Pedro Sánchez no tiene escapatoria posible. Si el CNI espió a Pere Aragonès porque "el fin último a preservar" era la "pacificación" de Cataluña, como han confesado fuentes de la Moncloa a EL ESPAÑOL, al presidente no le queda más opción que explicar los motivos por los que un juez del Tribunal Supremo autorizó dicho espionaje. 

La exclusiva de EL ESPAÑOL desmiente la afirmación de que el Gobierno "no sabe ni quiere saber" los motivos por los que el CNI, cuya principal función es la protección de la seguridad nacional, espió a Aragonès. También siembra dudas sobre un presidente autonómico al que, con total seguridad a la vista de la existencia de la mencionada autorización judicial, no se espió en vano ni por capricho.

No hace falta, en fin, una gran labor de exégesis para entender que si "el fin último" de ese espionaje era "preservar" la paz social en Cataluña es porque Pere Aragonès era y/o es un peligro para esa pacificación. Y ese hombre está hoy al frente de una administración que gobierna las vidas de siete millones y medio de españoles. 

La táctica del calamar

El Gobierno, en fin, puede alegar que ni sabe ni quiere saber. Pero esa afirmación es difícilmente creíble cuando el CNI está obligado a informar al Gobierno de sus operaciones y del resultado de estas. Resulta por tanto inverosímil que, en este caso concreto, el CNI se haya abstenido de hacer aquello a lo que está obligado legalmente.

La afirmación en sí es de una irresponsabilidad rayana en la frivolidad. Porque, ¿acaso no es trabajo del Gobierno preocuparse de conocer cuáles son los riesgos para la seguridad nacional contra los que lucha el CNI? ¿O frente a esos riesgos, si estos se encarnan en sus socios parlamentarios, el Gobierno cierra los ojos y finge no ver y no oír? 

Jamás se debería haber llegado a este punto. Mucho menos después de que los líderes de los dos partidos que hoy gobiernan la Generalitat, y entre ellos el del presidente Pere Aragonès, se alzaran contra la democracia en 2017. Pero llegados a él, el Gobierno debe renunciar a la táctica del calamar y poner las cartas sobre la mesa. 

Porque el daño que se le está haciendo a las instituciones del Estado, al CNI, al Ministerio de Defensa, al Poder Judicial y al propio Gobierno de la Nación amenaza con socavar las bases mismas de la convivencia entre españoles. Y ninguna pequeña conveniencia partidista, como la de perpetuarse en el poder y esquivar todo lo posible la convocatoria de elecciones anticipadas, puede justificar dicho estropicio. 

Secretos no tan secretos

La urgencia de explicaciones es todavía mayor a la vista de que la inclusión de ERC en la Comisión de Secretos Oficiales se ha saldado con un estrepitoso fracaso. Porque lo primero que ha hecho Gabriel Rufián a su salida de la Comisión ha sido revelar frente a docenas de micrófonos de la prensa parte de su contenido. ¿Es en las manos de estos locuaces portavoces donde el Gobierno ha depositado los secretos de la Nación? 

La pregunta sigue siendo la misma que nos hacíamos en anteriores editoriales. Si Pere Aragonès y otros independentistas son un peligro para la seguridad nacional e incluso para la pacificación de Cataluña, si sus vínculos con el Kremlin son conocidos, ¿por qué ha llegado Pedro Sánchez a un acuerdo de gobernabilidad con ellos? ¿Y por qué su alianza con los separatistas prevalece sobre cualquier otra consideración? 

Y si no lo eran, si no eran un peligro, ¿por qué se les espió? ¿Por qué se espió a un presidente autonómico? ¿Qué buscaba el CNI en el móvil de Pere Aragonès? 

La "pacificación" de Cataluña, algo que ha resultado coincidir con precisión cuántica con los intereses partidistas del PSOE, no justifica esa demolición de las instituciones de la que los españoles están siendo testigos en tiempo real. Si las explicaciones sobre el porqué del espionaje a Aragonès se demoran más, el Gobierno conseguirá no sólo reactivar un procés que hoy es poco más que un placebo para los más infantilmente crédulos de los procesistas, sino "despacificar" el resto de España.