La ministra de Universidades, Diana Morant, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de mayo.
La universidad privada celebra el golpe del TS al decreto anti 'chiringuitos' y Sánchez asegura que no se "cruzarán de brazos"
La patronal celebra la anulación de una norma que "no tenía consenso y generaba inseguridad jurídica", afectando a decenas de proyectos.
Más información: El Supremo anula el decreto contra las universidades 'chiringuito' del Gobierno y critica su tramitación urgente
El Tribunal Supremo ha anulado este jueves el real decreto 905/2025, conocido como decreto antichiringuitos, que endurecía los requisitos para crear universidades en España. Sin embargo, tras conocerse la sentencia, que tumba la norma por falta de justificación en su tramitación urgente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado de inmediato.
Aunque desde el Ejecutivo respetan la decisión judicial, aseguran que la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no frena en absoluto su intención de legislar la enseñanza superior.
En este sentido, el Ministerio de Universidades ha anunciado que ya trabajan para aprobar una nueva norma "lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas".
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido rotundo al respecto y ha advertido que acatan el fallo, pero no se quedarán inactivos ante esta situación. "No nos cruzamos de brazos", ha dicho.
Luego, a través de su cuenta de X, el presidente ha añadido que "la universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades".
Frente a la determinación del Ejecutivo central, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada ha valorado "positivamente" la anulación.
La patronal de centros privados ha celebrado este revés judicial al Ministerio de Universidades, pidiendo legislar "desde el diálogo". Ha destacado que la polémica norma, ahora anulada por el Supremo, "no tenía consenso y generaba inseguridad jurídica", afectando de lleno a decenas de proyectos que ahora recuperan viabilidad.
Pese a ello, fuentes del CEU consultadas por EL ESPAÑOL han asegurado que su batalla judicial particular que inició la institución contra esta normativa, de momento, no ha sido resuelta. "A nosotros no se nos ha notificado aún la sentencia que resuelve nuestro recurso", han explicado.
El decreto 'anti chiringuitos'
Desde el Ministerio de Universidades, por su parte, siguen justificando la necesidad de regular la universidad privada recordando que España cuenta con 50 universidades públicas frente a 49 privadas. Por este motivo, defienden que el problema estructural sigue existiendo.
De ahí que busquen seguir hacia adelante a pesar de que este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales. La vía que estudia el Ejecutivo sería la misma que ya aplicó en el decreto promulgado el pasado mes de abril.
Esto es, la universidad privada quedaría regulada bajo un real decreto legislativo, que no necesita tramitación parlamentaria. Por tanto, no haría falta ni que se pronunciase la Diputación Permanente del Congreso.
Así, el Gobierno podría aprobar este nuevo real decreto directamente en el Consejo de Ministros sin necesidad de someterlo a debate ni votación en el Parlamento.
Al tratarse de una disposición reglamentaria –que desarrolla lo establecido previamente en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)– la potestad normativa recae de forma exclusiva sobre el Ejecutivo.
El nuevo real decreto podría ser un espejo del anulado. Este pretendía frenar la expansión de algunas instituciones de enseñanza. Para lograr este objetivo, la norma exigía que todo nuevo centro contase con al menos 4.500 estudiantes matriculados en sus aulas.
![La imagen de un colegio vacío.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11371995.jpg?p=w:320\/h:240&h=IVMlU3Kw"])
Esta exigencia impedía desarrollar proyectos pequeños o poco viables económicamente. Además de este gran volumen de alumnado, la normativa tumbada obligaba a disponer de un número alto de profesores con el título de doctor.
También introducía fuertes requisitos en materia de investigación científica de impacto, solvencia económica, oferta académica y obligaba a garantizar siempre un porcentaje de alojamiento para sus estudiantes.
El polémico texto del Ministerio imponía, asimismo, que las principales agencias de calidad emitieran dictámenes vinculantes mucho antes de conceder la autorización definitiva para su apertura.
Todo el paquete de exigencias administrativas frenaba a la universidad privada, estableciendo barreras complejas de superar. Los requisitos de la norma resultaban en la práctica un auténtico muro de contención frente a la proliferación de nuevos centros.
Otras reacciones
Pese a todo, la resolución del Supremo ha provocado otras reacciones entre todos los demás actores del sector educativo superior español.
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas ha querido pronunciarse públicamente tras conocer el fallo judicial recordando que el real decreto se ha invalidado exclusivamente por "una cuestión de forma, no de fondo".
![La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11361024.jpg?p=w:320\/h:240&h=WcHrfuDy"])
Para el colectivo de los rectores, el mantenimiento y constante aseguramiento de la máxima calidad académica sigue siendo algo absolutamente fundamental.
Los rectores han subrayado que "cualquier iniciativa normativa orientada a reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad del sistema universitario es positiva, si contribuye a garantizar que todas las instituciones, con independencia de su titularidad, cumplan los mismos estándares de excelencia académica, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social".
Por otra parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ha mostrado su total y absoluto rechazo al fallo. Para esta asociación estudiantil, la norma "llegaba tarde", pero era, al mismo tiempo, "absolutamente necesaria".
