¿Seguridad o democracia? La trampa de Bukele en la guerra contra las maras

La formación de las Maras Salvatrucha (MS13) y las dos facciones de la Barrio 18 tienen sus orígenes en el encadenamiento de procesos violentos. Los salvadoreños huyeron de la guerra en su país en los ochenta hacia Estados Unidos. Allí, en condiciones de marginalidad, terminaron por enfrentarse a las pandillas juveniles ya afincadas en el país. Les recluyeron en cárceles en las que, en lugar de reformar su conducta, establecieron vínculos con el crimen organizado más poderoso.

Nayib Bukele, durante una rueda de prensa de 2020 en El Salvador. José Cabezas Reuters

El problema se intentó cerrar deportando a los pandilleros extranjeros de regreso a unos países incapaces de controlar su territorio, y en las que las maras se adaptaron rápidamente ante la incapacidad del Estado de proveer soluciones a los jóvenes. Se estima que, sólo entre 2000 y 2004, fueron deportadas a Centroamérica unas 20.000 personas.

La pandilla juvenil y en su caso concreto, la mara, es un tipo particular de crimen organizado. Su acción principal es entablar una lucha a muerte con otras pandillas. Para ello establece el control del territorio, y comete actividades extorsivas y delitos que le permiten financiarse.

Sin embargo, la construcción de una cohesión de grupo es mucho más potente que en cualquier otro grupo criminal.

Los mareros se tatúan incluso la cara para mostrar lealtad, aunque esto suponga ser identificados con el crimen. También es un fenómeno esencialmente juvenil. Algunos estudios sitúan la edad de entrada entre los 9 y los 12 años y una tendencia a retirarse o alejarse cuando se alcanza la edad adulta. Cuando la sociedad no se ocupa de los niños, la mara esta dispuesta a hacerlo.

En el caso de El Salvador, aunque las maras operan para otras mafias, nunca han controlado por sí mismas el narcotráfico internacional, lo que las diferencia de sus filiales en Honduras y Guatemala. En este país las maras se dedicaron a explotar sus rivalidades entre grupos y a desangrar a la población civil.

Las políticas de contención de los sucesivos gobiernos salvadoreños han sido erráticas. Intentos de lucha directa, e intentos de negociación sin resultados concretos. Mientras tanto su sistema carcelario se convirtió en la sede oficial de la cúpula marera, donde actuaba a voluntad.

En esta situación se erigió la presencia de un político revolucionario en el país. Nayib Bukele rompió con los ineficaces partidos tradicionales, conectó con los jóvenes y consiguió llegar al poder. Su cometido era bajar las tasas de homicidios a como diera lugar. Y lo consiguió. Ganando gran popularidad y redito electoral, en 2021 obtuvo la mayoría sobre la Asamblea Legislativa. Con su Plan de Seguridad ha conseguido no sólo bajar la tasa de asesinatos, sino que ahora mismo se reporta la “desaparición de las maras de las calles”.

Un triunfo con un lado amargo. Bukele se aseguró el control de los tres poderes a toda costa. En 2019, cuando aún no controlaba la Asamblea Legislativa, intentó tomarla con el Ejército porque no se aprobaban sus medidas. Una vez consiguió ganar la Asamblea, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema.

"El Gobierno salvadoreño negoció en secreto una tregua con los líderes de las pandillas"

Después aplicó una doctrina de mano dura y limitación del Estado de derecho que, lejos de esconder, se ha convertido en su principal fuente de contenido para las redes sociales. El presidente millennial no tiene reparo alguno en construir el relato de su eficacia mostrando cómo sobrepasa todo límite ético en el control de las cárceles. No es que otros no lo hayan hecho. Todos recordamos las terribles imágenes del penal de Abu Ghraib. Pero nadie se jactaba de ello públicamente.

Bukele se empleó en demostrar que doblegaría a las maras controlando a sus compañeros en la prisión. Se mezclaron integrantes de distintos grupos en las mismas celdas, les racionaron los alimentos, prohibieron las visitas, e incluso les privó de colchones para dormir.

Más adelante declaró un régimen de excepción en el país que supone la suspensión de la libertad de asociación, el derecho de defensa y la inviolabilidad de la correspondencia. Asimismo, extendió el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, se cuadruplicaron las penas por pertenencia a las maras y se disminuyó de la edad de imputabilidad penal por pertenencia a bandas hasta los 12 años. Mientras tanto construyó una mega cárcel de alta seguridad.

Empeñado en mostrar su estilo de “mano dura” implacable, negaba cualquier tipo de negociación y atribuía su éxito exclusivamente a las medidas represivas. Pero tanto la prensa salvadoreña como el Departamento de Estado de Estados Unidos han demostrado que no es así. El Gobierno salvadoreño negoció en secreto una tregua con los líderes de las pandillas y compró el apoyo de estos grupos criminales con beneficios financieros y privilegios para sus líderes encarcelados. La Fiscalía estadounidense acusa a altos cargos del Ejecutivo por esta negociación.

Bukele insiste en que se le valore por sus resultados, pero ese juicio resulta limitado y sobre todo abre grandes incertidumbres. En primer lugar, hasta que punto se han desmontado las maras. Informan que se ha capturado más de 60.000 personas, no hay datos sobre estas capturas, ¿quiénes son?, ¿qué se les atribuye?, miles de familias proclaman la inocencia de sus familiares detenidos sin ninguna garantía procesal. Las maras han dejado de obrar en la calle, pero no se sabe si su estructura ha sido desmontada o solo esta durmiente desplazada a algún país vecino.

En segundo lugar, toda la política ha generado graves costes sociales, niños de zonas vulnerables encarcelados, la construcción del “mega penal” amenaza con dejar sin agua a las comunidades vecinas, y ya las ha privado de conexión a internet, incluso a las escuelas.

Algunos apuntan a que la posibilidad de una negociación ha servido de desmovilizador de las bases de la mara, que han perdido la confianza en sus lideres. Sin embargo, el problema social de base permanece activo y en la estrategia de Bukele no hay medidas sociales para atender la histórica falta de políticas de inclusión social. Y no se está cerrando el proceso de transmisión intergeneracional de la violencia, tan grave en el país.

"Mientras unos jalean la mano dura de Bukele, otros han pasado del miedo a la mara al terror al Estado"

Bukele ha abierto una falsa dicotomía (“seguridad o democracia y Estado de derecho”), como si fueran incompatibles. Un discurso muy peligroso en una América Latina que clama por seguridad ciudadana, pero en la que el Estado, en muchas ocasiones, es un victimario más.

Hay un enorme riesgo de que los métodos de Bukele vayan más allá del control de las maras. Ya durante la pandemia sus excesos fueron escandalosos. Detención masiva de personas que salían a buscar comida. El abuso del Ejército para controlar la población. ¿Dónde se establece el límite de su idea de seguridad? ¿Se queda en el control de las maras o se extiende al mantenimiento de su poder?

Lo que está ocurriendo en El Salvador es muy grave para la democracia. No hay ninguna garantía de que, a largo plazo, sea sostenible. Siquiera que en el mediano plazo no termine por transformarse del todo en un autoritarismo como otros en la región. Mientras unos jalean la mano dura de Bukele, otros, inocentes, han pasado del miedo a la mara al terror al Estado.

*** Érika Rodríguez Pinzón es profesora de la Universidad Complutense, investigadora del ICEI y Special Advisor del Alto Representante de la Unión Europea.