Imagen de archivo de una mujer en una manifestación en Bogotá.
Ser mujer en Colombia, el país que no erradicará el embarazo infantil hasta 2104 mientras el #MeToo salpica a los medios
A pesar de ser mayoría en las urnas, su presencia es escasa en los espacios de poder y las brechas persisten en ámbitos como los cuidados o la salud sexual.
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El 31 de mayo, Colombia celebra la primera vuelta de unas elecciones presidenciales en las que están llamados a votar más de 41 millones de ciudadanos. La votación elige la fórmula del presidente y vicepresidente para 2026-2030: el Congreso ya fue renovado en las legislativas, de las que salió un Parlamento donde las mujeres ocupan un 30% de las curules.
En las papeletas hay 11 candidaturas, destacando la de Iván Cepeda como aspirante continuista del proyecto de Gustavo Petro así como las opciones encabezadas por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Para ganar de forma directa, una candidatura debe ganarse el 50% de las papeletas válidas.
Si ninguna lo logra, las dos más elegidas se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de junio. En cualquier caso, más allá de los nombres, este fin de semana se vota en un país donde las mujeres son mayoría en el censo y sostienen buena parte de la economía y de la vida comunitaria, pero siguen siendo minoría en el Congreso, en los ministerios, en los consejos...
Ser mujer en la Colombia que vota en 2026 es hacerlo desde una brecha que los datos todavía muestran con claridad, y que va desde el embarazo infantil hasta el turismo sexual, pasando por la violencia machista, la cuestión de los cuidados no remunerados y el #MeToo que salpica desde hace meses a los grandes medios de comunicación.
Las elecciones legislativas —que curiosamente coincidieron con el 8M— definieron el Congreso con el que tendrá que gobernar quien gane la presidencia. El resultado dejó un Parlamento con una representación femenina en torno al 30%: 32 mujeres en el Senado (31,4%) y algo más de una cuarta parte de los escaños en la Cámara de Representantes.
La cifra, obtenida a partir de análisis de la Defensoría del Pueblo y organizaciones especializadas, es casi calcada a la del periodo 2022‑2026, pese al aumento de candidatas, y se sitúa justo al límite del mínimo que marca la ley de cuotas vigente desde el año 2000.
Para las organizaciones de mujeres, ese estancamiento convierte la cuota en un techo de cristal institucional: el sistema se ha acostumbrado a quedarse en torno a ese umbral sin avanzar hacia la paridad real del 50%.
Paloma Valencia, de Centro Democrático, es una de los candidatos a las elecciones presidenciales de este año.
El próximo presidente llegará, por tanto, a un Congreso en el que tres de cada cuatro sillas están ocupadas por hombres, lo que condiciona cualquier intento de reformar políticas de cuidados, de salud reproductiva o contra la violencia machista en un país donde, pese a los avances de los últimos años, la desigualdad todavía es una realidad palpable a diferentes escalas.
Un vistazo a los datos
El último Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial (WEF) sitúa a América Latina y el Caribe como la región que más ha avanzado desde 2006. Colombia, en ese contexto, presenta una alta paridad en lo que respecta a educación y salud, pero rezagos en participación política y empoderamiento económico.
En este sentido, uno de los principales obstáculos al desarrollo profesional de muchas mujeres reside en las elevadas tasas de maternidad adolescente. Según datos aportados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el país necesitaría hasta 78 años para erradicar el embarazo en chicas de 10 a 14 años si mantiene la tendencia actual.
En este sentido, en 2025 se registraron más de 66.000 partos de madres de entre 10 y 19 años, lo que equivale al 15% de todos los del país. Una cifra que, aunque viene descendiendo cada año, sigue siendo elevada y preocupante por las consecuencias que los embarazos tempranos tienen en su desarrollo psicosocial y porque muchos están ligados a violencia sexual.
Aunque la tasa de madres entre 10 y 18 años se ha reducido significativamente en los últimos años, el embarazo temprano en Colombia es una de las principales problemáticas de salud pública.
Los expertos de la ONU insisten en que el problema no es sólo sanitario: la ausencia de educación sexual integral, la falta de acompañamiento familiar y comunitario y la priorización de métodos de corto plazo por restricciones presupuestarias dificultan cambios estructurales. Esa inercia explica por qué, aun con descensos anuales, la proyección se alarga hasta el 2104.
A la brecha en salud reproductiva se suma una violencia machista que sigue siendo letal. Según la Defensoría del Pueblo, 2025 se cerró con 352 feminicidios, después de los 872 registrados en 2024 y a los que hay que sumar 217 tentativas frente a las 684 del año anterior. Antioquia, Bogotá, Magdalena y Atlántico son los departamentos con más casos.
Estos homicidios "siguen siendo un problema grave y reflejan una violencia estructural que atraviesa distintas capas de la sociedad", advertía Almudena Ariza, corresponsal en Bogotá, en una entrevista reciente con Magas donde lamentaba la crudeza de unos datos que todavía superan con creces los de países como España, donde las víctimas ascendieron a 46 en 2025.
Pese a este panorama, la periodista subrayaba el contraste entre el entorno hostil en que viven las colombianas y su fortaleza: "En mis coberturas me ha llamado mucho la atención el papel que ellas desempeñan en los procesos de paz, justicia y reconstrucción; muchas lideran asociaciones de víctimas, proyectos comunitarios o iniciativas de educación".
La sensación, resumía, es la de un país donde el género femenino sostiene comunidades enteras, en especial en regiones atravesadas por décadas de conflicto armado, mientras siguen expuestas a niveles intolerables de agresión e impunidad.
El #MeToo llega a Colombia
En ese contexto, la oleada de denuncias de acoso sexual en los grandes medios ha estallado como un terremoto justo antes de la cita con las urnas. El 20 de marzo, Caracol Televisión, el canal de mayor audiencia del país, hizo público que había recibido denuncias en contra de dos presentadores y anunció la activación de sus protocolos internos.
![Captura de pantalla 2026-04-08 084816.png](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/08\/actualidad\/1003744198589_262327158_320x180.jpg"])
Pocas horas después, la periodista Catalina Botero publicó en X un mensaje que desató el escándalo virtual: en cuestión de minutos, comenzó a recibir testimonios de mujeres que aseguraban haber sufrido lo mismo —e incluso agresiones sexuales— a lo largo de 25 años de carrera de uno de los hombres señalados.
"No pasaron ni 10 minutos y comenzaron a llegarme un montón de historias y testimonios muy fuertes", relató a BBC Mundo, al explicar cómo entendió que estaba frente a "una práctica estructural" y no ante un caso aislado. A ella se sumaron la presentadora Mónica Rodríguez y compañeras como Paula Bolívar, Laura Palomino y Juanita Gómez.
En una acción colectiva dirigida a apuntar con el dedo a posibles agresores, las informadoras lanzaron las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega y abrieron un canal seguro de denuncias. Así, en apenas ocho días, recibieron más de 200 correos con relatos de presunto acoso en medios colombianos.
Aquí la evidencia de acoso a sus subalternas o compañeras, a razón de que esa cercanía incomoda, esa besuqueadera, dejen de normalizar el acoso en las empresas de cualquier índole las mujeres merecen respeto #MeTooColombia @cataboterotv @JuanitaGomezL @MONYRODRIGUEZOF pic.twitter.com/xSOsK27zoy
— Ea Padilla💗 (@eitapadilla) March 24, 2026
El peso de los cuidados
Más allá de la política y los medios, la vida económica de las mujeres continúa condicionada por esta labor. Ellas están sobrerrepresentadas en trabajos informales, mal remunerados y sin protección social, y continúan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico no pagado.
Hasta tal punto llega este fenómeno que, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —lo que sería el INE colombiano—, el 90% de ellas realizan tareas no pagadas, dedicando más del doble de tiempo que los hombres a estas actividades.
Así, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, las colombianas invirtieron en promedio 7 horas y 35 minutos diarios en cuidados, mientras que los varones dedicaron 3 horas y 12 minutos. La brecha se amplía en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, donde ellas destinan hasta 9 horas y 47 minutos, según el informe.
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La sombra de la explotación
Otro punto donde la desigualdad se hace especialmente visible es el turismo sexual. Informes de oenegés y de medios locales alertan desde hace años de la existencia de redes que explotan a mujeres y menores en destinos como Cartagena, Santa Marta o ciertas zonas del Pacífico, alimentadas por la demanda de varones nacionales y extranjeros.
Niñas y adolescentes pobres, muchas afrocolombianas, indígenas o migrantes venezolanas, se encuentran en la intersección perfecta de las vulnerabilidades. En muchos casos, los criminales encubren los viajes con fines sexuales a través de "paquetes todo incluido" supuestamente contratados por los viajeros antes de llegar al destino.
En lo que va de 2026, Colombia ha registrado al menos 90 inadmisiones de extranjeros por causas similares. Especialmente sonado ha sido el caso de un ciudadano estadounidense conocido en redes como Casey Red Beard, que fue obligado a regresar a Miami tras alertarse en mayo de que "habría organizado eventos privados" en el país, informaba el diario La Opinión.
"Mis clientes son millonarios y me pagan muy bien para lanzar fiestas donde sólo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer a las que están en el Lleras a las 2 AM", decía un mensaje publicado por Migración y atribuido a la presunta organización de esas citas exclusivas.
Guardianas del territorio
En el extremo opuesto de esa explotación están las colombianas que lideran las zonas más castigadas por la violencia. "Ellas siguen siendo quienes sostienen comunidades enteras, especialmente en regiones que han sufrido décadas de conflicto armado", explicaba Almudena Ariza a Magas con motivo del pasado Día Internacional de la Mujer.
La corresponsal ha visto de cerca su papel en procesos de memoria, justicia y reconstrucción social: impulsan proyectos comunitarios y se convierten en referentes públicos en sus municipios. Muchas son también defensoras del territorio, en primera línea contra la minería ilegal, la deforestación o los megaproyectos energéticos.
Esa visibilidad tiene un coste: Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para activistas sociales y ambientales. Sólo en 2025, 27 de estas líderes fueron asesinadas, un aumento del 42% respecto al año anterior del que da cuenta la oenegé Somos Defensores.
En su informe, la organización cuestiona la actuación de Petro al considerar que no se han materializado cambios estructurales en la protección efectiva de estas defensoras, por lo que esta cuestión, así como el espacio que se les conceda en la implementación de futuros acuerdos de paz y políticas agrarias, serán dos pruebas centrales para quien ostente la próxima presidencia.
A todo esto también hay que sumar que en Colombia hay aproximadamente 1,9 millones de indígenas; ellas representan el 50,1% de los integrantes de estas comunidades que salvaguardan el 25% de las tierras del mundo y casi el 80% de la biodiversidad de la Tierra.
En muchos lugares del país, las reivindicaciones de las mujeres están ligadas a cuestiones de seguridad, justicia y protección frente a la violencia. Y precisamente esta es una de las cinco líneas que dan forma a la Agenda Feminista 2026-2030: Horizonte de la Igualdad.
Se trata de una hoja de ruta presentada esta semana por organizaciones del país con el objetivo de que las propuestas sobre los derechos de la mitad de la población sean incorporadas en el próximo gobierno y en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
El segundo eje de la agenda plantea consolidar un Sistema Nacional de Cuidado —un compromiso que quedó plasmado hace tres años, cuando se creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad—, que reconozca estas labores como un trabajo esencial para la vida y una responsabilidad compartida con el Estado y las empresas.
En el plano político, propone avanzar hacia una democracia paritaria con un mínimo del 50% de representación en espacios de poder y un fortalecimiento de las condiciones para el liderazgo femenino en distintos ámbitos, así como reclama a las instituciones que garanticen presupuestos suficientes para que la protección de las mujeres no dependa del gobierno de turno.
Por último, la agenda incluye una dimensión sobre autonomía, cuerpo, economía y territorio. "La igualdad no puede seguir siendo una promesa pendiente. Colombia necesita decisiones concretas, recursos y voluntad para garantizar los derechos de la población femenina", zanja Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional Mujeres, en un comunicado.
