ChatGPT
OpenAI podría haber avisado al gobierno canadiense sobre la autora del tiroteo masivo antes de que se produjese
OpenAI ha confirmado que sus sistemas tenían identificada a la autora del tiroteo como una persona con tendencias peligrosas.
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En España, al contrario que en otros países, no estamos acostumbrados a los tiroteos masivos en nuestras ciudades. Nuestras preocupaciones, por suerte, son otras.
Tampoco en países como Canadá, que se diferencia de su vecino del sur, como en tantos otros aspectos. Sin embargo, recientemente tuvo lugar un tiroteo, uno de los más graves de su historia reciente.
Lo que se ha sabido ahora es que la empresa OpenAI, creadora del conocido sistema ChatGPT, ha revelado que consideró alertar a las autoridades policiales canadienses sobre las actividades de una usuaria meses antes de que esta perpetrara dicho tiroteo.
Esta confesión ha puesto sobre la mesa interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la prevención de crímenes violentos y los límites de la privacidad de los usuarios.
El suceso tuvo lugar en la localidad de Tumbler Ridge, situada en las Montañas Rocosas de la Columbia Británica.
La autora del ataque, Jesse Van Rootselaar, una joven de 18 años, acabó con la vida de ocho personas antes de fallecer por una herida de bala autoinfligida. Entre las víctimas se encontraban cinco estudiantes de entre 12 y 13 años y una asistente de enseñanza de 39 años.
La pequeña comunidad de apenas 2.700 habitantes ha quedado sumida en un profundo dolor, mientras el resto del país intenta asimilar la magnitud de una tragedia que se considera la más letal en territorio canadiense desde el año 2020.
La escuela de Tumbler Ridge en la que se ha producido el tiroteo. X
Según la información proporcionada por OpenAI, el sistema de detección de abusos de la compañía identificó la cuenta de Van Rootselaar en junio de 2025.
Los algoritmos de la empresa marcaron la actividad de la usuaria bajo la categoría de fomento de actividades violentas.
En aquel momento, la firma tecnológica de San Francisco analizó internamente si debía remitir la información a la Real Policía Montada del Canadá.
Sin embargo, tras una evaluación de los contenidos, el equipo encargado determinó que la actividad detectada no cumplía con el umbral necesario para una notificación obligatoria a las fuerzas de seguridad, lo que finalmente llevó a que la cuenta fuera simplemente bloqueada por violar las políticas de uso.
La política interna de OpenAI establece que la comunicación con las autoridades se reserva para casos donde existe un riesgo inminente y creíble de daño físico grave hacia terceros.
En el caso de Van Rootselaar, la compañía argumentó que en junio del año pasado no se identificó una planificación específica o creíble que justificara la intervención policial inmediata.
Esta distinción técnica entre una conducta sospechosa y una amenaza directa es lo que ha generado una intensa controversia entre expertos en seguridad y defensores de los derechos civiles, quienes se preguntan si un aviso temprano podría haber cambiado el curso de los acontecimientos.
Tras la masacre, OpenAI tomó la iniciativa de contactar con la policía canadiense para entregar todos los datos registrados sobre el joven y su interacción con la inteligencia artificial.
Se sabe que Van Rootselaar tenía un historial previo de contactos con los servicios de salud mental y que incluso había creado simuladores de ataques en plataformas de juego.
La investigación sigue en curso para determinar los motivos exactos que llevaron al joven a atacar primero a su propia familia y posteriormente a la escuela local, un acto que ha dejado cicatrices permanentes en una región conocida por su tranquilidad y aislamiento geográfico.
Este incidente resalta la complejidad de la moderación de contenidos en una era donde las herramientas digitales son cada vez más sofisticadas.
Aunque el avance tecnológico ofrece beneficios para la sociedad, también plantea dilemas éticos sobre la vigilancia proactiva. Las empresas se enfrentan al reto constante de equilibrar la protección de la seguridad pública con el derecho a la confidencialidad de los millones de individuos que utilizan sus servicios diariamente.
