"¿Estáis cansados de no poder encontrar un alquiler barato en vuestra ciudad o de no encontrar un alquiler en vuestro barrio? Os traigo la solución". Así arranca el vídeo que Luis Rodrigo, el hasta hace unos días desconocido candidato a la Alcaldía de Málaga por Adelante Andalucía, colgó en sus redes sociales. En el clip en cuestión, el joven aparece junto a uno de los candados que los pisos turísticos suelen habilitar para que los huéspedes puedan recoger y lanza una propuesta: sellarlos.

Cuatro días después, el uso de esta herramienta en Málaga se ha convertido en el foco principal de la opinión pública e incluso ha trascendido al ámbito nacional. Tal ha sido la magnitud, que el Ayuntamiento de la capital se ha visto obligado a dar un paso adelante y anunció este martes que va a desplegar una estrategia para ponerles coto.

Es imposible saber con exactitud cuándo estas pequeñas cajas de seguridad comenzaron a aparecer en la ciudad, ni tampoco si en los últimos meses se han extendido de forma masiva. Un paseo por las calles del centro y, sobre todo, por zonas aledañas como Ollerías, el Soho o Lagunillas permite entrever que han pasado a formar parte de la disposición de la ciudad, pero su magnitud solo se puede intuir entendiéndolas como las huellas de ocupación de los pisos turísticos de los que vienen dadas.

En 2016, había apenas 943 viviendas con fines turísticos en el registro de la Junta de Andalucía, una cifra que en agosto de 2022 se había multiplicado casi por nueve hasta superar los 8.000 inmuebles.

La proliferación de este tipo de alojamientos ha sido una constante en la última década, pero observando en detalle, se hace evidente que el alza ha sido mucho más notable en los últimos años. De hecho, según esa misma base de datos municipal, ocho meses antes, a inicios de 2022, eran 6.984 los pisos turísticos regulados en la ciudad, 1.024 menos que en agosto.

A la vista de estas cifras, es fácil imaginar que el aumento de estas cajas también se ha podido hacer más firme en los últimos meses. Desde el Ayuntamiento, apuntan que la decisión de lanzar un plan para retirarlos de la vía pública “se plantea por la proliferación en la zona de la Trinidad y Lagunillas” y las advertencias sobre su presencia al Área de Turismo.

No obstante, ellos ponen en foco en los que están instalados en la vía pública y no en los que se encuentran en las fachadas de los edificios, puesto que estos, aseguran, tienen el visto bueno de la comunidad de vecinos. Sus objetivos son todos aquellos elementos que estén en el espacio público.

De hecho, desde el Consistorio explican que ya estaban actuando sobre lo que encontraban invadiendo el mobiliario urbano, como sillas de ruedas, bicicletas o carros de la compra atadas a árboles o farolas, y también sobre los candados. En algunos de estos casos, aseguran, han llegado a recibir quejas de las empresas encargadas de comercializar viviendas turísticas porque estaban siendo eliminados.

Para la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, por su parte, la presencia de estos candados no es un problema en la capital, como sí lo es en otras ciudades como Madrid, afirma su presidente, Carlos Pérez-Lanzac.

Desde la entidad defienden que no es la fórmula más recomendable ni la más segura para dar acceso a los clientes, pero que en el caso de Málaga “se ha hecho un poco de demagogia, una campaña a raíz de una persona [en referencia a Luis Rodrigo] que ha creado una situación que no era problema, ha buscado un titular y lo ha conseguido”.

El candidato de Adelante Andalucía celebró este martes el anuncio del Ayuntamiento e instó a la ciudadanía por redes sociales a “guardarse el loctite y sacad el móvil para echarle fotos a TODOS los candados” para enviarlas a la Policía. “Al final los ‘criminales’ vamos a trabajar hombro a hombro con la ley”, ironizó.

En los últimos días, Rodrigo ha reivindicado que su objetivo trasciende de este asunto en concreto y no es más que regular el mercado inmobiliario en Málaga. Su “acción incendiaria”, como ha calificado el vídeo que difundió en redes, ha sido solo un instrumento para atraer el foco.

“Me alegra haber llamado vuestra atención y haber conseguido que en todo el país se hable del problema de vivienda en Málaga”, escribió en redes sociales.

El PSOE ha intentado en las últimas semanas poner también en el centro del debate público este asunto, prometiendo 10.000 viviendas de VPO o anunciando que prohibirá nuevos pisos turísticos siguiendo el ejemplo de Palma de Mallorca cuando llegue a la Alcaldía.

Desde el Ayuntamiento de la capital han expresado en alguna ocasión la intención de articular mecanismos para poner freno a la proliferación de este modelo de alojamiento para apostar, por el contrario, el hotelero, pero sin más acción que la de señalar a la Junta de Andalucía para que sea esta la que desarrolle un nuevo decreto para ordenar estas viviendas.

El pasado mes de mayo, el propio alcalde, Francisco de la Torre, afirmó que “hay muchas viviendas turísticas y no queremos crecer más; no queremos crecer en la cantidad turística; queremos crecer en calidad turística”.

El problema, al menos de fondo, está más que claro.