Valcarce: “Derecho, defensa y empresa forman hoy un triángulo estratégico para la seguridad europea”

Así lo expresó durante su intervención en el II Congreso de Derecho, Defensa y Empresa, organizado por Indie—donde destacó que “derecho, defensa y empresa forman hoy un triángulo estratégico para la seguridad europea”— y donde defendió la necesidad de un marco jurídico común y estable que permita a la industria del continente rearmarse, innovar y competir en un entorno geopolítico cada vez más exigente.

La número dos de Defensa afirmó que el nuevo ciclo de modernización militar exige asumir sin ambages la necesidad de un “rearme europeo” apoyado en reglas compartidas.

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“Son programas para alcanzar capacidades operativas, pero son sobre todo de reindustrialización y, hay que decirlo también, programas para el rearme europeo, bajo reglas comunes, previsibles y estables”, señaló, en referencia al conjunto de inversiones que impulsa el Gobierno.

Valcarce alertó de que la falta de armonización normativa sigue siendo uno de los principales cuellos de botella para la cooperación industrial. “Necesitamos profundizar en la armonización de las normativas nacionales” para resolver el “desafío jurídico” de los grandes proyectos de contratación conjunta, afirmó.

Aunque reconoció que “todo el sistema de contratación es de base común europea”, insistió en que esta base debe servir para “facilitar la adquisición de bienes y servicios y fortalecer la soberanía industrial y tecnológica”.

La secretaria de Estado advirtió del riesgo de que los Estados miembros intenten proteger intereses propios a corto plazo: “Pedir normas propias nacionales, pedir determinadas condiciones nacionales, es el gran obstáculo. Lo que necesitamos es fortalecernos en la industria europea”.

Autonomía estratégica

Valcarce recordó que los planes de modernización impulsados por el Gobierno prevén una inversión de 10.471 millones de euros para 2025, con una regla clara: “Ocho de cada diez euros tenemos que ejecutarlos en España”.

Para el periodo 2026–2031, el Plan Industrial y Tecnológico establece además que nueve de cada diez euros deben permanecer en Europa, reflejando el compromiso con la autonomía estratégica continental.

Los Programas Especiales de Modernización (PEM) implican una inversión acumulada estimada de 34.000 millones de euros hasta 2042, junto con 564 millones de euros destinados al refuerzo de la reserva estratégica de munición.

Todo ello, subrayó, compone un esfuerzo “que pretende reindustrializar, innovar y garantizar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas”.

Cohesión territorial e industria

La secretaria de Estado insistió en que el objetivo del Gobierno es que el peso industrial de la defensa genere oportunidades en todo el país “El objetivo es generar huella en toda la industria para lograr una mayor cohesión territorial”, señaló.

En este sentido la secretaria de Estado citó como ejemplo varios proyectos como destacados el del Tallerón, que desarrolla Indra en Asturias, destinado a la reindustrialización.

Igualmente, subrayó el desarrollo de helicópteros y del avión entrenador de nueva generación en Castilla-La Mancha y Jaén, o los programas navales de Navantia, esenciales para la construcción de fragatas y buques de apoyo, tanto en Ferrol como en Cartagena.

El derecho como motor

Uno de los mensajes más contundentes de Valcarce fue la reivindicación del papel del marco jurídico en el avance del sector.

“El derecho debe ser el instrumento y no defraudar”, afirmó. Defendió que la contratación pública debe servir para “impulsar innovación y competitividad”, y que el marco regulatorio debe ser “seguro, pero flexible, competitivo, absolutamente”.

Valcarce concluyó insistiendo en que Europa se enfrenta a un desafío ineludible: convertir su base industrial en una fuente real de autonomía estratégica.

“La defensa es un motor económico, tecnológico y generador de empleo y cohesión, y cada euro invertido debe revertir en bienestar y seguridad para los ciudadanos”, afirmó.

I Premio

Posteriormente, la secretaria de Estado fue la encargada de entregar el I Premio Derecho, Defensa y Empresa, con el que se reconoció el trabajo del Ernesto García-Trevijano, socio director de GTA Villamagna Abogados y Académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, quien en su discurso de agradecimiento abordó la complejidad de los contratos de Defensa.

En este sentido, subrayó "la valentía de adaptar los pliegos de contratación a las necesidades del interés público", incluso sin una cobertura legal explícita que lo ampare, superando la tendencia a mantener los procedimientos habituales.

Y recordó que en los contratos de fabricación complejos, especialmente en defensa, se aplica un enfoque similar al "fast track", donde la ingeniería del proyecto se va realizando y configurando a medida que se ejecuta el contrato.

Igualmente reseñó que "en el sector de defensa, los proyectos son de tal magnitud que requieren instrumentos financieros ministeriales específicos, ya que no pueden ser financiados solo con recursos del contratista o financiación corporativa".

Lo que a su entender, "exige una cuidadosa coordinación entre el ritmo de la financiación anticipada y la certificación del proyecto".