El conflicto que hoy vive Málaga con los antiguos suelos de Repsol como protagonistas ofrece una amplia posibilidad de análisis. Una de las mayores operaciones urbanísticas dibujadas en las últimas décadas en la sexta ciudad de España, convertida en epicentro del sector inmobiliario nacional e internacional, queda ahora en cuestión por la pugna de un colectivo que reclama que el suelo donde se dibujan cuatro torres sea destinado en su totalidad a zona verde.

Es, grosso modo, la lucha de un David, la plataforma ciudadana Bosque Urbana, contra un Goliat representado en el Ayuntamiento de Málaga y las importantes promotoras que pujan por hacerse con un más que apetecible pastel inmobiliario. Las 932 viviendas de renta libre que como máximo pueden ejecutarse en la zona, así como la importante bolsa de uso terciario recogida, dan buena muestra de la entidad de la iniciativa.

Un proyecto que, según fuentes expertas consultadas, puede suponer una inversión global de unos 300 millones de euros. Una cuantía que contrasta con los poco más de 17.000 euros recaudados por Bosque Urbano mediante una recolecta pública y con los que ha activado un recurso judicial que, al menos temporalmente, tiene paralizada la subasta de tres de las cuatro torres previstas.

La labor del colectivo confirma el valor del movimiento social. Nacido en enero de 2016, ha sido capaz en estos años de recabar casi 40.000 apoyos de vecinos conformes con la idea de que los 177.000 metros cuadrados de este sector, sobre el que se asentaron los depósitos de petróleo, sean parque y solo parque.

Un modelo que contrasta con la propuesta que desde hace 25 años viene defendiendo el Ayuntamiento de la ciudad. Aunque es cierto que en el planeamiento de 1983 todo el terreno se dibujaba con el color verde propio de los parques, desde el documento de 1997 ya se recogía un cierto desarrollo urbanístico en la parcela.

El convenio con Comarex

El cambio radical se produjo en febrero de 2006, cuando el Consistorio firmó un convenio urbanístico con la promotora granadina Comarex. A cambio de recibir una compensación económica de 82 millones de euros, Málaga asumía el compromiso de triplicar la edificabilidad del sector, permitiendo concentrar buena parte de la misma en hasta cinco grandes torres (posteriormente se redujo a 4 por el impacto de las servidumbres del aeropuerto).

Es en ese momento en el que cobra naturaleza el proyecto de las torres de Repsol, posteriormente asentado en el Plan General de Ordenación Urbanística en vigor desde mediados de 2011. Un documento que también incorporó las torres de Martiricos y el proyecto de transformación de Térmica, por ejemplo.

La incapacidad de los diferentes promotores vinculados a la actuación de asumir los pagos exigidos en el acuerdo (sólo se pagaron 12 de los 82 millones), convirtieron al Consistorio en propietario principal de los aprovechamientos del sector.

El otro actor es la Sareb, el conocido como banco malo. Y el equipo de gobierno, tras años sin movimiento alguno, ha optado por salir al mercado en el intento de convertir en dinero contante y sonante todo el suelo que tiene.

Algo que se ha garantizado con la convocatoria de un concurso mediante el que enajenar en subasta sus activos. El precio mínimo, sin incluir el IVA, alcanza los 43 millones de euros.

Cerrado el plazo de presentación de ofertas, hay tres grandes grupos (Urbania, Acciona y el fondo suizo Stoneweg) que aspiran a hacerse con todo el paquete, mientras otras dos firmas (Exxacon y Single Home) sólo están interesadas en la torre más alta, la de 32 plantas.

El escollo con el que se topa el Ayuntamiento es que el recurso judicial presentado por el David del Bosque Urbano ha obligado a paralizar, al menos temporalmente, el proceso de venta. Una situación que podría alargarse en el tiempo a la espera de que el juez que ha admitido a trámite el recurso dictamine sobre la adopción o no de medidas cautelares.

En el seno del equipo de gobierno la confianza es plena. Así lo ha verbalizado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, que sostiene que el proceso de venta se ha hecho con todas las garantías jurídicas. A su juicio, el objetivo de la plataforma no es tanto cuestionar el mecanismo de venta, sino tratar de desbaratar que la parcela de Repsol acoja cualquier tipo de desarrollo urbanístico.