Las terrazas de los bares y restaurantes de Málaga, señas de identidad de la hostelería de la capital, vuelve a estar en el punto de mira. O, para ser precisos, la manera en la que muchas de ellas están instaladas. Pese a la existencia desde hace años de una ordenanza municipal que regula su delimitación, el desorden con el que muchas ocupan el espacio público se ha convertido en una auténtica barrera, en especial para los colectivos de personas con algún tipo de discapacidad.

La cuestión, que desde hace años vienen denunciando estos colectivos, vuelve a la mesa de discusión después de que el Ayuntamiento haya dado a conocer una nueva instrucción mediante la que se insiste a los hosteleros la obligatoriedad de cumplir una serie de medidas con las que adecuar las terrazas a, por ejemplo, personas con problemas de visión.

La variación, según se indicaba desde el Consistorio, viene a ajustarse a la orden estatal TMA/ 851/ 2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Y ello tiene especial incidencia en la implantación de terrazas pegadas a fachada, lo que, de inicio, entra en conflicto con la propia legislación. De hecho, lo que hace la nueva orden estatal es abrir la posibilidad a reconocer determinadas excepcionalidades, algo que el Ayuntamiento relaciona con determinadas calles en las que no sea posible exigir que las ocupaciones hosteleras estén separadas de las edificaciones.

Zona de terrazas de bares en el Centro histórico de Málaga. Amparo García

En estos supuestos, se indica en el escrito municipal, se darán las indicaciones oportunas. "Cuando las calles peatonales y en aceras donde por su trazado, por la presencia de otro mobiliario, o por otras circunstancias urbanas hagan aconsejable que éstas (terrazas) se encuentren adosadas o alineadas a fachada y con objeto de favorecer la necesaria convivencia de las actividades comerciales con los principios regulados en la norma, las terrazas así autorizadas deberán contar con la instalación de elementos separadores /delimitadores, que sirvan para delimitar el itinerario peatonal accesible", se precisa en el documento.

Conforme a este planteamiento, los hosteleros estarán obligados a disponer separadores o delimitadores que sean detectables especialmente para las personas con discapacidad visual.

Pese a que el fin parece razonable, a ojos del presidente de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, con esta iniciativa lo que acabará pasando es que "lo que debe ser excepcional se acabará convirtiendo en lo normal". "Mucho me temo que lo que están haciendo es poner un certificado de legalidad a lo que era ilegal", sentencia.

"El problema de Málaga con la ordenación de las terrazas es terrible; no hay que echar la culpa a los hosteleros, sino a quien vigila, que es el Ayuntamiento", añade, apuntando la existencia de zonas del Centro donde las personas que van en silla de ruedas o que tienen problemas de visión "acaban siendo lanzados a la franja de calle que está compartida con el paso de coches".

Alude de manera directa, por ejemplo, al entorno del mercado de Atarazanas, donde tiempo atrás el Consistorio autorizó nuevas ocupaciones de bares junto a fachada, lo que fuerza a cualquier peatón a transitar casi por mitad de la calle. Una situación que De Pablos hace extensible al barrio del Soho.

"Cuando vas a Barcelona las terrazas están despegadas; en Sevilla pasa igual, pero en Málaga no sé lo que ocurre, pero es terrible", apostilla. La legislación obliga a que siempre quede delimitado un espacio de al menos 1,8 metros para el paso de peatones y, por tanto, sin ocupación. 

En el caso de las vías con terrazas, tradicionalmente éstas deben estar separadas de los edificios, de manera que las fachadas sirvan de referencia para las personas invidentes. Pero esto es algo que, como se puede comprobar en un simple paseo por la urbe, no siempre se cumple.

"Es obligatorio dejar una zona peatonal accesible, pero si empiezas a meter terrazas a derecha e izquierda pegadas a fachada lo que queda es la zona ocupada por vehículos; de qué le sirve a un ciego no equivocarse si le ponen una jardinera si al final lo llevas a la zona compartida con los vehículos. O personas con silla de ruedas", lamenta.

Papel de vigilancia

En este escenario, De Pablos advierte de que el colectivo va a adoptar un papel vigilante en el asunto y anuncia que cuando observe incumplimientos en la materia interpondrá las correspondientes denuncias. "A partir de ahora, sistemáticamente, denunciaremos", subraya, lamentando que por parte del Ayuntamiento no haya existido una propuesta de diálogo sobre este tema con el colectivo. Sí es cierto que la ONCE forma parte de Málaga Accesible.

La posición de Málaga Accesible es compartida por la Asociación de Vecinos Centro Antiguo. Su secretario general, Alejandro Villén, coincide en que la medida anunciada puede ser "una trampa" y una reacción del Consistorio ante una denuncia judicial formulada por el colectivo tiempo atrás. 

"El temor que nos genera es que todo el Centro se acabe convirtiendo en una isla de hostelería; las terrazas no serán lugares permeables integradas sino que vallarán el espacio público", apunta, al tiempo que insiste en que el planteamiento municipal "viene a camuflar el problema que hay de accesibilidad, porque hay muchas calles donde se echa a los peatones a la zona que se comparte con los coches".

"Vamos a exigir su cumplimiento"

En este contexto, la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, quiere dejar claro que el propósito es "mejorar las situaciones problemáticas que nos trasladaban estos colectivos, y sobre todo, adaptamos lo previsto en ordenanza con un mejor cumplimiento de la norma estatal". "Vamos a exigir su cumplimiento para todas las renovaciones de terrazas o autorizaciones nuevas que se vayan tramitando", ha apostillado.

Por su parte, desde la principal asociación de la hostelería en la ciudad, Mahos, su presidente, Javier Frutos, valora que se pretenda adoptar medidas que busquen el beneficio de los colectivos de personas con discapacidad pero sin que ello afecte a los empresarios. No obstante, apunta la necesidad de tener más información sobre el modo en que se va a plasmar la acción, “para ver cómo aterriza en cada negocio y calle”.