Hay propuestas que parecen más diseñadas para levantar polémica que para mejorar el sistema educativo.

La reciente declaración de José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, entra de lleno en esta categoría, ya que plantea sin ambages que la PAU (Prueba de Acceso Universitaria) sea obligatoria solo para el alumnado de centros privados, mientras que los alumnos de la pública podrían acceder directamente a la universidad y no tener que hacer la PAU.

A primera vista, la propuesta puede sonar a una defensa del sistema público. Pero tras un análisis más riguroso, lo que se esconde es una peligrosa simplificación del problema y una clara discriminación hacia miles de alumnos y docentes de la enseñanza privada.

Si esta injusta iniciativa prosperase ningún alumno se matricularía en los centros educativos privados. Por hacer una analogía, imaginar que únicamente los centros hospitalarios públicos pudieran operar usando anestesia y, por el contrario, se prohibiera anestesiar en las intervenciones quirúrgicas en los hospitales privados. ¡Quién sería el loco de operarse en la sanidad privada!

Según el señor García, el alumnado de la pública ya ha sido evaluado por “funcionarios del sistema educativo”, mientras que los estudiantes de centros privados carecen —supuestamente— de una evaluación oficial válida. En su lógica, la PAU sería la única forma de validar su nota.

Para desmontar esta tesis de este partido político de izquierda de Andalucía no necesitamos conjeturas, basta con revisar los resultados recientes de un centro privado como Novaschool Añoreta en la convocatoria de la PAU de junio de 2025:

  • El 100% de los alumnos de 2º de Bachillerato que se han presentado han superado la PAU realizada en la Universidad de Málaga (total 61 alumnos).

  • El 16% obtuvo una nota superior a 13 sobre 14 puntos y más del 50% superó los 12 puntos.

  • La media del expediente académico del bachillerato en Novaschool ha sido de 8,7 sobre 10, frente a la media provincial de todos los colegios en la provincia de Málaga con una nota de 8,18 (datos que publica la UMA).

  • Pero en la fase general de la PAU, donde la objetividad es absoluta, ya que todos los alumnos hacen el mismo examen vengan de donde vengan, la media de nuestros alumnos fue de 8,13 sobre 10, frente al 6,35 sobre 10 de la media malagueña (datos UMA). Una diferencia de 1,78 puntos.

  • En el caso de la asignatura de Economía de la Prueba de Competencia Específica de Bachillerato, los 12 alumnos de Novaschool Añoreta que han elegido esta PCE han obtenido una calificación media de un 8.55, frente a los alumnos de Málaga que han obtenido una nota media de 6,27, es decir, una diferencia de 2.28 puntos sobre 10. 

Con estos datos podemos evidenciar que nuestras calificaciones internas no están infladas como sugiere este parlamentario, y que están en línea con las de otros centros públicos y concertados.

Sin embargo, en una prueba objetiva y externa como la PAU, el alumnado de Novaschool Añoreta ha demostrado estar mejor preparado y, por tanto, se corrobora el porqué de su mejor nota en los expedientes de bachillerato.

Grosso modo, los profesores de los centros privados y concertados estamos acreditados por la Junta de Andalucía, al igual que nuestros compañeros de la pública. Estamos dados de alta como profesores en el sistema iSéneca, aplicamos los mismos currículos oficiales, evaluamos con los mismos criterios y estamos inspeccionados por los mismos inspectores educativos.

La gran diferencia sería que los docentes de la privada no hemos accedido a través de una oposición, pero esto no convierte nuestra labor en menos rigurosa, ni nuestras calificaciones en menos válidas.

Además, no perdamos de vista que no todos los docentes de la pública son funcionarios de carrera, ciertamente también hay interinos y profesores contratados sin oposición, y nadie debería cuestionar su capacidad evaluadora.

Pretender que haya dos vías de acceso a la universidad, una sin examen para los alumnos de los centros educativos públicos y otra con examen obligatorio para los privados, es simplemente inconstitucional, ya que elimina de un plumazo la igualdad como derecho fundamental y pone en evidencia una clamorosa discriminación de los alumnos de bachillerato de los centros privados frente a los centros público. Si esto no es populismo educativo, se le parece mucho.

En efecto, la obsesión de ciertos sectores políticos a la hora de demonizar la educación privada responde más a una lucha ideológica que a un interés real por mejorar la calidad del sistema.

La realidad no es otra que las familias que optan por un colegio privado liberan plazas públicas al optar por la privada, contribuyen al sostenimiento del sistema con sus impuestos y no reciben contraprestación estatal alguna.

Puedo aseverar que la propuesta de Adelante Andalucía, además de no resolver ningún problema del sistema, crea uno nuevo, me refiero a la discriminación institucionalizada hacia las familias que libremente han optado por un centro privado, financiado exclusivamente con sus recursos. Por qué hay que ponerles palos en las ruedas a los centros educativos privados. Es un poco absurdo ¿no creen?

Como profesor de Bachillerato en un centro privado, me niego a aceptar que el trabajo de mis alumnos y el mío propio valga menos por pertenecer a un centro educativo privado.