
Vista aérea de la antigua prisión de Cruz de Humilladero, en Málaga.
El plan de Málaga para convertir su antigua cárcel en un gran centro de FP se acerca: ya hay una propuesta privada
La Gerencia de Urbanismo ya conoce un proyecto de intervención, lo que abre la puerta al impulso de un concurso para adjudicar la concesión de parte del edificio.
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El proyecto de transformación y recuperación de la vieja cárcel de Málaga encara su impulso definitivo. Más de un año después de que se confirmase el plan para destinar buena parte de este histórico edificio a un gran centro de Formación Profesional (FP), el Ayuntamiento cuenta ya con la propuesta concreta de una entidad privada para ir adelante con la operación.
Los principales detalles de la propuesta de intervención han sido expuestos ante los responsables de la Gerencia de Urbanismo en el marco de una reciente reunión que ha sido confirmada por la concejala del ramo, Carmen Casero. No obstante, la edil no ha precisado el nombre de la entidad privada.
El paso adelante, en cualquier caso, es clave en la apuesta del equipo de gobierno de recuperar un inmueble que permanece en el abandono desde hace años. Casero ha precisado que, si bien hay una empresa dispuesta a desarrollar el pretendido proyecto educativo, la concesión demanial de las instalaciones tendrá que formalizarse mediante un concurso público abierto a cualquier empresa interesada.
Casero precisa que una vez confirmada una propuesta inicial, los técnicos municipales pueden ponerse en marcha para redactar el pliego de condiciones que regirá el procedimiento de concesión. La intención de Urbanismo que el documento esté lista en unos meses, abriendo la puerta a que se abra el concurso incluso antes del próximo verano.
Tomando como punto de partida el plan inicial del Consistorio, la licitación inicial afectará exclusivamente a la parte de la vieja cárcel en la que se localizará el centro de Formación Profesional. La misma coincide con la gran cruz del edificio. No obstante, la pretensión es que el resto del inmueble, que cuenta con una superficie construida de unos 10.000 metros cuadrados, sea objeto de otras concesiones para usos relacionados con la cultura y la innovación.
Hay que recordar que son muchos los intentos municipales de dar uso a esta construcción, que fue entregada por el Gobierno central a la ciudad. Antes que el destino ahora pretendido, la vieja cárcel motivó el interés de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) o la Basque Culinary Center, si bien ninguna de esas apuestas vio la luz.
En buena medida por las enormes dimensiones del antiguo complejo penitenciario y el gran coste económico de rehabilitación. El valor de las obras necesarias para la puesta en valor del inmueble llegó a calcularse en unos 24 millones. Una cuantía que disuadió al propio Ayuntamiento a la hora de activar su transformación en un gran contenedor cultural multidisciplinar en el marco de la iniciativa Distrito 6.
La apuesta municipal por la FP va en consonancia con la línea de acción del equipo de gobierno en los últimos mandatos. En este periodo ha cedido varios terrenos a empresas privadas para que desarrollen instalaciones de este tipo. Es el caso de lo ocurrido con Cesur, que ya explota en el distrito de Teatinos un complejo de unos 8.700 metros cuadrados sobre una parcela municipal cedida por un periodo de 37 años.
Otros ejemplos son las concesiones de dos terrenos en Teatinos y la zona de El Pato para la construcción de sendos campus universitarios. Uno de ellos impulsado por la Universidad Europea de Madrid y el otro por la Alfonso X el Sabio.
El origen del edificio
Fue el 13 de octubre de 1933 cuando la antigua prisión, reconocida en 2014 como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, por ser uno de los centros de la represión de la dictadura durante la Guerra Civil y la posguerra, abrió sus puertas.
Con su puesta en servicio vino a sustituir las instalaciones penitenciarias ubicadas en el Pasillo de la Cárcel (hoy avenida de la Rosaleda), dadas sus malas condiciones. Fue a finales de agosto de 1928 cuando el alcalde del momento, Fernando Guerrero Strachan, y el presidente de la Audiencia Provincial, Enrique de la Blanca y González, acordaron la cesión de una parcela municipal al Estado.
Días después fue colocada la primera piedra de la construcción. Con la Guerra Civil en marcha, el presidio acogió a miles de presos cercanos al alzamiento, hasta que en febrero de 1937 Málaga cae en manos del Bando Nacional. Según datos de la Asociación contra el Olvido y la Memoria Histórica, más de 30.000 personas pasaron por este presidio.