El esperado programa económico y financiero de Pedro Sánchez supone una nueva enmienda a la gestión de Zapatero. El secretario general socialista quiere revocar una normativa de 2005 que circunscribe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la supervisión de las controvertidas Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Para evitar la fuga de capitales, Zapatero retiró a Hacienda el control de este instrumento financiero, habitualmente utilizado por las grandes fortunas para pagar sólo el 1% del capital depositado y no tributar sus plusvalías anuales conforme al IRPF. Ahora Sánchez hace un nuevo guiño a su izquierda y quiere que el Fisco ponga el foco en las SICAV. La propuesta puede parece atractiva, pero es inconcreta: no aclara cada cuánto tiempo va a obligar a tributar por las plusvalías. En este asunto, el programa electoral del PSOE profundiza la fisura abierta entre el expresidente y el actual líder del partido. La relación entre ambos no ha dejado de empeorar desde que Pedro Sánchez anunció que retiraría el blindaje del techo de déficit del artículo 135 de la Constitución, que consensuaron Zapatero y Rajoy en agosto de 2011.

La comparecencia de este viernes de Artur Mas en la Diputación Permanente del Parlament brinda al presidente en funciones de la Generalitat una nueva oportunidad para explicar por qué Convergència aparece siempre en el epicentro de prácticamente todos los casos de corrupción de la última década en Cataluña. Desde el saqueo del caso Palau, en el que está imputado el anterior tesorero nacionalista, Daniél Osácar, a la trama del 3% , por el que ha sido encarcelado el actual, Andreu Viloca, la marca CDC protagoniza todos los escándalos. Aunque, a tenor de anteriores comwparecencias, es probable que Mas vuelva a envolverse en la estelada para intentar convertir la actuación de jueces y fiscales en una "cacería" orquestada por el Estado contra su partido, EL ESPAÑOL formula diez preguntas muy concretas que Mas debería responder. Está por ver si ERC y la CUP, cuyos votos son imprescindibles en una eventual votación de investidura, darán la espalda a ese 82% de catalanes que considera que en su Comunidad hay mucha corrupc ión. Si los republicanos y los anticapitalistas hacen la vista gorda serán cómplices políticos de las tramas de Convergència.

Con la cesión de los 9.000 metros cuadrados del Salón de Reinos al Museo del Prado, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, no sólo presenta como novedoso un viejo proyecto de Zapatero, sino que pide a todos los ciudadanos un acto de fe política nada barato. El acuerdo que debería preludiar la ampliación de la pinacoteca que dirige Miguel Zugaza permite al ministro protagonizar una bonita foto a dos meses de las elecciones generales. Sin embargo, lo que se ha aprobado es tan sólo la elaboración de un estudio museográfico por un millón de euros. El coste de la reforma, que la Administración socialista valoró en más de 42 millones, ni siquiera está presupuestado. Zapatero dejó de lado este mismo proyecto en 2009 porque la situación económica era muy complicada. Lo cierto es que, seis años después, aunque la crisis parece remitir, el estado de las arcas públicas dista de ser boyante. A Méndez de Vigo no le importa: ya se hará a cargo el próximo Gobierno, la legislatura que viene... si es que puede.