Más de 1.000 afectados por el plan Moves III reclamarán al Gobierno las ayudas bloqueadas al encontrarse en un vacío legal

¿La razón? La ampliación del programa de ayudas para la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) Moves III realizada a finales de 2024 quedó derogada a mediados de enero del año siguiente por el Congreso de los Diputados.

Esta situación provocó que miles de particulares quedasen excluidos a la hora de beneficiarse de estos incentivos. De hecho, se estima que hay alrededor de 2.700 afectados en España.

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Cabe recordar que las ayudas máximas a la compra de vehículos eléctricos ascendían hasta los 7.000 euros para los turismos (9.000 euros para los vehículos comerciales) en caso de achatarrar un modelo de más de siete años.

En caso de adquirir un modelo híbrido enchufable y achatarrar un modelo de hasta siete años, el importe de la ayuda se situaba en los 5.000 euros.

Normativa

El Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, recogía en su disposición final décima la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de incentivos ligados a la movilidad eléctrica. Dicha normativa ampliaba estos incentivos hasta el 30 de junio del 2025.

Ahora bien, el 22 de enero de 2025, el Congreso de los Diputados derogó este real decreto, por lo que todas las operaciones realizadas hasta ese día quedaron en un limbo legal.

El 1 de abril de 2025 se aprobó el Real Decreto-ley 3/2025. En él se recogía el programa de incentivos para la movilidad eléctrica del ejercicio en curso.

Y es aquí donde surge el vacío legal. Las operaciones realizadas bajo el Real Decreto-ley 9/2024 quedaron derogadas el 22 de enero, por lo que no se podían beneficiar de las ayudas de la nueva normativa, pero tampoco de la anterior.

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Cabe puntualizar que, durante los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, se matricularon en el mercado patrio un total de 38.985 turismos electrificados. Ahora bien, no todas estas operaciones se beneficiaron de los incentivos del Moves III, bien por quedar excluidas al superar el umbral máximo o bien porque los clientes decidieron no acogerse a ellos.

Ante este vacío legal, se configuró la Plataforma de Afectados Moves III. Dicha plataforma, organizada a través del canal de Telegram 'Comunidad Afectados Moves III', cuenta con más de 1.000 afectados, los cuales interpondrán dicha acción de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno.

Una vez presentada esta reclamación de daños y perjuicios, el Ejecutivo dispondrá de seis meses para resolverla. En caso de no contar con una respuesta, la Plataforma acudirá a la vía judicial a través del Tribunal Supremo. Con todo, se prevé que el contencioso se resuelva en un plazo de hasta dos o tres años.

Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que defiende a esta plataforma, asegura que “a nuestro parecer, el comportamiento de la Administración vulneró el principio constitucional de seguridad jurídica y la confianza legítima de los ciudadanos".

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"Ello, induciendo a error y generando expectativas de derecho, posteriormente frustradas sin que mediase causa justificada. Algo que pone a los perjudicados en un limbo legal y económico, carente de mecanismos adaptativos habituales en estas situaciones. De ahí que hayamos decidido interponer esta acción de responsabilidad patrimonial que en su conjunto puede ser millonaria”, asegura Benítez en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Yo compré y pagué el coche el 23 de diciembre con el plan prorrogado, achatarré mi vehículo el 30 de diciembre y la solicitud se presentó antes de que se derogara el decreto. Cumplí todo y hoy estoy sin la ayuda y sin coche", asegura a este diario Iván Ponce, representante de la Plataforma de Afectados Moves III.

Baleares solventa el error

Lo cierto es que el Plan Moves III estaba gestionado por las comunidades autónomas. Una situación que provocaba que los pagos se demoraran hasta los dos años en algunos casos.

Sin embargo, tan sólo una ha solventado este vacío legal: Islas Baleares. La comunidad balear aprobó el 14 de octubre de 2025 una convocatoria extraordinaria de ayudas, financiada íntegramente con fondos autonómicos, para atender a los afectados de su territorio.

El Ejecutivo balear aprobó una convocatoria que contaba con un presupuesto de 340.000 euros (250.000 euros en 2025 y 90.000 euros en 2026) enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024–2026 de la Comunidad Autónoma.

Ahora bien, según datos de la Plataforma de Afectados Moves III, de los más de 1.000 afectados, 860 realizaron estas compras en Cataluña.

Plan Auto+

En la actualidad, el Ejecutivo ha introducido algunos cambios de cara al nuevo programa de ayudas, denominado Plan Auto+ y que cuenta con 400 millones de euros. Para empezar, este programa de ayudas estará centralizado por el Gobierno con el fin de agilizar la tramitación de los incentivos.

Pero la ayuda también será menor, al tiempo que beneficiará más a aquellos vehículos producidos en el Viejo Continente.

Dicho programa de ayudas fue incluido en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, relativo al plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Próximo. Una normativa que fue ratificada por el Congreso de los Diputados el pasado 26 de marzo.

Se recogió a través de un crédito extraordinario de 400 millones y dividido en: 42 millones para empresas privadas, ocho millones para autónomos y otros 350 millones para familias. No obstante, no recoge ninguna medida a la hora de solventar el vacío legal de los afectados del Plan Moves III.