Confirmado por el Derecho Internacional: si un país entra en guerra se prohíbe atacar al ganado pero no a las mascotas

En los últimos años, las imágenes de refugiados ucranianos cruzando fronteras con sus gatos en hombros dieron la vuelta al mundo. Los zoológicos bombardeados en Gaza y los caballos abandonados en las estepas del Donbás evidenciaron una realidad que la diplomacia suele esquivar: no existe un "Convenio de Ginebra" para los animales.

Mientras que leyes nacionales, como la reciente Ley de Bienestar Animal en España, endurecen las sanciones por dejar a un perro suelto, en el tablero internacional las reglas son mucho más ambiguas cuando caen las bombas.

El marco legal que rige las guerras, el Derecho Internacional Humanitario (DIH), padece de una ceguera antropocéntrica que deja a millones de animales en un absoluto vacío legal.

Una protección "por rebote"

La escalada de tensión en Oriente Medio, tras los recientes incidentes entre Irán e Israel, y la cronificación de la guerra en Ucrania y Rusia, han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Quién protege a los animales en mitad de una guerra?

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A diferencia de los humanos, los animales no tienen un estatuto propio en los Convenios de Ginebra. Sin embargo, el DIH les otorga una protección bajo la figura de bienes de carácter civil.

Esto significa que, técnicamente, un ejército no puede atacar deliberadamente un refugio de animales o una zona de pastoreo, a menos que se hayan convertido en un objetivo militar, por ejemplo, si se usan caballos para transportar munición. No obstante, la muerte de miles de animales se suele despachar en los informes militares como "daño colateral".

El ganado de Gaza

En la Franja de Gaza, la situación es crítica. El DIH prohíbe explícitamente atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. El ganado (ovejas, cabras y aves de corral) entra en esta categoría.

Sin embargo, la destrucción de tierras agrícolas y la falta de forraje han diezmado la población animal, lo que agrava la hambruna humana. Aquí, la ley internacional es clara pero su cumplimiento es inexistente: atacar el sustento animal es, indirectamente, un ataque a la vida humana.

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En el frente de Ucrania, la protección animal se ha vinculado directamente con el concepto de ecocidio. Los ataques a reservas naturales y la contaminación de suelos por metales pesados afectan a la fauna silvestre de ambos lados de la frontera.

Bajo el Protocolo Adicional I de Ginebra, está prohibido emplear métodos de guerra que causen "daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural".

Ucrania ha intentado elevar estos casos ante tribunales internacionales, argumentando que la muerte masiva de delfines en el Mar Negro y de animales en zoológicos de zonas ocupadas por Rusia son crímenes de guerra ambientales.

El ataque legal

En estos contextos, el DIH protege estas instalaciones bajo la misma lógica que una escuela o un hospital: si no hay un uso militar probado, el ataque es ilegal. Principalmente por una cuestión de jerarquía de prioridades.

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Los Estados temen que, si se otorgan derechos legales a los animales en combate, esto pueda interferir con las operaciones militares o desviar recursos críticos (comida, medicinas, transporte) que "deberían" ser para los humanos.

La desconexión entre nuestras leyes de casa y las leyes de la guerra es total. Mientras un ciudadano en Madrid o Berlín puede ser multado por no cuidar el bienestar de su mascota, esa misma mascota, al cruzar la línea de un frente de batalla, pierde su identidad como ser vivo ante los ojos de la ley internacional.