Debemos preguntarnos si estamos ante un problema laboral, sanitario y empresarial. O simplemente un nuevo fenómeno de absentistas con pedigrí que encuentran el terreno abonado para aprovecharse del sistema.

Me temo que el fenómeno del absentismo laboral en España contiene un poco de todo lo anterior. Por eso conviene abordarlo sin dogmatismos y, sobre todo, sin caer en la fácil tentación de convertir cualquier debate sobre la empresa en una suerte de lucha de clases o, lo que es peor, poner a la empresa y a los empresarios de villanos.

La CEOE ha vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación que no debería pasar desapercibida. La petición es clara y directa: que la Seguridad Social asuma el coste total de las bajas laborales desde el primer día, incluyendo cotizaciones y prestaciones durante los primeros quince días de incapacidad temporal.

Es lo que ha pedido D. Antonio Garamendi, el “presi” de la CEOE, recordando un hecho preocupante: casi el 69% de los procesos de IT duran menos de quince días, justo el tramo que más impacto tiene sobre las empresas, especialmente sobre las pymes, sin poder pasar por alto que España es un país de pymes, por si a alguien se le ha olvidado.

Seguro que habrá quien diga que la patronal defiende solo sus intereses. Claro que sí. Como también los sindicatos defienden los suyos cuando reclaman más permisos, más derechos retribuidos o más rigideces en el mercado laboral. La cuestión importante no es quién pide, sino quién paga. Y, como casi siempre (bueno, más bien siempre), la fiesta la termina pagando la empresa.

Cierto es que una baja médica justificada debe estar protegida y justificada. Faltaría más. Un trabajador enfermo no puede quedar abandonado a su suerte. Un país como España debe cuidar a quien atraviesa una enfermedad, un accidente o una situación personal grave.

Por el contrario, el Estatuto de los Trabajadores en España ampara una cuestionada prebenda que permite a un empleado disfrutar de cinco días de permiso 100% retribuidos por la operación de cataratas de su cónyuge de 45 años, aun cuando este goce de perfecta visión en el otro ojo y plena autonomía.

Esta distorsión legal ocurre porque el derecho no se vincula a la dependencia real o gravedad del paciente, sino al mero formalismo de un justificante médico que prescriba "reposo domiciliario" tras la cirugía ambulatoria.

Para más inri, el Tribunal Supremo ratifica que el permiso se concede íntegro e independiente de la evolución del familiar, obligando a las empresas a costear una ausencia de cinco días laborables por una intervención rutinaria que apenas interrumpe la vida diaria del intervenido, evidenciando el aumento desproporcionado del absentismo, y que como ya se ha dicho, termina pagando las empresas again.

El problema radica en cargar sobre la espalda de la empresa demasiadas responsabilidades, y algunas de ellas se deberían derivar al ámbito público, sencillamente porque la empresa ya no puede soportar más carga.

Este fenómeno del absentista lejos de remitir va a más, a lo que hay que sumar los permisos, las bajas, las sustituciones y una larga nómina de conquistas sociales, pero pocas veces se explica con honestidad quién las financia.

¿No es más cierto que la gran empresa puede soportar mejor estas tensiones? Y no digamos las administraciones públicas y empresas públicas que tiran con pólvora del Rey. Estas grandes corporaciones privadas y públicas tienen músculo financiero, capacidad de reorganización y plantillas más amplias.

Pero una pyme no está en esa liga. Cuando en una Pyme falta un trabajador, no desaparece una pieza secundaria, se resiente todo el engranaje. Se sobrecargan los compañeros, se atiende peor al cliente, se incumplen plazos y se erosiona el margen. Ergo, el absentismo no es una estadística fría, más bien una gota malaya que golpea cada día la viabilidad de miles de empresas.

Según la información publicada, alrededor de 1,6 millones de trabajadores faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales 1,4 millones lo hacen por baja médica. El coste directo asociado a prestaciones y cotizaciones adicionales se situaría en torno a los 33.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente 17.000 millones recaerían sobre las empresas. Ante el baño de realidad que nos da estas cifras, el asunto es muy serio, yo diría que dramático.

No se trata de perseguir enfermos y a supuestos enfermos. Se trata de proteger mejor a quien realmente lo necesita y, al mismo tiempo, controlar mejor los abusos. La propia AIReF ha señalado que el 25% de los trabajadores concentra el 55% de las bajas por incapacidad temporal. Ese dato, por sí solo, debería obligar a estudiar el fenómeno con rigor, sin prejuicios ideológicos y sin miedo a incomodar.

¿Qué medidas cabrían adoptar?

En primer lugar, exonerar a las empresas del coste de las bajas de corta duración. Si hablamos de enfermedad, hablamos de una contingencia social y sanitaria. Por tanto, debe ser el sistema público quien asuma el grueso del coste, no el empresario que ya soporta salarios, cotizaciones, impuestos in crescendo, inflación, etc.

En segundo lugar, reforzar la inspección médica. No para convertir al médico en policía, sino para dotarlo de medios, apoyo y criterios objetivos. Hoy muchos facultativos están saturados, presionados por agendas imposibles y sin herramientas suficientes para distinguir entre necesidad real y la picaresca española.

En tercer lugar, dar más protagonismo a las mutuas, con controles y garantías, pero sin complejos. Si pueden ayudar a reducir listas de espera, agilizar diagnósticos y facilitar reincorporaciones seguras ¿qué estamos esperando?

El corolario a este artículo no es otro que el absentismo laboral no es un problema de la CEOE, ni de los autónomos, ni de los empresarios que supuestamente se quejan por deporte. Es un problema de país. Porque un país que debilita a sus empresas termina empobreciendo a sus trabajadores. Sin empresas competitivas no hay empleo estable, ni salarios dignos, ni recaudación suficiente, ni estado del bienestar.

Protejamos al trabajador enfermo con todos los recursos del Estado y de las empresas. Pero no permitamos que nuestras Pymes sigan enfermando con esta pandemia que es el absentismo desbocado.