Siete votos a favor y dos en contra dictaminaron este miércoles la despenalización del aborto en casos de violación en la Corte Constitucional de Ecuador, un progreso feminista que se produce en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad planteada por agrupaciones de mujeres en 2020. 

En ella, las organizaciones defensoras de derechos de la mujer buscaban una interrupción del embarazo legal siempre que este sea producto de una violación, por incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto.

"La despenalización del aborto por violación es un avance necesario, aunque incompleto, las mujeres ecuatorianas seguiremos luchando para ejercer el derecho a ser libres de disfrutar, defender, proteger nuestro cuerpo y salud integral", aclamaban en un comunicado la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.

Ecuador permitirá abortar en caso de violación.

¿En qué se traduce?

El alto tribunal declaró inconstitucionales los artículos 149 y 150 del Código Integral Penal (COIP), el primero de los cuales establecía penas privativas de libertad de entre seis meses a dos años para una gestante que abortase o toda persona que interviniera en la interrupción voluntaria del embarazo.

El segundo artículo precisaba las dos situaciones en las que el aborto no era punible, y que según las organizaciones de mujeres era discriminatorio en relación con otros casos de violación, fundamento de la demanda de inconstitucionalidad presentada en junio pasado. En 2019, el Parlamento ecuatoriano rechazó la ampliación de las causas del aborto en un proyecto de reformas al COIP y la Corte Constitucional consideró entonces un error de técnica legislativa una demanda para revisar un veto presidencial al proyecto.

Un hito

Mientras tanto, a las puertas de la sede de la Corte decenas de mujeres con pañuelos de color verde, mensajes feministas y al coro de consignas en contra de la violación se unían en una reunión llena de sororidad que es un claro reflejo del malestar social que empapa el país. "Decidir es nuestro derecho" o "Aquí están, estos son, los que quieren la violación", eran algunos de los mensajes que podían leerse y escucharse. 

Frente a ellas, un grupo de antiabortistas gritaban "no al aborto, sí a la vida" o "el aborto no es un derecho", en contraposición a las ideas transmitidas por el primer grupo. 

Ideas que apoyaba este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), monseñor Luis Cabrera, a través de una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional en la que le manifestaba que "el crimen de la violación no se soluciona con otro crimen", que podría haber servido de impulso a los detractores.

Mucho que hacer

Aún así, los datos preocupan. Las cifras oficiales indican que 14 menores de 14 años y 159 adolescentes dan a luz cada año en el país producto de violencia sexual. Números que se traducen en voces, caras y vidas, y que suponen que este hecho histórico sea solo un paso en más en el camino hacia la libertad de la mujer. 

Mientras tanto, las mujeres de Ecuador seguirán insistiendo hasta conseguir la completa despenalización de la interrupción del embarazo. Un derecho que ya se ha conseguido en países latinoamericanos como Argentina, donde se aprobó la propuesta para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, o en Uruguay, Cuba o Puerto Rico, donde también se ha legalizado en los últimos años. 

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