Imagen de archivo de la cámara principal del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
El Parlamento Europeo da luz verde a una reforma que refuerza el derecho al aborto a víctimas de violación
La Eurocámara ha aprobado el acuerdo de trílogos de la Directiva de víctimas, con el que se refuerza la protección a quienes sufran delitos en toda la UE.
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La Unión Europea sigue avanzando en la actualización del marco de protección a quienes viven en los Veintisiete. Este jueves, 21 de mayo, el Europarlamento ha dado el sí al acuerdo de trílogos sobre la revisión de la Directiva de Víctimas, que marca un gran avance en la ampliación de los derechos de ciudadanos que se hayan visto afectados por delitos en la UE.
Se trata de una reforma de gran alcance que refuerza la asistencia y el acceso a la justicia en todos los Estados miembros. La medida ha salido adelante con 440 votos a favor, 49 en contra y 84 abstenciones, y deberá ser adoptada formalmente por el Consejo antes de su entrada en vigor.
La actualización busca responder a una realidad persistente: cada año, alrededor de 70 millones de personas en la UE son víctimas de delitos y muchas de ellas afrontan solas los procesos judiciales, con escasa información y apoyo limitado. La nueva directiva introduce medidas para garantizar la protección de su dignidad en todas las fases.
La reforma pone énfasis en las víctimas con necesidades específicas, para las que se establece una evaluación individual a fin de adaptar su asistencia y se promueve un enfoque integral que incluya apoyo psicológico, médico y durante el proceso judicial. Para los menores, se impulsan espacios adaptados y servicios centralizados que eviten la revictimización.
Otro de los aspectos más destacados es la promoción explícita del acceso a la salud sexual y reproductiva para víctimas de violencia sexual, a través de servicios como la anticoncepción de emergencia, pruebas de detección de ITS o el acceso al aborto.
Esto, reza el texto, "debe llevarse a cabo respetando plenamente las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica, de conformidad con el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)".
Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, ha subrayado el carácter "histórico" de la reforma: “Hoy aprobamos la modificación más significativa de la protección de las víctimas en más de una década, y es muy importante para las mujeres y las niñas”.
La también eurodiputada de S&D ha recordado además que "una de cada tres europeas ha sufrido violencia", una de cada seis específicamente en su dimensión sexual, y que muchas no denuncian "para evitar la revictimización, porque no confían en las instituciones ni en la justicia, o porque creen que nadie les creerá".
"Pero estamos aquí para cambiar eso", ha insistido en un comunicado, remarcando que la nueva legislación "derriba los muros del miedo" garantizando un proceso más seguro, "líneas de ayuda en toda la UE y apoyo psicológico gratuito e informado sobre el trauma".
La inclusión de la referencia a los derechos sexuales y reproductivos ha sido precisamente uno de los puntos más controvertidos de la negociación, pero finalmente el acuerdo ha trascendido hasta el Europarlamento. Ahora, una vez sea avalado por el Consejo, el proyecto de directiva será publicado en el Diario Oficial de la UE y los Estados tendrán dos años para transponerlo.
En palabras de Gálvez, "es crucial para las supervivientes de violación que el acceso a información" sobre estos puntos "esté explícitamente contemplado en esta directiva". La socialista también ha recalcado que el próximo paso legislativo es una definición común de la violación por ausencia de consentimiento, como existe en España desde 2022.
La revisión de la directiva también incluye mejoras como el establecimiento de líneas de ayuda para proporcionar información, apoyo y derivaciones a los servicios pertinentes, disponibles en línea, a través de aplicaciones y mediante un número de teléfono 116 006 válido en toda la Unión Europea.
Igualmente, introduce la posibilidad de denunciar delitos penales en línea, incluso para personas cuya libertad está restringida, como nacionales de terceros países en centros relacionados con la inmigración, o personas internadas en centros de atención como residencias de ancianos o centros para personas con discapacidad).
Imagen de archivo de una adolescente utilizando el ordenador.
Javier Zarzalejos, correlator de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ha calificado la revisión de "importante paso adelante" para garantizar "una mejor protección y la igualdad de derechos, incluso en el entorno digital y en casos que involucran a víctimas particularmente vulnerables", como los niños que sufren abuso sexual en internet.
Por su parte, la eslovaca Lucía Yar, correlatora de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, ha declarado: "Hemos transformado un marco obsoleto en una legislación moderna que refuerza sus derechos, mejora la protección y subsana importantes deficiencias en el acceso a la ayuda".
"En un momento en que algunos Estados miembros están debilitando las protecciones y modificando las leyes para favorecer a los perpetradores, el Parlamento Europeo apoya firmemente a las víctimas. Nuestro mensaje es claro: sus derechos no son una consideración secundaria; son la base de la justicia", ha concluido en un comunicado.
Aumentan los delitos sexuales
Los datos muestran una tendencia al alza de la denuncia de estos crímenes en la última década. Según los datos más recientes de Eurostat, la Unión Europea registró 256.302 delitos de violencia sexual en 2024, de los cuales el 38% correspondía a violaciones, mientras que en 2014 la cifra era de 131.952, con su respectivo porcentaje del 29%.
En este sentido, Francia, Alemania y Suecia lideraron las cifras más elevadas, mientras que Chipre, Malta y Lituania registraron las más bajas. En cualquier caso, los números deben ponerse en contexto, y es que un aumento de los delitos cuantificados podría estar también relacionado con una mayor concienciación sobre la importancia de denunciar estos casos.
Los datos se hicieron públicos coincidiendo con un momento en el que la Eurocámara reclama una definición única de violación en toda la UE basada en la ausencia de consentimiento libre e informado, bajo el principio de "sólo sí es sí" adoptado por España, cuya estela han seguido otros países europeos que han introducido recientemente leyes al respecto.
En este sentido, Francia ratificó en 2025 una enmienda para añadir el consentimiento a la definición legal de agresión sexual y violación, a la luz del impacto que tuvo el juicio por violación de Gisèle Pelicot el año anterior.
La resolución del Parlamento Europeo insta a que únicamente se considere válida una "indicación clara, afirmativa, libremente dada e inequívoca del consentimiento" en las relaciones sexuales, y añade que "el silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse" como tal.
Ahora corresponde a la Comisión Europea proponer la legislación, que luego tendría que ser aprobada por los Estados miembros de la Unión.
