Una limpiadora de hogar no se corta ante el trato que reciben en España: "No entienden que no somos esclavas"

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, en España hay unas 460.000 personas trabajando en el servicio doméstico. Sin embargo, las cifras de la Seguridad Social solo registran a unas 370.000 afiliadas.

Eso significa que al menos 90.000 trabajan sin contrato, aunque las asociaciones del sector elevan la cifra real a 600.000 trabajadoras, de las cuales unas 200.000 estarían en situación irregular.

No obstante, las condiciones laborales que sufre la gran mayoría no están a la altura de la labor que desempeñan en sus puestos de trabajo. Delmi Galeano es una de esas voces que se alzan en contra de la situación que viven tantas de sus compañeras, incluida ella.

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Con años de experiencia en diferentes casas de España, esta trabajadora doméstica asegura que les tratan "como a máquinas de trabajo. Sin festivos, sin descanso, sin voz". A pesar de estar contratada, sigue encadenando jornadas interminables, a menudo sin reconocimiento ni condiciones dignas.

Una de cada siete casas en España contrata a alguien para limpiar, cocinar, planchar o cuidar de mayores y niños. Pero eso no se traduce, ni de lejos, en una regulación laboral justa y completa.

Un cambio que se queda corto

El nuevo real decreto aprobado por el Gobierno, que obliga a los empleadores a realizar una evaluación de riesgos laborales cuando contratan a una trabajadora del hogar, parecía un paso adelante.

Sin embargo, las asociaciones del sector lo miran con recelo. ¿Por qué? Porque la evaluación será una autoevaluación sin supervisión profesional, y además, la inspección de trabajo no podrá entrar en los domicilios sin orden judicial.

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"En el papel suena bien, pero en la práctica, nada cambia si el empleador no tiene formación ni conciencia de lo que es un entorno seguro para su trabajadora", alerta Edith Espinosa, portavoz de la asociación Servicio Doméstico Activo. "No podemos confiar en que una persona que desconoce los derechos laborales sea quien valore los riesgos de su propia casa", añade.

Además, el decreto no toca uno de los aspectos más polémicos: el régimen de internas, que sigue permitiendo jornadas de más de 12 horas, sin horarios definidos y con descansos que, muchas veces, solo existen en la teoría.

El abuso a las trabajadoras domésticas

En verano, cuando muchas familias se van de vacaciones, el trabajo para muchas internas aumenta. No solo siguen encargándose del hogar, sino que a veces son obligadas a viajar con la familia, adaptarse a nuevas rutinas o hacerse cargo de personas mayores sin formación sanitaria.

"Como trabajas en mi casa y me voy de vacaciones en verano, te vienes conmigo a la playa", recuerda con ironía Jani Flores, otra trabajadora del hogar, sobre una de las frases que le dijeron en un empleo. Ella se negó y, desde entonces, la relación con sus empleadores se volvió insostenible. "Quisieron cambiarme las condiciones, no acepté, y de pronto ya no servía. Pasé a ser la mala".

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Este tipo de testimonios son comunes entre las mujeres que trabajan en hogares particulares: cambios unilaterales en los contratos, negación de días festivos, presión constante, represalias cuando ejercen sus derechos y, sobre todo, una falta absoluta de empatía.

"Las internas vivimos donde trabajamos, sin intimidad ni desconexión. Te acuestas pensando en las tareas del día siguiente y te despiertan antes del café porque ‘hay que aprovechar que estás aquí'", cuenta Delmi, visiblemente harta.

Un trabajo no reconocido

En 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el régimen especial de las empleadas del hogar en España era discriminatorio. ¿El motivo? No tenían derecho a paro. A raíz de esa sentencia, el Gobierno dio un primer paso: las trabajadoras domésticas pudieron empezar a cobrar desempleo.

Pero la reforma se quedó a medias. Aunque ahora tienen más derechos reconocidos, todavía no cotizan como el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Esto afecta directamente a su jubilación futura. Una trabajadora del hogar puede pasar décadas trabajando en diferentes casas, con cotizaciones mínimas, lagunas en su vida laboral y sueldos por debajo del salario mínimo si no hay contrato.

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Ahora, gracias al decreto, podrán negarse a trabajar si detectan un riesgo para su salud, y tendrán derecho a un reconocimiento médico gratuito a través del Sistema Nacional de Salud. Pero ¿serán informadas de este derecho? ¿Se atreverán a ejercerlo sin miedo a represalias?

Para muchas, el verdadero cambio no es legal, sino cultural. "Queremos un cambio de chip. Que la sociedad entienda que no somos sirvientas ni esclavas modernas. Somos trabajadoras con derechos, con cuerpo, con vida", exige Edith Espinosa.

El objetivo de las asociaciones es claro: acabar con el régimen de internas, integrar plenamente a estas profesionales en el régimen común de la Seguridad Social, vigilar que se respeten los contratos, descansos y vacaciones, y romper con la normalización de los abusos silenciosos que se repiten cada día en miles de hogares.