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Centro de datos. EEM iStock

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Málaga prepara el terreno para un centro de datos de 1.257 millones: pide al Gobierno más red eléctrica y reglas claras

El PP lleva al Pleno su apoyo al centro de datos y reclama al Gobierno que acompase la regulación y la red eléctrica a sus necesidades.

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Las claves
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Málaga impulsa la instalación de un gran centro de datos en Málaga TechPark, con una inversión prevista de 1.257 millones de euros y una potencia tecnológica de 100 MW.

El Ayuntamiento respalda el proyecto y reclama al Gobierno más capacidad en la red eléctrica y reglas regulatorias claras para garantizar su viabilidad.

La infraestructura ha sido declarada de interés estratégico para Andalucía y está vinculada a la creación de empleo y al fortalecimiento de Málaga como polo tecnológico.

Se pide que los requisitos regulatorios sean exigentes pero proporcionados, considerando la eficiencia energética e hídrica y las particularidades territoriales del sur de España.

Málaga prepara el terreno para uno de los grandes proyectos tecnológicos que aspiran a instalarse en la ciudad.

El Ayuntamiento va a respaldar institucionalmente el centro de datos previsto en la ampliación de Málaga TechPark, una infraestructura que, según la documentación manejada por el Consistorio, contempla una inversión estimada de 1.257 millones de euros, una potencia tecnológica de 100 MW y un consumo eléctrico que podría alcanzar los 150 MW.

El proyecto se encuentra en un momento en el que dos cuestiones avanzan en paralelo: la definición de las condiciones regulatorias que deberán cumplir los grandes centros de datos en España y la necesidad de garantizar la capacidad suficiente en la red eléctrica para atender una demanda de esta dimensión.

Todo ello forma parte de una de las mociones que el grupo del PP lleva al próximo Pleno municipal. En la misma, se respalda el proyecto anunciado, al tiempo que se reclama al Gobierno de España una planificación energética que permita acompañar su desarrollo.

El Ayuntamiento quiere que el refuerzo de la red no se plantee únicamente para atender al futuro centro de datos, sino también al crecimiento residencial, empresarial y tecnológico de Málaga.

Si bien los populares apuntan en la iniciativa que el proyecto no está bloqueado por falta de potencia eléctrica, sí advierten de que una demanda de hasta 150 MW obliga a anticipar las necesidades de capacidad, identificar los posibles refuerzos de las redes de transporte y distribución y establecer un calendario coordinado para evitar que la incertidumbre energética o regulatoria pueda comprometer su desarrollo.

Un proyecto de 1.257 millones

La infraestructura está prevista en la ampliación de Málaga TechPark y, de acuerdo con la documentación recogida en la moción, dispone ya de una ubicación concreta y compatibilidad con la ordenación urbanística.

Además, ha sido declarada inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía después del informe favorable de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El volumen económico previsto alcanza los 1.257 millones, mientras que la potencia tecnológica se sitúa en 100 MW y el consumo eléctrico podría llegar a 150 MW.

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La moción vincula el proyecto con la generación de empleo durante su construcción y posterior funcionamiento y con el objetivo de reforzar la posición de Málaga como polo tecnológico.

El salto en demanda eléctrica que supone una infraestructura de estas características se produce en una ciudad que ya viene reclamando refuerzos de su red. La moción recuerda que el Ayuntamiento aprobó iniciativas en octubre de 2025 y abril de 2026 para reclamar al Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica medidas destinadas a reforzar la planificación eléctrica.

En abril de este año, el Consistorio alertó de que las limitaciones de suministro estaban afectando a sectores residenciales con planeamiento aprobado y en fase de ejecución, incluidos desarrollos con una importante presencia de vivienda protegida.

El otro elemento que puede condicionar el desarrollo del proyecto es la regulación estatal. El Real Decreto-ley 7/2026 estableció que el Gobierno debe aprobar mediante real decreto los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos conectados a las redes de transporte y distribución eléctrica.

El desarrollo reglamentario se encuentra en fase de tramitación. El Gobierno ha sometido a audiencia e información pública un proyecto de real decreto, por lo que los requisitos incluidos en ese borrador todavía no constituyen la regulación definitiva.

Entre las medidas planteadas aparecen exigencias de elevada cobertura renovable mediante autoconsumo o contratos de compra de energía a largo plazo, requisitos de adicionalidad y correlación horaria, condiciones de eficiencia energética e hídrica, obligaciones relacionadas con la soberanía digital, recargos por incumplimiento y posibles consecuencias sobre los permisos de acceso y conexión.

El Ayuntamiento defiende que estos requisitos deben ser exigentes, pero también proporcionados y técnicamente viables.

Reclama además que tengan en cuenta las condiciones específicas de cada territorio, especialmente en materia de eficiencia energética e hídrica, dado que las necesidades de refrigeración y el equilibrio entre consumo eléctrico y agua pueden variar entre el norte y el sur de España.

En la moción se reclama un itinerario coordinado entre Gobierno de España, Junta de Andalucía, Red Eléctrica, la empresa distribuidora, Ayuntamiento y promotor.

Entre las soluciones a estudiar menciona una posible implantación por fases, nueva generación renovable asociada mediante autoconsumo o contratos de compra de energía, almacenamiento y flexibilidad cuando sean compatibles con la continuidad del servicio, además de sistemas de refrigeración y uso del agua más eficientes.

En los acuerdos, el PP pide que el Ayuntamiento manifieste su respaldo institucional al proyecto de centro de datos de Málaga TechPark y que colabore en su tramitación dentro de sus competencias y con respeto a los procedimientos aplicables.

También insta al Gobierno a que el futuro real decreto establezca requisitos exigentes pero proporcionados, técnicamente viables y coherentes con la normativa europea, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y territoriales de los diferentes emplazamientos.