Manifestación contra Vivotecnia.
Vivotecnia ante la justicia: el caso que inspiró la nueva Ley de Bienestar Animal llega finalmente a juicio
En los juzgados de la calle Julián Camarillo de Madrid están reunidos para denunciar el caso de experimentación animal que desató polémicas por todo el mundo.
Más información: Los animales que se quedan fuera de la ley de bienestar: "Excluir a los más castigados no es legislar. Es mirar a otro lado"
Carlota Saorsa (pseudónimo utilizado por seguridad) no era una empleada cualquiera que trabajaba en la empresa Vivotecnia, en la sede de Tres Cantos (Madrid). Cada día que entraba al laboratorio, detrás de su rostro sin expresión, se escondía una activista experimentada que entró allí con una misión muy clara desde el primer día.
La joven formaba parte de una investigación encubierta de la organización internacional Cruelty Free Internacional (CFI) y su intervención no fue una acción puntual. Fue la infiltración más larga jamás conocida en un laboratorio de experimentación animal.
Durante casi dos años documentó el día a día del laboratorio con grabaciones que revelaron una dinámica de maltrato sistemático. La cámara de Carlota registró al personal burlándose de animales que estaban agonizando, manipulaciones bruscas, procedimientos dolorosos y todo tipo de violencia física.
Gracias a ella, el caso Vivotecnia salió a la luz en 2021 y hoy recibe su justicia. Las imágenes difundidas por la CFI provocaron una oleada de indignación social en España y el resto del mundo. Cinco años después son la base fundamental de la denuncia penal que ha llevado a los responsables ante la justicia.
Infiltrada en el búnker
La historia de Carlota Saorsa ha sido llevada al cine en el documental Infiltrada en el búnker (2025) que narra la complejidad de su misión y el coste emocional de ser testigos de tanta injusticia para que la sociedad viera lo que ocurría tras las puertas cerradas del laboratorio.
Consiguió su puesto de técnica de laboratorio de forma legítima, pasando los procesos de selección y ganándose la confianza de sus superiores. Se comportó como una trabajadora modelo para no levantar sospechas.
![Una imagen de los galgos que había en el interior de las instalaciones de Viñals.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/07\/24\/reportajes\/690191342_226035850_320x180.jpg"])
Llevaba dispositivos de grabación ocultos en su propio cuerpo, en la ropa y los accesorios y logró colocar cámaras en puntos estratégicos del laboratorio. En diversas entrevistas, y en el mismo documental, explica que lo más difícil no fue la parte técnica, sino la psicológica.
Frente a la crueldad extrema, Carlota no podía intervenir. Si se quejaba o intentaba detener el maltrato, la habrían despedido, la grabación se habría perdido y el laboratorio habría seguido operando en la sombra. Pero tuvo que resistir para un fin mayor: sacar esos animales de allí.
Liberad a los animales
Cuando el caso estalló, miles de personas pidieron el decomiso de los animales. Sin embargo, muchos de ellos eran considerados como parte de las pruebas del proceso judicial y no pudieron salir.
Legalmente los animales pertenecían a los clientes de Vivotecnia y aunque la actividad del laboratorio se suspendió temporalmente, la Comunidad de Madrid decidió que los animales se quedaran dentro bajo la supervisión de veterinarios oficiales.
Sin embargo, cuando la empresa volvió a su actividad, en 2022 se reveló que 38 cachorros de Beagle iban a ser sacrificados tras un experimento de toxicidad vinculado a la Universidad de Barcelona. Las protectoras y la ciudadanía se movilizaron y lograron que 32 de estos perros fueran entregados en adopción.
Ahora, el sistema legal todavía protege la permanencia de los animales dentro de los laboratorios incluso tras escándalos de este tipo. El objetivo de la acusación de hoy es que, si hay una condena firme, se pueda establecer un precedente para el decomiso inmediato de los animales. Cuando se detecta un maltrato sistemático, no es suficiente una suspensión de tres meses.
Una nueva ley, un nuevo juicio
La campaña Cerremos Vivotecnia por los animales se está ocupando de ello. Fue cuando salieron las primeras imágenes de las condiciones de los animales en la empresa que empezaron a movilizarse.
Salieron a la calle y consiguieron que la Comunidad de Madrid cerrara el laboratorio, pero solamente desde abril de 2021 hasta junio, tres meses. Luego, Vivotecnia volvió a su actividad normal.
Un beagle de Vivotecnia.
La administración consideró que la empresa había empleado medidas correctoras suficientes, como cámaras de seguridad, nuevos protocolos de supervisión y cambios en el personal, como para garantizar el bienestar animal.
Vivotecnia afirmaba que la violencia reportada por las imágenes se debía a acciones individuales de trabajadores que no representaban la cultura de la empresa. Despidieron a los que aparecieron en los vídeos y contrataron auditorías privadas para certificar que sus protocolos cumplían con la ley.
Por esto, en tan poco tiempo, volvió a operar casi con normalidad mientras el proceso seguía su curso lento. “Al principio, la ley española de 2021 no permitía imputar a empresas por maltrato animal”, afirma Paloma Serrano, portavoz de la campaña.
Fue en 2023 cuando cambió la Ley de Bienestar Animal que Vivotecnia se sienta en el juicio únicamente como responsable civil subsidiario. Esto significa que solo responderán económicamente si los trabajadores condenados no pueden pagar las multas o indemnizaciones.
A pesar del boicot social, en los últimos cinco años, la empresa siguió recibiendo fondos públicos y contratos de instituciones oficiales. “Ha habido bastante obstrucción con el proceso en cuanto a las pruebas, pero por fin ha llegado la fecha en la que se va a celebrar el juicio”, afirma Paloma.
El juicio
En los juzgados de la calle Julián Camarillo de Madrid están reunidos para denunciar no la existencia de la experimentación animal, que es legal, sino la extralimitación violenta e ilegal de la misma.
Como nos confirma Paloma, a juicio se llevan dos hechos muy concretos. Se juzga a dos técnicos de laboratorio por presuntos delitos de maltrato animal. En los vídeos grabados se observa que algunos animales, en particular un conejo, durante las intervenciones, no están sedados.
Según el Real Decreto 53/2013, cuando se realizan punciones y procedimientos invasivos, se obliga a minimizar siempre el dolor y el sufrimiento a través de la anestesia. Una de las imágenes que más han circulado es la de una rata que chilla mientras le extraían sangre del ojo.
Debido a que el caso ocurrió en 2021 (antes de la reforma del Código Penal de 2023), las penas están limitadas por la ley antigua. Se pide 1 año de cárcel para cada acusado y se solicitan 3 de inhabilitación. Se busca que la empresa, como responsable subsidiaria, pague las multas e indemnizaciones derivadas de estos actos.
Aunque las penas puedan parecer pequeñas, este juicio es fundamental porque rompe con la impunidad y define un límite muy claro. Es la primera vez que trabajadores de un laboratorio de este calibre se sientan en un banquillo penal.
No se juzga al laboratorio, se juzga la barbarie documentada en el laboratorio. El juicio determina que “hacer ciencia” no da carta blanca para el sadismo o la negligencia.
