Imagen aérea de los terrenos de La Máquina Grande.
El gran negocio de la UMA por un suelo rústico junto al aeropuerto: el explotador puede ganar 120 millones
La institución proyecta convertir una finca rústica de 45.117 metros cuadrados junto al aeropuerto de Málaga en un aparcamiento de larga estancia con 40 años de explotación privada. El estudio económico calcula 185 millones de facturación y una rentabilidad del 20% para el concesionario.
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La Universidad de Málaga ha encontrado en una finca rústica junto al aeropuerto una posible vía para generar ingresos extraordinarios y, al menos parcialmente, curar las heridas económicas que viene arrastrando desde hace años.
La parcela, conocida como La Máquina Grande, en Churriana, podría convertirse en una campa de custodia de vehículos vinculada a los viajeros del Málaga-Costa del Sol.
La propuesta contempla que una empresa privada construya y explote el aparcamiento durante cuatro décadas, a cambio de asumir la inversión y pagar un canon a la institución académica. Todo ello previo concurso público.
El negocio, tal y como aparece proyectado en el Estudio Económico Financiero, tiene dos beneficiarios principales.
La UMA calcula que ingresaría unos 30,7 millones de euros de canon acumulado durante los 40 años de concesión del espacio, mientras que el futuro operador obtendría un resultado neto acumulado de 120,7 millones.
Son las cifras que permiten medir la dimensión económica de la operación, todavía pendiente de la autorización urbanística y de la posterior licitación.
El documento técnico, firmado el 7 de agosto de 2026, pretende que el Ayuntamiento de Málaga valore la posibilidad de implantar este uso en una parcela clasificada como suelo no urbanizable de especial protección, dentro de la zona de vega y llanuras de inundación del Guadalhorce.
Finca de 45.117 metros
La finca se encuentra en el entorno de Aeropuerto-San Julián-Guadalmar, al sur de las instalaciones aeroportuarias y a unos 200 metros de la zona de aparcamiento de aviones privados.
La ubicación explica el interés de la UMA. Se trata de una bolsa de suelo de titularidad universitaria, sin explotación productiva actual, rodeada por infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias. La institución sostiene que la actividad aeroportuaria genera una demanda de aparcamiento de larga estancia y que el suelo urbano próximo no ofrece suficiente capacidad para atenderla.
El proyecto plantea que los viajeros entreguen sus vehículos en el acceso de la campa. El personal del operador los estacionaría en el interior y trasladaría a los clientes al aeropuerto mediante un servicio de lanzadera.
A su regreso, los usuarios recuperarían sus coches con el mismo sistema. No sería, por tanto, un aparcamiento convencional de acceso libre, sino un servicio de custodia y logística aeroportuaria.
La actuación se ha diseñado con elementos desmontables o prefabricados, sin edificaciones permanentes, y con pavimentos drenantes.
También incluye alumbrado autónomo mediante energía solar, cámaras de vigilancia, puntos de recarga eléctrica y una zona de lavado de vehículos con recuperación y reciclaje de agua.
Detalles económicos
El Estudio Económico Financiero es el documento que permite poner cifras al negocio. La universidad no prevé gestionar directamente el aparcamiento, sino entregar su construcción y explotación a una empresa privada mediante una concesión de obras y explotación de 40 años.
El modelo económico parte de una inversión inicial de 2.000.000,04 euros, que asumiría el adjudicatario.
A cambio, el estudio proyecta una facturación acumulada de 185.211.150 euros por el cobro de estacionamientos. La previsión de gastos, incluyendo la inversión y los costes de explotación, asciende a 64.487.045 euros. El resultado que figura en el documento como «Resultado Aparcamientos» alcanza los 120.724.105 euros.
La UMA calcula que recibiría 30.700.992 euros en cánones durante las cuatro décadas: 30.200.992 euros correspondientes al canon anual mínimo fijado (cifra que podría incrementarse) y otros 500.000 euros de anticipo.
El canon anual mínimo fijado para el concurso es de 500.000 euros, actualizado cada año conforme al IPC. El canon inicial se abonaría en tres partes iguales durante los primeros años de la concesión. El estudio establece, además, una Tasa Interna de Retorno objetivo igual o superior al 20% para el adjudicatario.
La rentabilidad final dependerá de que se cumplan los supuestos de demanda, ocupación, tarifas y gastos previstos. También será necesario comprobar en el documento original cómo se calcula exactamente el resultado neto y qué partidas se incluyen en el flujo de caja.
El proyecto se apoya en la proximidad al aeropuerto y en la previsión de que existe una demanda suficiente para mantener ocupada la campa. El estudio económico-financiero utiliza dos escenarios de explotación: 900 plazas ocupadas en temporada baja durante 152 días y 1.200 en temporada alta durante 213 días.
La tarifa media diaria prevista para el público general es de 7,69 euros. Para las plazas reservadas a la comunidad universitaria, el precio se fija en tres euros diarios. El primer año de explotación, según la proyección, generaría unos ingresos brutos de 3.066.309 euros.
El planteamiento contempla una capacidad de entre 1.500 y 1.800 plazas, aunque el número definitivo debe comprobarse en los planos y en el estudio de tráfico. La memoria principal no permite conocer con suficiente precisión la capacidad final de estacionamiento ni el volumen de movimientos diarios que generaría la actividad.
Autorización extraordinaria
La Máquina Grande no es suelo urbano disponible para una nueva actividad comercial. La clasificación del PGOU de Málaga sitúa la parcela en suelo no urbanizable de especial protección, dentro de la zona de vega y llanuras de inundación del Guadalhorce.
La UMA ha tenido que plantear la operación mediante un Proyecto de Actuación conforme a los artículos 30, 32 y 33 del Reglamento General de la LISTA. La propuesta argumenta que el uso es necesario por su vinculación a una infraestructura estratégica, que el suelo urbano próximo está saturado y que la actividad puede desarrollarse sin construcciones permanentes.
Pero la figura de actuación extraordinaria no equivale a una autorización automática. El proyecto debe superar la tramitación urbanística que corresponda, obtener la cualificación de los terrenos y conseguir las licencias y autorizaciones sectoriales necesarias. Después se podría preparar el concurso, adjudicar la explotación y tramitar el proyecto de ejecución de las obras.
La finca se encuentra en la llanura baja del Guadalhorce, con cotas que oscilan entre 2,20 y 3,40 metros y una pendiente media aproximada del 0,5%. El proyecto reconoce la existencia de tres canales artificiales de drenaje que atraviesan el entorno y confluyen antes de su paso bajo la vía del ferrocarril.
La memoria admite que pueden producirse inundaciones puntuales cuando las lluvias torrenciales superen la capacidad de los canales o de la tubería de desagüe situada bajo la línea ferroviaria. La solución planteada incluye mantener la permeabilidad del terreno, evitar zonas de aparcamiento por debajo de la rasante general, habilitar cunetas y canalizaciones y adaptar los pasos sobre los canales a los caudales de drenaje existentes.
La actuación, por tanto, no puede presentarse como un aparcamiento instalado sobre un suelo sin riesgo hidráulico. El estudio de inundabilidad debe acreditar que la transformación es compatible con la normativa y que las medidas propuestas garantizan la seguridad de las personas, los vehículos y las infraestructuras.
También habrá que conocer qué informes sectoriales se han solicitado o deben emitirse, especialmente los de la administración hidráulica, Aena o el gestor aeroportuario, ADIF y la autoridad de carreteras por la conexión con la MA-21.
28 árboles talados
La transformación de la parcela también afecta a su arboleda. El proyecto contabiliza 495 árboles, principalmente eucaliptos, y prevé talar 28 ejemplares para ejecutar los viales y las plataformas de aparcamiento.
La propuesta contempla plantar 56 árboles nuevos en una zona triangular de la finca donde no se ubicarían plazas. Además, se plantean pantallas vegetales junto a la MA-21 y medidas para conservar ejemplares de chopo blanco y almez, así como especies vegetales como Carex riparia y Rumex palustris.
La UMA sostiene que se conservará prácticamente toda la vegetación arbórea. No obstante, la cifra de 28 talas debe entenderse como una previsión del proyecto, no como una autorización definitiva. La actuación incluye también desbroces, explanaciones, viales y drenajes, por lo que el impacto físico no puede medirse únicamente por el número de árboles que desaparezcan.
La proximidad al aeropuerto añade otra condición: el proyecto debe controlar la presencia de aves y evitar zonas encharcadas que puedan atraer fauna aviar. Es una de las tensiones que tendrá que resolver la propuesta, que pretende mantener el carácter verde de la finca y, al mismo tiempo, adecuarla a las exigencias de seguridad aeroportuaria.
El proyecto insiste en que no se construirán edificaciones permanentes y que los elementos de control, aseos, casetas y zona de lavado serán desmontables o prefabricados. También contempla la restitución del terreno al finalizar la actividad.
La concesión se plantea para 40 años. La documentación atribuye al promotor y al futuro explotador la obligación de conservar el terreno, prevenir la erosión y la contaminación, ejecutar las medidas ambientales y restaurar el entorno al finalizar la actividad. El proyecto contempla incluso la pérdida de vigencia de la autorización si la actividad cesa durante más de cinco años consecutivos, previa audiencia al interesado.
