Imagen de ilustración.

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Interiorismo

Ya es oficial: los vecinos pueden denunciarte si fumas en la terraza, según el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal

El uso de la terraza para fumar puede ser limitado por la comunidad si el humo afecta a otros vecinos y se considera una actividad molesta según la ley.

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Tener un espacio exterior en casa se ha convertido en uno de los elementos más valorados en el mercado inmobiliario. De acuerdo con los expertos, una terraza puede aumentar el valor de una vivienda entre un 10% y un 25%, llegando en casos de alta demanda a incrementar el precio hasta un 7% adicional.

Este incremento resulta lógico si se tiene en cuenta que la terraza no solo amplía la superficie útil de la vivienda, sino que también eleva la calidad de vida al ofrecer un espacio exterior propio muy valorado. Sin embargo, esa sensación de ámbito privado convive con una realidad inevitable: la vida en comunidad.

La terraza forma parte de una convivencia que conlleva ciertos límites, algunos claros desde el principio y otros que han ido cobrando relevancia con el tiempo. Todos ellos encuentran respaldo en la Ley de Propiedad Horizontal, que fija restricciones sobre determinadas actividades dentro de las viviendas. Una de ellas, fumar.

Una medida oculta

A partir de ese marco general, la clave para entender cuándo una conducta puede generar conflicto está en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Este precepto no alude de forma expresa al consumo de tabaco, aunque sí define con claridad qué tipo de actividades pueden ser objeto de limitación dentro de una comunidad.

En concreto, establece que no se permitirán aquellas conductas prohibidas por los estatutos o que resulten perjudiciales, insalubres, nocivas o molestas para el resto de vecinos.

A partir de esta base, el humo del tabaco puede encajar en esa categoría si se demuestra que afecta de manera directa a otros residentes. No se trata de una prohibición automática, sino de una interpretación que depende de cada caso concreto.

Por ejemplo, cuando el humo entra de forma habitual en otras viviendas, impregna zonas comunes o genera molestias continuadas, puede considerarse una actividad susceptible de ser limitada.

Las comunidades de vecinos tienen capacidad para reforzar esta interpretación mediante sus propios estatutos o acuerdos en junta.

Si se aprueba, por las mayorías necesarias, la prohibición de fumar en terrazas o determinados espacios privados, esa norma pasa a ser de obligado cumplimiento para todos los propietarios y ocupantes.

En ese escenario, el consumo de tabaco deja de ser una decisión individual para convertirse en una cuestión regulada colectivamente.

Imagen de ilustración de una mujer fumando en una terraza.

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El papel del presidente de la comunidad resulta determinante en este proceso, y puede actuar por iniciativa propia o a petición de cualquier vecino que se sienta perjudicado.

Su primera obligación es requerir al infractor que cese la actividad, advirtiendo de posibles acciones legales si no lo hace. Este requerimiento es un paso previo imprescindible antes de acudir a la vía judicial.

Si la conducta persiste, la comunidad, previa aprobación en junta, puede interponer una acción de cesación. Este procedimiento se tramita por la vía ordinaria y permite solicitar al juez medidas cautelares. Entre ellas, la suspensión inmediata de la actividad mientras se resuelve el caso.

No obstante, las consecuencias pueden ir más allá de una simple advertencia. Si el tribunal da la razón a la comunidad, la sentencia puede obligar al cese definitivo de la actividad y, en su caso, a indemnizar los daños causados.

Además, la ley contempla una medida especialmente severa: la privación del derecho de uso de la vivienda o local durante un periodo que puede alcanzar los tres años.

No se trata de sancionar el hecho de fumar en sí mismo, sino de proteger el derecho del resto de vecinos a disfrutar de sus viviendas sin sufrir molestias.

En ese equilibrio entre derechos individuales y colectivos es donde se sitúa el núcleo del debate.

En la práctica, cada comunidad funciona como un pequeño ecosistema con sus propias normas y dinámicas.

Por eso, la clave suele estar en la prevención y el acuerdo: establecer reglas claras, dialogar entre vecinos y buscar soluciones intermedias puede evitar que situaciones cotidianas acaben en los tribunales.

El aumento de este tipo de casos refleja un cambio en la sensibilidad social hacia el humo del tabaco.

Lo que antes se toleraba con mayor facilidad ahora genera más reclamaciones, en parte por una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar en el entorno doméstico.

En consecuencia, las comunidades de propietarios están adaptando sus normas a esta nueva realidad.