¿Cuándo podrán los malagueños coger el Metro para llegar hasta la Alameda Principal? La pregunta sigue sin tener respuesta oficial por parte de la Junta de Andalucía, que mantiene un mutismo absoluto al respecto. En la línea de lo que vienen expresando los diferentes responsables autonómicos en los últimos ejercicios, el consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha vuelto a eludir la cuestión, dejando la incertidumbre respecto a si este hito tendrá lugar antes de que acabe 2022.

Lo más que ha hecho ha sido garantizar que a lo largo del año que viene sí estará culminada la obra necesaria para que los trenes puedan prolongar su recorrido actual, que queda acotado hasta el intercambiador de El Perchel, junto a la estación de Renfe, hasta el Centro. Algo a lo que va a contribuir la inyección de 25,7 millones de euros que se incluye en el Presupuesto General de la Junta para 2022.

"No cometeré el error de otros dirigentes que anunciaban finalizaciones de obra", ha respondido Bendodo al ser preguntado por los plazos que se manejan para la puesta en servicio del tramo final del ferrocarril urbano. "Diré que las obras estarán terminadas. ¿Cuándo? No sabría decir", ha añadido, subrayando que una vez completada la infraestructura y la superestructura será necesario un periodo de pruebas del material móvil.

El número dos del Gobierno andaluz sí ha adelantado que para finales del presente mes de noviembre se espera que estén totalmente instaladas las vías en el recorrido entre El Perchel y la Alameda, elemento indispensable para poder articular el funcionamiento de los trenes.

Más allá de la prudencia que se mantiene desde la Administración regional, es determinante lo recogido en la última modificación del contrato existente con la concesionaria del suburbano, Metro de Málaga. En la misma, que data de finales de 2020, se recoge el compromiso de la Junta de que la llegada al Centro tenga lugar a lo largo del mes de noviembre de 2022. 

Una alteración de este calendario tendría consecuencias respecto a las actuales obligaciones económicas contraídas con los socios privados, a los que se viene compensando desde hace a los por los retrasos acumulados en la terminación de la infraestructura.