ARCHIVO. El presidente, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, de Argentina abordo de un tanque del Ejército Argentino, en julio de 2024. Europa Press
Argentina comprará 2 fragatas y 3 submarinos por 3.500M tras avivar Milei las tensiones con Londres por las islas Malvinas
Buenos Aires mantiene negociaciones con el astillero francés Naval Group.
Argentina carece de sumergibles desde el naufragio del ARA San Juan, en 2017.
Más información: El Gobierno de Milei negocia la compra de cuatro fragatas construidas por Navantia para renovar la Armada Argentina
El Gobierno argentino está decidido a ahondar con el plan de rearme iniciado por Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada, con el fin de modernizar las fuerzas armadas del país sudamericano tras décadas de desinversión.
Después de adquirir 24 cazas F-16 de segunda mano a Dinamarca por 300 millones de dólares (260 millones de euros al cambio actual), en 2024, ahora el Ejecutivo argentino pretende incorporar dos fragatas multimisión y tres submarinos convencionales.
Así se refleja en los presupuestos elaborados por el Gobierno de Milei para 2027, los cuales aún deben superar su examen en el Congreso. En las cuentas para el año que viene, se incluye la autorización para contraer un préstamo por 3.500 millones de dólares (3.050 millones de euros) para financiar la compra de los cinco buques, con un plazo mínimo de amortización de tres años.
De esa suma, 2.300 millones serán destinados al trío de sumergibles, mientras que 1.200 millones irán a parar a la pareja de buques de superficie. De acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso El Español, los futuros submarinos operarán desde la Base Naval de Mar del Plata y las fragatas desde la Base Naval Puerto Belgrano, ambas en la Provincia de Buenos Aires.
La Armada Argentina carece de sumergibles desde el naufragio del ARA San Juan, en 2017, en el que murieron 44 militares. Actualmente, los submarinistas argentinos deben viajar hasta Lima para adiestrarse en las unidades Tipo 209/1200, de diseño alemán, de la Marina de Guerra del Perú.
Javier Milei junto al ministro de Defensa de Argentina, teniente general Carlos Presti. Europa Press
Además, sus embarcaciones de superficie más modernas son cuatro patrulleros oceánicos contratados con el astillero francés Naval Group, durante la presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019).
Previsiblemente, la compañía naval gala será también la que suministre las nuevas embarcaciones. En 2024, el Ministerio de Defensa argentino firmó una carta de intención con Naval Group para la adquisición de tres submarinos Scorpène, un modelo sumamente exitoso de la empresa francesa y que en la actualidad operan otros países de la región, como Chile y Brasil.
Un año después, a finales de 2025, el propio Milei confirmó que su gobierno estaba negociando con Francia la compra de tres sumergibles y otros cuatro patrulleros oceánicos. De estos últimos no hay rastros en el proyecto de presupuestos para 2027.
Sin embargo, sobre la mesa también existe una oferta de Alemania por submarinos Tipo 209NG, fabricados por ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Cabe destacar que, a lo largo de toda su historia, la Armada Argentina sólo ha operado submarinos de diseño germano.
El Scorpène francés
Con unas dimensiones equilibradas que alcanzan los 66,4 metros de eslora y 6,2 metros de manga, los submarinos Scorpène tienen un desplazamiento sumergido cercano a las 2.000 toneladas, lo que les concede una excelente maniobrabilidad y sigilo táctico.
Su sistema de propulsión combina cuatro generadores diésel encargados de alimentar las baterías para las operaciones bajo el agua, alcanzando velocidades de hasta 20 nudos en inmersión y 12 nudos en superficie.
Submarino Scorpène
Operados por una tripulación de entre 31 y 35 marineros, pueden descender hasta una profundidad operativa estimada de 300 metros.
En términos de alcance, ofrecen una autonomía de 50 días y son capaces de navegar unas 6.500 millas náuticas (12.000 kilómetros) a velocidad de crucero en superficie.
Además, las variantes más avanzadas pueden integrar un sistema de propulsión independiente del aire (AIP), prolongando significativamente su capacidad para permanecer sumergidos sin ser detectados.
En el apartado ofensivo, disponen de seis tubos lanzatorpedos de 533 mm con capacidad para desplegar minas, torpedos pesados como el Black Shark o misiles antibuque Exocet, adaptándose a los requerimientos de cada fuerza naval.
La cuestión Malvinas
La inclusión de estos buques de guerra en las cuentas para el próximo año coincide con el endurecimiento de la postura de la Administración Milei en relación al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.
A principios de este mes, el mandatario anunció que acelerará los mecanismos para sancionar a empresas petroleras que operen en Malvinas sin autorización de Argentina.
Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre la Causa Malvinas. pic.twitter.com/tqghawtYq5
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2026
La ofensiva de Milei por el archipiélago, que la oposición acusa de electoralista, responde a la decisión de la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper de avanzar en el desarrollo del denominado proyecto Sea Lion, mediante el que prevén iniciar, en 2028, con la extracción offshore de crudo a 220 kilómetros al norte de Malvinas, gracias a licencias de explotación concedidas por el gobierno isleño, permisos que Buenos Aires considera "ilegales".
Asimismo, el Gobierno argentino ha reactivado el proyecto para instalar una base naval en la sureña provincia de Tierra del Fuego, a unos 700 kilómetros de Malvinas. "Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", afirmó entonces Milei.
El ministro de Defensa argentino, teniente general Carlos Presti, ha confirmado esta semana que la construcción comenzará el próximo enero.
De igual manera, el Ejecutivo de Milei ha enviado este jueves al Congreso el proyecto de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar el régimen vigente para sancionar la explotación no autorizada de recursos -renovables y no renovables- en Malvinas y ampliar las herramientas del Estado para proteger la soberanía.
