He tenido el raro y desgraciado privilegio de ver arder la Mezquita-Catedral de Córdoba. Es un suceso que sólo ha ocurrido tres veces a lo largo de su historia, la última el pasado viernes 8 de agosto de 2025. Me dirigía con mi mujer a la judería a dar un paseo y cenar algo, cuando saltó un mensaje en su móvil y vimos las llamaradas que emergían por encima de la techumbre, y dos minutos después ya estábamos en la zona acordonada, llena de coches de policía local y nacional, y pudimos oler a quemado, casi tocar el olor a quemado, al igual que los turistas y curiosos que deambulaban por la zona.
El incendio alegró a varios centenares de personas, que en las redes lamentaban que el fuego se hubiese quedado corto. En España, en 2025, hay centenares, quizás cientos de miles de personas dispuestas a llegar más lejos que Fernando III el Santo, conquistador de la ciudad, y que los Reyes Católicos, que preservaron la Mezquita hace varios siglos, en plena guerra, conscientes de su valor patrimonial y de su trascendencia monumental.
Quienes han salvado la Mezquita en 2025 han sido los bomberos, gracias a su actuación profesional, rápida y decidida. Y el origen del fuego no ha estado en un accidente, o en un rayo -como contempla el Plan Director del conjunto monumental-, sino que se ha originado en una capilla utilizada como almacén, donde se cargaba una barredora eléctrica rodeada de papeles y sillas, y quizás incluso de productos de limpieza inflamables, aunque esta información debe ser confirmada por el informe pericial. No ha sido un accidente, ha sido una negligencia.
“Las barredoras llevan muchos años ahí y nunca ha pasado nada, hasta ahora”, ha declarado el deán de la catedral, responsable de la conservación y mantenimiento de las instalaciones, que son propiedad del cabildo catedralicio. Una frase imprudente y sincera que revela cómo se hacen las cosas.
La limpieza del Patio de los Naranjos corresponde a SADECO, la empresa de limpieza municipal, ya que el Patio permanece abierto todo el año, y es lógico que asuma la limpieza la ciudad, aunque todo el conjunto sea propiedad de la Iglesia.
Surge entonces la duda sobre la propiedad de la barredora siniestrada, sobre la posible responsabilidad de SADECO o de la empresa fabricante, y sobre la pertinencia o no de cargar una barredora eléctrica rodeada de material potencialmente inflamable en una capilla utilizada a todos los efectos como almacén.
Sobre este último punto, una visita urgente de ICOMOS -organismo asesor de la UNESCO- a raíz del incendio, ha desvelado que este asunto ya se trató en una visita anterior. Es decir, que se trataba de un hecho conocido y que no se había corregido.
El Plan Director, presentado en 2021 y aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura en diciembre de 2023, menciona 96 veces la palabra “incendio”, y enumera todas las actuaciones llevadas a cabo para la prevención del riesgo de incendio, un evento de “riesgo medio”.
El Plan Director emana de un antiguo Plan Nacional de Catedrales, de 1996, y de un Acuerdo firmado entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en 1998, y ya entonces se definían los contenidos de este documento que debe reflejar todo lo relacionado con la conservación, mantenimiento y explotación de las catedrales andaluzas.
Llama la atención que el Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba tenga su base en unos acuerdos que se referían en todo momento a la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, pero esa es harina de otro costal.
En el documento de apenas 8 páginas en el que la Comisión Provincial de Patrimonio aprueba el Plan Director de 280 páginas, ya se hace un llamamiento a la limitación de usos del complejo Mezquita-Catedral: los técnicos de la Junta de Andalucía ya habían advertido un cierto abuso de usos “lúdicos”, como conciertos y otros espectáculos, ajenos a una gestión prudente de un conjunto monumental tan frágil y valioso.
El cabildo catedralicio valoró la aprobación provincial y asumió las recomendaciones. La aprobación definitiva corresponde a una Comisión integrada por el propio Obispado, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura, que aún no se ha producido.
En el ordenamiento español siempre hay organismos intermedios y comisiones de seguimiento que sólo se reúnen cuando ya es demasiado tarde, o lo hacen tan sólo para cumplir con la obligada frecuencia burocrática y administrativa.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía ha defendido la “gestión excelente” que ha hecho el cabildo y ha dicho que funcionó el plan de autoprotección. Cabe preguntarse cómo fue posible que las llamas besaran el cielo claro de Córdoba, alcanzando una altura más que amenazante, si funcionó el sistema.
Lo cierto es que fueron los bomberos los que salvaron la Mezquita porque se produjo una anomalía negligente que no estaba contemplada ni en el Plan Director ni en el plan de autoprotección. Poner a cargar una barredora eléctrica en una capilla utilizada de manera irregular como almacén, acumulando alrededor material que no debería estar ahí no es un hecho contemplado por los sistemas anti-incendios, porque es algo que nunca debió producirse.
De hecho, se ha reconocido a posteriori que ya se habían adquirido un par de locales cercanos para su uso como almacén, lo que demuestra que la irregularidad se conocía y que se toleraba, porque “nunca ha pasado nada”.
El siniestro se produjo cinco días después de la presentación de los resultados económicos de la gestión de la Mezquita-Catedral: más de 22 millones de euros de ingresos en 2024, de los que casi dos millones se destinaron a conservación y mantenimiento.
La memoria de actividades tiene casi dos centenares de páginas, pero la información económica sólo ocupa, en un documento aparte, la portada y una página. La Iglesia Católica no paga impuestos por la venta de entradas y la explotación de la Mezquita-Catedral. En la página web, en el portal de transparencia, tampoco aparece un informe de auditoría, que sería valioso y aportaría solidez a las cuentas, dado el volumen de facturación alcanzado.
El incendio ha reabierto el debate sobre la titularidad del complejo monumental y sobre su gestión, que ejecuta en solitario el cabildo catedralicio. Es oportuno pensar qué habría pasado si se hubiese consumado la tragedia.
En primer lugar, habría desaparecido un conjunto que es Patrimonio de la Humanidad, es decir, de todo el planeta, sin distinción de credos o ideologías. En segundo lugar, la pérdida para el propio cabildo habría sido irrecuperable. Pero, en tercer lugar, es necesario advertir que un incendio de la Mezquita de Córdoba puede suponer un golpe de extrema gravedad para la propia economía de la ciudad, cuyo principal y más reconocible atractivo es precisamente la Mezquita.
¿Cuántos turistas habrían dejado de venir? ¿Cuántos establecimientos hoteleros y de restauración habrían sufrido un golpe de consecuencias catastróficas? Las estadísticas casi coinciden: en 2024 la provincia de Córdoba recibió 2.079.631 turistas en 2024, y se vendieron exactamente 2.186.774 entradas.
No es una correlación científica, pero da una pista de lo que se quiere exponer. Si el riesgo de incendio era “medio” en los documentos mencionados, el riesgo para la ciudad era y es catastrófico. Y un riesgo de estas características exige una gestión a la altura, además de la asunción -nunca mejor dicho- de responsabilidades por parte de quien corresponda.
¿Es consciente el cabildo catedralicio de lo que está gestionando, de la importancia que tiene lo que está en sus manos? El primer monumento más visitado de Andalucía es la Alhambra de Granada, con 2’7 millones de entradas vendidas en 2024.
La gestión de la Alhambra corresponde a un Patronato, donde están representadas todas las instituciones públicas. El Defensor del Pueblo de Andalucía, que impulsó activamente la aprobación provincial del Plan Director en 2023, debido a las quejas formuladas por la Plataforma Mezquita de Córdoba, ya apuntó esa posibilidad en el año 2018. Y la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, podría abrir la puerta a ese escenario.
En Córdoba este asunto no es nada pacífico, no sólo por la inmatriculación del inmueble por parte de la Iglesia Católica, también por la memoria reciente de la quiebra de Cajasur, la entidad financiera dirigida por eclesiásticos, que fue comprada por 1 euro por Kutxabank y reflotada gracias a la gestión profesional de los nuevos directivos vascos. La salvación tuvo que venir de fuera.
El Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía se han apresurado a manifestar su disposición a colaborar con fondos públicos en la reconstrucción de la parte incendiada y hundida. El cabildo ha contestado que lo harán con fondos propios.
La sociedad civil -sobre todo la Plataforma Mezquita de Córdoba- ha demostrado conocimiento y solvencia, haciendo las preguntas oportunas. Así que en este momento sólo queda plantear lo que se quiere hacer, que parece muy sencillo. En primer lugar, hacer todo lo posible para que nada de esto pueda volver a ocurrir, y para eso es necesario hacer la autopsia al cadáver antes de enterrarlo, utilizando un símil forense.
Saber qué ha pasado, por qué ha pasado y quién lo ha permitido. Y actuar en consecuencia. Y, en segundo lugar, poner encima de la mesa la oportunidad o no de gestionar la Mezquita-Catedral de otra manera, con otro modelo, con más participación de las instituciones y de la sociedad civil, más transparencia y rigor, y menos usos lúdicos y afán recaudador. Porque he visto arder la Mezquita de Córdoba, y he visto también asomar la oscuridad tras el incendio.
