El proyecto de construcción de un nuevo barrio sobre los antiguos suelos de la fábrica de Amoniaco, en Málaga capital, sigue completando etapas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento tiene previsto aprobar este viernes de manera definitiva el plan de urbanización del sector Cortijo Merino, que cuenta con una extensión de 284.457 metros cuadrados y que podría requerir una inversión próxima a los 24 millones de euros.

Se trata, por tanto, de un paso clave para uno de los futuros desarrollos residenciales de la capital de la Costa del Sol. El mismo gana en dimensión si se tiene en cuenta su cercanía con los terrenos elegidos por la ciudad para la organización de la Expo Internacional de 2027 y la incidencia que las viviendas proyectadas pueden tener para el evento.

El parque de viviendas programado en este espacio es de 1.250 casas, de las cuales 562 son de protección oficial y están en manos del Consistorio. De hecho, la pasada semana El Español de Málaga recogía el plan de la Gerencia de Urbanismo para activar antes de finalizar este año la venta de estos aprovechamientos, así como de los que tiene en el sector Sánchez Blanco, como medida para incrementar el parque de vivienda a precio asequible. 

Las viviendas previstas se agruparán en bloques de una altura máxima de planta baja más 4 más ático. Al techo residencial se suman 29.000 metros cuadrados de zona verde para parques, jardines, áreas de juegos y zona forestal, y destina un total de 33.000 metros a equipamientos. Asimismo, hay que destacar un techo de 11.450 metros de uso comercial.

Este proyecto urbanístico está liderado por la empresa Reina Marín, S. L. Conforme a las previsiones de la firma, la intervención final incluirá la demolición de los elementos constructivos que hay en ruinas en los terrenos, así como el desbroce de la cobertura vegetal en unas 15,5 hectáreas y la nivelación del terreno. Esta fase necesitará un aporte de tierra externa de 232.380,70 metros cúbicos.

La urbanización incluye la definición de espacios públicos; la red de abastecimiento de agua potable; la red de saneamiento (recogida tanto de pluviales como de aguas negras y conexión con los sistemas generales); la red de distribución de energía eléctrica, tanto de fuerza y alumbrado interior, como para alumbrado público; la red de telecomunicaciones; señalización y marcas viales; jardinería y mobiliario público; trazado viario y pavimentación; y red de riego. El plazo de ejecución de las obras es de dos años.