Si bien eran previsibles las cesiones del Ejecutivo de Sánchez a quienes le auparon a la Moncloa, sorprende el modo exprés con el que el Ministerio del Interior -a través de Instituciones Penitenciarias- ha autorizado el traslado a cárceles catalanas de Junqueras, Romeva, Bassa, Forcadell y los Jordis, a los que en breve se unirán Forn, Rull y Turull en espera de resolver el papeleo pertinente.

No hay que olvidar que la Generalitat, en manos de Torra, goza de las competencias en materia penitenciaria (Serveis Penitenciaris), por lo que los presos del procés gozarán de un trato privilegiado. Por lo pronto, ya se ha previsto su acomodo en cárceles denominadas "cinco estrellas", que cuentan con los mejores servicios.

Provocación permanente

El disparate de trasladar los presos a Cataluña tendrá consecuencias. Los dirigentes que han podido ser procesados por no haber huido van a ser tutelados por los que sí huyeron, pues conviene tener presente que es Puigdemont quien sigue manejando los hilos de la Generalitat -acaba de pedir chófer y escolta- y que sigue empeñado en mantener la provocación permanente.

Conocidas las posiciones victimistas del separatismo acerca de los encarcelados, a los que considera "presos políticos" e incluso "secuestrados" -en expresión de Rufián-, no es aventurado imaginar la instrumentalización que va a hacer de ellos en favor de la causa nacional. Habrá que ir preparándose, por ejemplo, para un 11 de Septiembre (la Diada) convertido en una gigante peregrinación a las cárceles.

En vísperas de reunirse

Aunque Sánchez dijo este lunes en Lisboa que no hay motivaciones "políticas" en el traslado de los presos, no es casual que este acercamiento -al que no está obligado el Gobierno- se produzca justo antes de la reunión en Moncloa con Torra. Este gesto coincide, así mismo, con la exigencia de ERC de guiños del Gobierno para desbloquear la elección de la presidencia de RTVE, que se dirime este miércoles.

Después de haber elegido para su Gobierno a un equipo capaz de ilusionar a la opinión pública, el presidente empieza a arruinar esa imagen con una decisión que demuestra que es deudor de quienes le llevaron al poder. El acercamiento de presos es un precio demasiado alto que en ningún caso se debería haber pagado sin un compromiso previo de las autoridades catalanas de acatar la Constitución y respetar las reglas de juego.