Tras una semana en la que se ha especulado tanto en España como en ámbitos diplomáticos internacionales sobre el verdadero grado de compromiso del Gobierno español con Israel tras la matanza ejecutada por la banda terrorista Hamás el pasado 7 de octubre, especialmente a raíz de las declaraciones de los líderes de Sumar y de Podemos en contra de Tel Aviv, Pedro Sánchez afirmó ayer lunes que la "única solución" al conflicto pasa por el reconocimiento de los dos Estados.
Que una solución definitiva a la crisis pasa por algún tipo de reconocimiento mutuo de dos Estados, uno israelí y otro palestino, es una obviedad desde el 19 de noviembre de 1947. En esa fecha, la ONU aprobó la resolución 181, que proponía dividir el área que hoy ocupa Israel en dos Estados. El plan, que concedía a los palestinos una porción de territorio incomparablemente mayor que la que ocupan hoy, fue aceptado por las autoridades judías y rechazado por la Liga Árabe, que llamó al exterminio de los judíos. Sólo un año después de esa fecha, una coalición de países árabes atacó a Israel.
Si ese plan de la ONU fue una oportunidad histórica perdida por los palestinos o una utopía bienintencionada, pero irrealizable en la práctica (el territorio israelí habría resultado en la práctica indefendible frente a los ataques de Egipto, Siria o Irán), queda para los historiadores. Pero parece obvio que ni la posibilidad de un territorio controlado al 100% por Israel ni la de uno controlado al 100% por los palestinos parece viable hoy. Y es probable que no lo sea jamás.
Cuestión aparte es el momento escogido por Pedro Sánchez para defender la solución de los dos Estados. Es decir, después de que Sumar le exigiera al PSOE el reconocimiento de ese hipotético Estado palestino y sólo unos días después de que Israel haya sufrido la mayor matanza desde los tiempos del Holocausto. Porque la propuesta de Sánchez, que habría sido debatible en cualquier otro momento, supone en este momento transmitir la idea de que se está en cierta manera premiando a Hamás tras la barbarie desatada en el sur de Israel el pasado sábado.
Sólo unas horas después de esas declaraciones, la embajada de Israel publicó un comunicado en el que acusaba a una parte del Gobierno español, en referencia a Sumar y Podemos, de antisemitismo, de "alinearse" con el terrorismo "tipo ISIS" y de poner en peligro a los judíos españoles.
Las acusaciones no surgen de la nada. Con los cadáveres todavía calientes de las más de 1.300 víctimas de la matanza y con 150 rehenes aún en manos de los terroristas, miembros de Sumar y de Podemos, y en concreto Yolanda Díaz e Ione Belarra, la nueva heroína de la cadena de televisión de estricta obediencia catarí Al Jazeera, han hecho declaraciones que sitúan de forma inequívoca a sus partidos en contra de Israel.
El Gobierno respondió a las pocas horas negando las acusaciones de la embajada y calificándolas de "falsedades". Pero su excusa es endeble. En primer lugar, porque Díaz y Belarra no son simples militantes de Sumar, sino ministras del Gobierno de Sánchez. Díaz, además, es vicepresidenta del Gobierno.
En segundo lugar, porque no existe una "posición del Gobierno en su conjunto", como afirma el comunicado de la Moncloa, si la mitad del Ejecutivo discrepa de ella y, además, lo manifiesta públicamente.
En tercer lugar, porque el presidente no ha desautorizado ni a Díaz ni a Belarra, de lo que se deduce que asume, o al menos ampara, sus planteamientos.
EL ESPAÑOL cree necesario recordar que cargar con la mochila que suponen Sumar y Podemos, especialmente en un contexto geopolítico como el actual, es una decisión que perjudica el prestigio de España y que dinamita el peso internacional de nuestro país. También cree relevante señalar la obviedad de que la solución de los dos Estados es radicalmente inaceptable si los palestinos no extirpan el cáncer terrorista de su seno y reconocen el derecho de los judíos a permanecer en Israel, su hogar. Por supuesto, esa solución pasa también por la aceptación israelí de un Estado palestino.
España es hoy el único país occidental con miembros en su Gobierno alineados de forma inequívoca con lo que ellos llaman "la resistencia" palestina y que no es más que terrorismo. El precio que deberá pagar la democracia española por ello es inaceptable. España no puede convertirse en la excepción antisemita de un bloque occidental que ha reaccionado a los crímenes de Hamás con una admirable unidad.
Sánchez debe ser consciente de que lo que se discute ahora no es una hipotética solución diplomática definitiva al conflicto, sino el rescate de 150 rehenes y la eliminación definitiva de la amenaza terrorista, paso previo a cualquier otro tipo de debate.
