Casi doce años después de que las máquinas demolieran todo lo que Vladimir Beniachvili, conocido en Málaga como el promotor ruso, construyó de manera irregular y sin licencia en Pinares de San Antón, el Ayuntamiento activa la primera subasta de sus bienes inmuebles con el objetivo de compensar la deuda de casi 1,9 millones de euros que tiene acumulada con el Consistorio.

La suma económica que le reclama el ente municipal Gestrisam al que fuera promotor del bautizado como Centro Hispano-Ruso es resultado de casi una veintena de expedientes sancionadores abiertos por la Gerencia de Urbanismo ante su irregularidad y su inacción. En concreto, según el anuncio de enajenación publicado la suma que se le demanda es de 1.880.029,31 euros.

La citada publicación no da pistas concretas sobre el empresario al que se le reclama esta suma. Sin embargo, sí precisa la localización del bien que es objeto de subasta: calle Halepensis, 11. Una dirección que inequívocamente obliga a pensar en la fallida operación urbanística.

Ante la duda, las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga han confirmado que la deuda que se pretende saldar corresponde a Beniachvili. La cantidad total, no obstante, no será satisfecha de manera inmediata con la primera venta forzosa. 

El bien afectado aparece descrito como Parcela rústica en Pinares de San Antón, sin que haya más detalle sobre la superficie de la misma. Sí se precisa que el valor de adquisición, coincidiendo con el de tasación, es de 202.002,6 euros, siendo la puja mínima de 101.001,3 euros.

Las fuentes consultadas han aclarado, además, que es la primera de otras subastas previstas en los próximos días y semanas. Muchas de ellas sobre bienes rústicos de la parcela de la que era propietario, pero no sobre la vivienda principal.

El origen de las irregularidades protagonizadas por Beniachvili se remontan a hacer casi 24 años. Ese es el tiempo que, poco más o menos, transcurre del día en que un agente de la Policía Local, de inspección por la zona, constató la existencia de unas obras en apariencia ilegales en una vivienda de Pinares de San Antón. 

Poco podía pensar ese operario que lo que estaba poniendo de relieve era el principio de doce años de ilegalidad urbanística, que quedó confirmada en la ejecución de 3.500 metros cuadrados de obra al margen del ordenamiento urbanístico. La mayoría de esa superficie, sobre suelo no urbanizable. 

El infractor llegó a ser socio del Ayuntamiento en su intención de edificar un gran complejo deportivo y cultural en la misma finca que fue objeto de demolición y ahora de subasta. La ligazón entre ambas partes fue especialmente significativa en el año 2002, cuando el equipo de gobierno del PP avaló y auspició la aprobación de un plan especial que buscaba la reclasificación de este suelo no urbanizable para ejecutar lo que se denominó como centro hispano-ruso. 

El proyecto quedó enterrado cuando la Junta de Andalucía se negó a autorizar la operación y se presentasen varios recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la anulación del acuerdo plenario que daba vía libre a la actuación. El Alto Tribunal andaluz se pronunció definitivamente a finales de 2009, invalidando el acuerdo y cerrando el camino del centro hispano-ruso.

Una muestra de la envergadura de la obra ilegal levantada es que la demolición de la misma tuvo un coste de 285.000 euros. En los 3.500 metros ejecutados se correspondían con dos grandes inmuebles, en los que había varios salones a modo de cafetería-bar, una sala de ballet de 200 metros, varios gimnasios, saunas y dormitorios, entre otros elementos.