La ministra de vivienda y agenda urbana, Isabel Rodríguez. Europa Press
Entró en vigor: la nueva ley de ascensores impone derramas obligatorias de hasta 40.000 euros que asumirán los vecinos
La nueva normativa de seguridad exige actualizar los ascensores obsoletos con mejoras técnicas que los propietarios tendrán que asumir por ley en España.
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Tener un ascensor con varias décadas a sus espaldas ha dejado de ser una simple cuestión de estética retro para convertirse en un verdadero desafío económico, con derramas de hasta 40.000 euros.
Tras la aprobación en 2024 del Real Decreto 355/2024, que actualiza las exigencias técnicas aplicables a los ascensores, comienza ahora su aplicación práctica a través de las inspecciones periódicas.
Esta estricta normativa de seguridad —articulada a través de una nueva Instrucción Técnica Complementaria— obligará a miles de comunidades de vecinos a modernizar sus ascensores. Aunque el espíritu de la norma es adaptar estas instalaciones al siglo XXI y erradicar cualquier riesgo de accidente, la medida trae consigo una factura histórica que ya está levantando ampollas entre los propietarios.
El impacto en el bolsillo dependerá directamente del nivel de desgaste y de la tecnología del aparato, pero la inversión puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Para aquellos edificios que solo necesiten actualizaciones leves de seguridad en los accesos o integrar sistemas digitales básicos, la reforma se moverá en una horquilla asumible de entre 800 y 1.000 euros.
Sin embargo, el problema estalla en las fincas con sistemas de tracción anticuados o deficiencias estructurales graves, donde la factura arranca en los 16.000 euros. En los escenarios más extremos, que exigen una sustitución profunda de la maquinaria y el hueco, el coste total puede dispararse hasta alcanzar los 40.000 euros.
Frente a estas cifras, mirar hacia otro lado no será una opción. Al tratarse de reformas exigidas por una normativa estatal, ningún propietario podrá negarse a abrir la cartera.
La Ley de Propiedad Horizontal es tajante al respecto, catalogando estas obras como estrictamente necesarias para garantizar la habitabilidad y la seguridad del bloque.
Cabina interior de un ascensor
En consecuencia, el coste se repercutirá de manera ineludible mediante una derrama, calculada en función de la cuota de participación de cada vivienda, salvo que los estatutos de la comunidad dicten un reparto distinto.
Para superar el corte de las nuevas inspecciones, la ley exige una transformación integral. Empezando por el acceso, las cabinas tendrán que detenerse de forma milimétrica y quedar completamente a ras de suelo para evitar el mínimo escalón, facilitando así la entrada a personas con movilidad reducida.
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Además, las clásicas puertas con una única fotocélula tienen los días contados: será obligatorio instalar cortinas de sensores fotoeléctricos de arriba a abajo para impedir atrapamientos. En el interior, la normativa impone un sistema de comunicación bidireccional digital conectado permanentemente con los servicios de rescate, así como un mecanismo de control de carga inteligente que bloqueará el ascensor si se supera el peso máximo.
A nivel estructural, se prohíbe el uso de guías de madera o cilíndricas anticuadas, que deberán ser reemplazadas por raíles de acero de alta resistencia.
Pese a la contundencia de las exigencias, los cambios no tendrán que ejecutarse de la noche a la mañana. La cuenta atrás para acometer las reformas comenzará en el momento en que cada edificio pase su inspección periódica obligatoria.
Si el técnico detecta que el ascensor no cumple los nuevos estándares y emite un veredicto desfavorable, las comunidades dispondrán de un margen legal de entre tres y diez años para realizar las obras, un plazo que variará en función de la gravedad de los fallos encontrados y de la antigüedad de la instalación.
