Caben en un saco los datos, detalles y lagunas que evidencian que el caso Pegasus es un montaje del independentismo catalán para dañar la imagen del Estado y justificar un nuevo viraje político de sus líderes. No puede pasarse por alto, en este sentido, la información que publica hoy EL ESPAÑOL. Pere Aragonès canceló la tercera cita de la mesa de diálogo días antes de que el caso Pegasus saltara a las portadas de los medios, espoleado por un reportaje extenso, capcioso y lleno de dobleces publicado en la antiguamente respetada revista The New Yorker.

La información que recoge hoy este periódico relata cómo el tercer encuentro oficial entre el presidente del Gobierno y el presidente regional saltó por los aires. Estaba previsto para el 24 de marzo y perfectamente convenido en las formas y en el fondo, incluso para los tiempos de uso del catalán y el castellano. Sin embargo, la Generalidad bloqueó la cita sin ofrecer explicaciones.

Con los datos disponibles, parece altamente probable que Aragonès hizo aquel movimiento que echó tierra de por medio con Pedro Sánchez porque, como mínimo, conocía lo que estaba en camino. Es decir, porque estaba al tanto de la puesta en marcha inminente de una campaña tosca, feroz y oscura, atiborrada de victimismo e hipocresía, pensada para atacar las instituciones del Estado y el buen nombre de la democracia española en el mundo.

Resulta lógico que el PSOE tema ahora por el éxito de las leyes de Memoria democrática y de Vivienda, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana e, incluso, los presupuestos del próximo año. Porque ninguna de ellas saldrá adelante sin el favor de sus socios independentistas en las votaciones del Congreso.

Lista de sospechas

Desde el primer momento, EL ESPAÑOL comprendió que los servicios de inteligencia nacionales investigaran a líderes del procés obstinados en el sabotaje y la desintegración del país. Sobre todo de aquellos que, además, representan una amenaza para la seguridad nacional, como dan cuenta los contactos del soberanismo con la Rusia de Vladímir Putin, en guerra declarada contra Occidente. Pero cualquier investigación de este calado ha de estar sujeta a la más estricta legalidad.

Como sea, dos semanas después de las críticas y los aspavientos nacionalistas, no hay una sola prueba que apunte sobre ilegalidades cometidas. Ni siquiera hay evidencias, en fin, de la existencia de móviles infectados con Pegasus. Mucho menos de la responsabilidad del CNI.

De lo que no hay pruebas y cada vez menos dudas es de que esta supuesta trama de espionaje que implica a más de medio centenar de políticos y abogados catalanes, todos ellos independentistas y muchos políticamente irrelevantes, es un producto de la ingeniería secesionista. Uno concienzudamente cocinado desde hace tiempo.

Ya obligaban a la cuarentena algunos hechos implicados en la campaña. El papel del independentista Elías Campo como puente entre los agraviados y el laboratorio que dice haber detectado la presencia de Pegasus en sus móviles. La improbabilidad de que un juez autorizara una investigación masiva, cuando lo habitual es que se ordenen a grupos muy reducidos, de tres o cuatro sospechosos. El registro del dominio catalangate.com cuatro meses antes de la publicación del reportaje.

La lista de detalles que avalan la teoría del montaje es larga. Con la nueva revelación que aporta este periódico, lo es un poco más.