Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, vicepresidentes del Gobierno
Ya es oficial: España prohíbe a los bancos expedir tarjetas de crédito y ampliar su límite sin que el cliente lo solicite
El fin de esta medida es proteger al cliente frente a la contratación de créditos no deseados y posteriores intereses abusivos.
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El Gobierno ha dado un nuevo paso para reforzar la protección de los consumidores frente al sobreendeudamiento. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Crédito al Consumo.
Se trata de una medida para impedir a las entidades financieras enviar tarjetas de crédito no solicitadas o aumentar el límite de crédito de un cliente sin que este lo haya pedido expresamente.
La norma forma parte de una reforma más amplia con la que el Ejecutivo adapta la legislación española a la normativa europea y endurece las condiciones de comercialización de los productos de financiación.
El objetivo es reducir las situaciones de endeudamiento excesivo y aumentar la transparencia en uno de los mercados que más reclamaciones genera entre los consumidores.
Tarjetas de crédito no solicitadas
Uno de los cambios más relevantes afecta a una práctica que durante años fue habitual en algunas entidades financieras: el envío de tarjetas de crédito o la ampliación automática del crédito disponible sin una petición previa del cliente.
Con la nueva normativa, esta posibilidad quedará expresamente prohibida. Los bancos no podrán conceder nuevos créditos ni incrementar el límite de los ya existentes si el consumidor no lo ha solicitado y no ha prestado su consentimiento de forma clara.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11317227.jpg?p=w:320\/h:240&h=NuweH9Ft"])
La medida refuerza la protección que ya recogía la Ley de Servicios de Pago, que impedía el envío de instrumentos de pago no solicitados, salvo en casos de renovación.
Sin embargo, ahora amplía esa garantía para evitar también que una entidad incremente unilateralmente la capacidad de endeudamiento de sus clientes.
![Imagen de un albañil trabajando, para ilustrar.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11312396.jpg?p=w:320\/h:240&h=RAxA68ke"])
Eso sí, la ley no impide que los bancos continúen realizando ofertas comerciales. Las entidades podrán seguir informando sobre préstamos preconcedidos o productos financieros, pero no podrán activarlos automáticamente. La contratación solo podrá realizarse después de que el consumidor acepte expresamente la oferta.
Desde el Ministerio de Economía recuerdan que el objetivo no es limitar la actividad comercial de las entidades, sino garantizar que cualquier operación de crédito responda a una decisión libre e informada del cliente.
Más control
La reforma no se limita a las tarjetas de crédito tradicionales. El anteproyecto incorpora por primera vez dentro de la regulación numerosos productos de financiación que han ganado protagonismo en los últimos años.
Entre ellos figuran los créditos rápidos, los micropréstamos, los pagos fraccionados y los populares sistemas "compra ahora y paga después" (buy now, pay later), utilizados cada vez con más frecuencia en el comercio electrónico.
![Imagen gener](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11315305.jpg?p=w:320\/h:240&h=Gt9ZnGEE"])
Uno de los principales objetivos del Gobierno es frenar el elevado coste de determinados productos financieros, especialmente las tarjetas revolving, cuya elevada carga de intereses ha provocado miles de reclamaciones judiciales durante la última década.
La futura ley contempla la fijación de límites al coste del crédito para evitar situaciones de usura y proteger especialmente a los consumidores más vulnerables.
Además, también se establecerán topes al precio que las entidades pueden cobrar por los descubiertos en cuenta, una de las formas de financiación que suele generar mayores costes cuando un cliente entra en números rojos.
Supervisión del Banco de España
La futura Ley de Crédito al Consumo también endurece las obligaciones de información que deberán cumplir las empresas antes de conceder financiación.
Los consumidores tendrán que recibir información más clara sobre los intereses, las comisiones, el coste total del préstamo y los riesgos asociados antes de contratar cualquier producto financiero.
![Mujer albañil trabajando en la obra](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11310964.jpg?p=w:320\/h:240&h=7Q12rRki"])
Otra de las novedades es que el Banco de España reforzará la supervisión sobre todas las empresas que concedan crédito al consumo, incluidas las plataformas digitales que operan por internet y las compañías que ofrecen financiación en el momento de la compra.
Asimismo, las empresas comerciales que quieran ofrecer financiación con intereses para impulsar sus ventas deberán hacerlo a través de una entidad financiera autorizada o de un intermediario regulado. En caso contrario, no podrán cobrar intereses por esos créditos.
![La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11315560.jpg?p=w:320\/h:240&h=HgSwNldg"])
Con esta reforma, el Ejecutivo pretende adaptar la normativa española a las directivas europeas más recientes y reforzar las garantías de los consumidores en un contexto en el que las fórmulas de financiación se han multiplicado.
Si la ley culmina su tramitación parlamentaria, los clientes contarán con una mayor protección frente a la contratación de créditos no deseados y a las ampliaciones automáticas del endeudamiento, dos prácticas que dejarán de estar permitidas por la legislación española.
