La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en una rueda de prensa. Efe
La UE cambia las normas: los móviles que se vendan desde ahora deberán tener baterías reemplazables
Esta iniciativa pretende que los usuarios puedan sustituir componentes clave, como la batería, y así alargar la vida útil del dispositivo sin tener que renovarlo.
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Según datos recientes, los españoles renuevan su teléfono móvil, por término medio, cada 36 meses. Este ritmo de sustitución no responde únicamente a la aparición de nuevos modelos, sino también al desgaste progresivo de los dispositivos.
Detrás de este hábito se encuentra un modelo de producción que ha priorizado el reemplazo frente a la reparación. Durante años, los smartphones se han diseñado con componentes difíciles de sustituir, lo que complica su mantenimiento y acorta su vida útil, una dinámica que ha contribuido a consolidar una cultura de usar y renovar en lugar de conservar.
Ahora, la Unión Europea plantea un giro que busca alterar ese patrón de consumo. La nueva normativa pretende que los móviles duren más, se reparen con facilidad y devuelvan al usuario la capacidad de prolongar su uso sin depender de servicios técnicos complejos, empezando por la batería.
Un cambio en el diseño
La decisión de obligar a que los móviles cuenten con baterías reemplazables marca un punto de inflexión en la industria tecnológica. Durante más de una década, los fabricantes han apostado por diseños compactos y sellados, conocidos como unibody, que dificultan el acceso a componentes internos.
Este enfoque ha permitido dispositivos más delgados y resistentes, pero también ha limitado su reparación.
Con la nueva normativa, ese paradigma se rompe. A partir de 2027, los smartphones vendidos en territorio europeo deberán permitir al usuario sustituir la batería sin necesidad de herramientas especializadas ni conocimientos técnicos avanzados.
Esta medida no surge de forma aislada, sino que forma parte de una estrategia más amplia contra la obsolescencia programada. Este modelo, basado en acortar deliberadamente la vida útil de los dispositivos, ha sido durante años uno de los motores del consumo tecnológico.
Al dificultar reparaciones o limitar el acceso a piezas, se empuja al usuario a comprar un nuevo dispositivo en lugar de mantener el antiguo.
Desde marzo de 2021, Europa ya había dado un primer paso con el llamado "derecho a reparar". Esa legislación obligó a los fabricantes de electrodomésticos y dispositivos electrónicos a garantizar la disponibilidad de piezas durante al menos diez años.
Imagen de ilustración de un móvil siendo reparado.
Además, introdujo la obligación de diseñar productos que puedan desmontarse con herramientas comunes y de proporcionar manuales de reparación accesibles.
Con el nuevo reglamento, ese derecho deja de ser una base legal general para convertirse en una exigencia técnica concreta en el caso de los móviles.
La batería, al ser el componente más propenso al desgaste, se convierte en el eje de esta transformación. Si el usuario puede reemplazarla fácilmente, la vida útil del dispositivo se alarga de forma significativa.
Pero la normativa no se limita al hardware. También introduce obligaciones en el ámbito del software, un factor cada vez más determinante en la vida útil de los dispositivos.
Los fabricantes deberán garantizar actualizaciones durante un periodo mínimo, evitando que un móvil quede obsoleto por falta de compatibilidad con nuevas aplicaciones o sistemas.
Este enfoque responde a la acumulación de residuos electrónicos. Cada año, millones de dispositivos son desechados en Europa, muchos de ellos aún funcionales pero considerados obsoletos por fallos menores o por la imposibilidad de reparación.
![Pablo Bustinduy, Elma Saiz y Óscar López en una rueda de prensa.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/15\/actualidad\/1003744208067_262450559_320x180.jpg"])
Reducir ese volumen no solo implica alargar la vida de los productos, sino también disminuir la presión sobre los recursos naturales necesarios para fabricar nuevos dispositivos.
En paralelo, la Unión Europea ha ido incorporando herramientas para orientar al consumidor. Desde el año pasado, los dispositivos electrónicos deben incluir una etiqueta que informa sobre su eficiencia energética, resistencia y facilidad de reparación.
Esta transparencia busca cambiar también los hábitos de compra, fomentando decisiones más informadas y sostenibles. Como consecuencia, los fabricantes tendrán que rediseñar sus dispositivos, adaptar sus cadenas de producción y replantear su logística de piezas y servicios técnicos.
No es un ajuste menor, especialmente en un sector altamente competitivo donde el diseño y la innovación marcan la diferencia.
Aun así, desde Bruselas se defiende que este cambio no solo es necesario, sino también beneficioso a largo plazo. Priorizar la reparación reduce costes para el consumidor, disminuye la dependencia de materias primas y encaja con los objetivos del Pacto Verde europeo.
En otras palabras, no se trata solo de alargar la vida de un móvil, sino de transformar todo el modelo de consumo tecnológico.
El sector dispone ahora de un periodo de adaptación antes de la entrada en vigor en 2027. Ese margen será clave para comprobar hasta qué punto los fabricantes están dispuestos a reinventar sus productos sin renunciar a la innovación.
