Imagen del actual estadio de La Rosaleda de Málaga.
Málaga empieza a contar los años para la Nueva Rosaleda: esta es la hoja de ruta diseñada para hacerla realidad
El documento técnico plantea dos vías de ejecución, pública o privada, y sitúa la inauguración del nuevo estadio entre 2032 y 2033 tras completar la tramitación urbanística y la construcción.
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Málaga ya tiene dibujado el camino administrativo y técnico para hacer realidad su nuevo estadio.
La hoja de ruta elaborada para el proyecto establece una programación completa desde los estudios iniciales hasta la apertura del recinto, con dos alternativas de desarrollo: un modelo tradicional impulsado directamente por las administraciones y otro basado en una concesión integral al sector privado.
El calendario incluido en la documentación sitúa la puesta en funcionamiento del nuevo estadio en un horizonte comprendido entre septiembre de 2032 y marzo de 2033, dependiendo de la fórmula finalmente elegida.
La diferencia entre ambas opciones está principalmente en quién asume la financiación y los riesgos del proyecto.
La primera alternativa es el denominado modelo tradicional, en el que las administraciones propietarias lideran todo el proceso. Bajo este esquema, el sector público asumiría la financiación de la fase de diseño y construcción, contrataría al equipo de arquitectura, licitaría la obra y posteriormente adjudicaría la explotación del recinto a un operador privado.
Este modelo tendría una duración estimada de 76 meses, con una previsión de finalización en septiembre de 2032.
La segunda vía es el modelo DBFO (Design, Build, Finance and Operation), una fórmula de concesión integral en la que un consorcio privado asumiría el diseño, la construcción, la financiación y la explotación del estadio durante un periodo prolongado.
En este caso, la Administración sacaría a concurso una solución completa y el concesionario tendría que demostrar la viabilidad económica del proyecto ante las entidades financieras. A cambio, asumiría buena parte del riesgo de ejecución y explotación.
Esta alternativa alargaría ligeramente los plazos, hasta los 82 meses, con una apertura prevista en marzo de 2033.
La urbanística, el gran punto crítico
Aunque las dos fórmulas presentan diferencias en financiación y gestión, ambas comparten un paso imprescindible: completar la seguridad jurídica del suelo y la adaptación urbanística necesaria.
La hoja de ruta fija un plazo de entre 24 y 30 meses para la modificación del Plan Especial que regula el ámbito, una tramitación que deberá justificar los cambios de ordenación necesarios, incluyendo aspectos como edificabilidad o usos.
El documento contempla que la licencia de obras pueda tramitarse en paralelo "hasta donde resulte posible" con esta modificación urbanística, con un periodo estimado adicional de entre 12 y 18 meses.
La planificación parte de una fase inicial ya completada, que incluye el análisis preliminar de viabilidad y la selección de la parcela.
A partir de ahí, el calendario establece una fase de estudio comercial de cuatro meses para definir cuestiones como la capacidad del estadio, los usos complementarios, las zonas premium, la explotación comercial o el potencial para acoger eventos más allá del fútbol.
Después llegaría la fase de adquisición o disponibilidad efectiva del suelo, con una duración estimada de once meses, antes de abordar la financiación y las licitaciones.
En el modelo público, la Administración tendría que garantizar las partidas necesarias para cubrir el coste de construcción. En el modelo concesional, sería el socio privado quien debería cerrar la estructura financiera y convencer al mercado de la rentabilidad del recinto.
El reto: convertir el estadio en algo más que un campo de fútbol
El documento plantea el nuevo recinto como una infraestructura con capacidad de generar ingresos a largo plazo, incorporando usos comerciales, entretenimiento y eventos.
Precisamente esa capacidad de explotación será uno de los elementos determinantes para atraer inversión privada en caso de optar por el modelo DBFO.
La documentación concluye que ambas fórmulas son legalmente viables, aunque la elección definitiva dependerá del encaje jurídico del estadio dentro del patrimonio público y de la fórmula que ofrezca mayor seguridad para las tres administraciones implicadas.
