajo del que podría tener si nada de esto hubiera pasado, pero doy gracias a Dios de que mis hijos y mi mujer están vivos y tengo dos trabajos para salir adelante”, asegura en conversación con este periódico, algo emocionado.

Las maras mataron a balazos a un primo de Alexander al confundirlo con él. Al año siguiente, asesinaron a su prima y a su marido

La charla se desarrolla sin la presencia de su mujer y de sus hijos. Es un tema tabú, un dolor del que prefieren no hablar. “Si yo hablo es por que no quiero que la gente pase por lo mismo que yo, y para que las autoridades reaccionen ante peticiones de amenazados por las maras, porque es algo real”, afirma.

Violencia sin límites

Más allá de vivir el terror de las maras en sus propias carnes y en su entorno cercano, Alexander fue testigo de una situación en la que el crimen organizado ha sometido a la población civil a las más crueles vejaciones. Antes de ser amenazado de muerte, presenció cómo mataron a uno de sus vecinos, Chayanne, el repartidor de hotdogs.

“Una mañana estaba limpiando mi auto y salió Chayanne con su carrito de reparto a comenzar su jornada. Se le acercó un pandillero a quien llamaban ‘El Diablo’. No tenía más de 13 ó 14 años. Le pidió un dólar y el repartidor le dijo que no tenía nada encima porque todavía no había vendido nada. El pandillero sacó un cuchillo jamonero y le atravesó el estómago tres veces sin mediar palabra. A mi me dijo: ‘No has visto nada’. Me fui corriendo a casa a vomitar y le dije a mi mujer: ‘¡Han matado a Chayanne!’, explica Alexander.

En otra ocasión, en el exterior de una tienda, dos pandilleros tomaban cerveza con un tercero en una mesa. Alexander había acudido a comprar comida. “Al que estaba con ellos, que les había invitado a cerveza, le pidieron un dólar para otra bebida. Siempre hacen lo mismo: piden dólares sueltos. El hombre les dijo que ya se marchaba, y uno de los pandilleros le disparó en el pie. El otro coge la pistola y le dice a su compañero: ‘Te voy a enseñar cómo se mata’. Y disparó al hombre tres veces a bocajarro. Lo asesinó delante mío”.

Traslado de pandilleros a la nueva prisión. Reuters

Estas vivencias han hecho que Alexander aplauda la política de mano dura del gobierno actual. “Las pandillas no juegan y les hacía falta algo que fuera parejo”, dice. “Cuando yo me fui había crímenes a cada rato, pero ahora las cosas se han calmado”. Pero también muestra su escepticismo. “Al final no sé si pensar si solo es una cortina de humo”, asegura.

“El problema va a ser cuando Bukele deje la presidencia. No podrá mantener este pulso toda la vida”, lamenta. El salvadoreño también teme que la persecución del gobierno expulse a muchos pandilleros que busquen asidero en otros países como en España. Alexander dice que, en la zona de Madrid donde vive, se ha encontrado con dos, como si la pesadilla de la que huyó hace ya más de 15 años regresara para no dejarle en paz.

“Las leyes aquí son muy blandas y ustedes tienen que saber que esto es un cáncer que lo carcome todo. Una vez se instalan, no lo van a poder parar. No saben lo que se les viene encima con las bandas. Deberían tratarlos como a los yihadistas, expulsarlos a la que cometan un delito o tenerlos toda la vida entre rejas”, advierte.

En la línea de lo que dice Alexander, el pasado 10 de febrero, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona desarticularon en la ciudad condal a un grupo vinculado a la mara Pandilla Barrio 18, una organización criminal salvadoreña que pretendía establecerse en la urbe. En la operación fueron detenidas 15 personas y se practicaron seis registros, en los que intervinieron numerosa simbología de la banda, diversas armas blancas, dinero en efectivo y material informático.

A Alexander le han negado asilo tres veces. La comunidad internacional todavía no reconoce la violencia brutal de las maras

El problema de Dios

Antonio Rodríguez Tercero, conocido como ‘padre Toño’, es un sacerdote español que desarrolló una intensa labor social en El Salvador a lo largo de 15 años, desde el 2000. Le destinaron a una parroquia de un barrio de extrema pobreza en la que se encontró de bruces con el problema de la violencia. 

“Si Dios tiene un problema es este, no dentro de las iglesias”, se dijo a sí mismo. Y se puso a trabajar con los pandilleros, a quienes él considera víctimas de un sistema de pobreza y abandono estructural que luego los atrapa en un círculo de violencia que ellos mismos perpetran.

“Mis ojos han visto más de 200 asesinatos. He recogido cuerpos separados de la cabeza y se los he entregado a sus madres”, dice el sacerdote, quien es afín a las ideas de la Teología de la Liberación. En la actualidad, el padre Toño vive en Valencia, ante la imposibilidad de personajes como él de regresar a El Salvador.

El gobierno de Bukele ha declarado la guerra a organizaciones y actores sociales que han trabajado con las pandillas por considerarlos colaboradores de las maras. De hecho, el propio padre Toño estuvo preso en 2014 por presuntamente introducir teléfonos en un penal lleno de pandilleros. El sacerdote se declaró culpable para obtener la pena más baja, pero asegura que posteriormente ganó el juicio y una demanda contra el fiscal general de El Salvador.

Registros de las Fuerzas Armadas en El Salvador durante el régimen de excepción. Reuters

“En El Salvador actual les encanta el lenguaje punitivo y de venganza. Da muchos votos. Pero solo es una operación de marketing político. Existe un pacto de Bukele con los jefes de las pandillas que reprime a su base más popular, mientras las autoridades viven en connivencia con los cabecillas”, denuncia el cura.

Para él, que se reduzcan los homicidios es solo un parche mientras Bukele avanza en una senda autoritaria que, en el futuro, traerá más violencia. Para el sacerdote, la solución pasa por un trabajo en sus causas estructurales, y que implique a todas las capas de la sociedad, enfocándose en la reinserción. “La reinserción se ha expulsado completamente del lenguaje de las autoridades en El Salvador”, lamenta.

Los mejores resultados

Quien tiene una visión diferente a la del ‘padre Toño’ es el veterano periodista Roberto Valencia, con dos décadas de trabajo en El Salvador como reportero de investigación. Para él, los datos son implacables, y las sospechas de connivencia del presidente con las pandillas son infundadas.

“Los datos son los que son. No voy a negar que haya componente de ‘show’ en los vídeos y en las declaraciones, pero la política de mano dura contra las pandillas es real y ha tenido resultado. Es cierto que Bukele negoció con las maras desde que era alcalde, pero ahora mismo y desde la declaración del régimen de excepción en marzo de 2022, la guerra es total, y tenemos las cifras de asesinatos más bajas por 100.000 habitantes que se conocen, de largo”, asegura. “Es un hecho sin precedentes”.

Los custodios y la policía son las nuevas caras de la mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele. Reuters

Valencia se refiere al Régimen de Excepción que declaró a petición del Gobierno la Asamblea Nacional de El Salvador, después de una oleada de asesinatos en pocos días. Desde entonces, la respuesta a las pandillas solo ha sido una: la de la implacabilidad.

Pese a los buenos resultados, el pronóstico no es el mejor, ni las conclusiones a esta política son determinantes: "En lo de las pandillas no hay blanco o negro, es un tema muy complejo". El periodista desconfía de que esta sea una política sostenible en el tiempo: “El Salvador tiene una población de cerca de 90.000 presidiarios y esto puede generar problemas de seguridad carcelaria, motines, etc. Además de que hay que mantener todo este sistema, cada vez hacen falta más custodios… Y luego, que las pandillas se han repuesto de otros golpes.”

Para Alexander, la víctima, todo lo que le recuerda a El Salvador ha pasado a ser un recuerdo borroso. No tiene ni esperanzas ni el deseo de regresar a su país. De hecho, dice que su país es España. Ahora solo le preocupa sacar adelante a su familia, sin tener que encontrarse con pandilleros por las calles, mientras reconoce que hablar de las pandillas bajo el régimen de Bukele se ha convertido casi en un tabú. "Parece que el gobierno lo está haciendo bien, pero veremos en qué acaba".