El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

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España cambiará las normas: planea leyes más estrictas sobre agua, energía y ciberseguridad para los centros de datos

Ante el aluvión de inversiones en IA, el Gobierno priorizará los proyectos que garanticen máxima eficiencia medioambiental y soberanía digital europea.

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España planea introducir leyes mucho más estrictas sobre el consumo de agua, el gasto de energía y los protocolos de ciberseguridad para los centros de datos.

Según informan desde Reuters a partir de fuentes gubernamentales, esta misma semana se someterá a consulta pública un proyecto de decreto que busca establecer un nuevo marco normativo tras la reciente avalancha de infraestructuras para inteligencia artificial (IA) que han llegado al país.

Durante los últimos años, el territorio nacional se ha convertido en uno de los focos de inversión más atractivos de toda Europa.

Las vastas extensiones de terreno baldío y la gran capacidad de generación de energía renovable han logrado atraer proyectos valorados en decenas de miles de millones de euros.

Sin embargo, este volumen masivo de solicitudes ha llevado al Ejecutivo a redefinir su estrategia.

La abundancia de propuestas permite ahora a la administración elegir únicamente aquellas iniciativas que sean pioneras y eficientes, priorizando de manera absoluta la sostenibilidad y la protección de la información por encima del simple crecimiento numérico.

En el aspecto medioambiental, los requisitos de consumo hídrico y eléctrico se ajustarán al nivel más alto de eficiencia previsto por una futura etiqueta de sostenibilidad comunitaria en la que ya está trabajando la Unión Europea.

Centro de datos

Centro de datos EE

Además, el Gobierno aplicará a estos centros unas normas sobre energías limpias muy similares a las que ya rigen para la industria del hidrógeno verde.

En la práctica, las fuentes renovables deberán cubrir al menos el 80% del suministro energético por cada hora de funcionamiento de las plantas.

Asimismo, cada nuevo megavatio consumido se tendrá que compensar con un megavatio renovable instalado en los 18 meses previos al inicio de las operaciones, ya sea mediante contratos a largo plazo o infraestructuras locales.

Por otro lado, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica centran una parte fundamental del nuevo texto legal.

El borrador obligará a que los operadores de los centros estén establecidos dentro de la Unión Europea y garantizará que tanto los datos como los metadatos gestionados permanezcan dentro de sus fronteras.

Se exigirán mecanismos estrictos para fiscalizar el acceso desde terceros países, implementando además disposiciones aún más severas para aquellas instalaciones que gestionen datos pertenecientes a entidades públicas o vinculados a la seguridad nacional.

El régimen sancionador para asegurar este cumplimiento será contundente. Según las autoridades citadas por Reuters, las infracciones podrán castigarse con medidas que llegan hasta la pérdida del derecho a conectarse a la red eléctrica.

Estas nuevas normas se aplicarán a las instalaciones con una capacidad superior a un megavatio que aún no tengan conexión a la red.

Por último, aquellos proyectos que ya se encuentren en proceso de obtención de permisos tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a los requisitos o, si lo prefieren, renunciar a su derecho de conexión sin enfrentarse a ninguna sanción.