Un perro en un coche.

Un perro en un coche. Istock

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Australia endurece la ley: casi 30.000 euros de multas y 12 meses de prisión por dejar a los perros en un coche caliente

El Gobierno de Nueva Gales del Sur ha eliminado la ambigüedad de la ley anterior de 1979 e incrementado las sanciones.

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Angelica Rimini
Publicada

El estado de Nueva Gales del Sur ha implementado la actualización más profunda de su legislación sobre bienestar animal en los últimos cuarenta y cinco años, introduciendo sanciones drásticas que buscan erradicar negligencias históricas.

El núcleo de esta reforma es la creación de un delito específico para quienes dejen a sus perros desatendidos en vehículos bajo condiciones de calor extremo.

Esta medida responde a una realidad climática donde, en un día de 30°C, el interior de un coche puede escalar hasta los 70°C en cuestión de minutos, provocando daños orgánicos irreversibles o la muerte del animal por golpe de calor.

Nuevas sanciones económicas

Bajo el nuevo marco legal, las autoridades han elevado las sanciones económicas hasta un máximo de 27.101,80 euros, complementadas con la posibilidad de imponer penas de hasta 12 meses de prisión.

Este endurecimiento busca eliminar la ambigüedad de la ley anterior,que databa de 1979, y permite a la policía y a los inspectores de bienestar animal actuar con mayor rapidez y contundencia.

La reforma no solo penaliza el encierro en vehículos, sino que también aborda la seguridad en el transporte, prohibiendo que los perros viajen en la parte trasera de camionetas sobre superficies metálicas sin protección, debido al riesgo crítico de quemaduras graves en sus extremidades.

Además del control térmico, la ley prohíbe ahora de forma estricta la posesión y el uso de collares de púas metálicas, integrándolos en la categoría de dispositivos que causan sufrimiento innecesario.

Peleas de animales

Paralelamente, se han incrementado de forma masiva las multas para actividades delictivas organizadas, como las peleas de animales, que ahora pueden alcanzar los 67.754,50 euros y penas de hasta dos años de cárcel.

Estas cifras sitúan a la región a la vanguardia de la protección animal en el país, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad legal de los propietarios. Un aspecto técnico relevante de la nueva normativa es la ampliación de poderes para los inspectores de organizaciones como la RSPCA.

A partir de ahora, estos profesionales tienen autoridad legal para administrar analgésicos de emergencia a animales encontrados en estado de sufrimiento agudo, agilizando la asistencia veterinaria básica antes de que el animal sea trasladado a una clínica.

Con este conjunto de medidas, el gobierno estatal busca no solo castigar el maltrato deliberado, sino también elevar el estándar de cuidado mínimo exigible a cualquier ciudadano que conviva con un animal.