Los dos policías locales de Estepona que abusaron de una chica de 18 años en 2018 han sido condenados a dos años de prisión, pero evitarán ingresar en la cárcel tras un acuerdo con Fiscalía y acusación particular con la condición de someterse a un programa de educación sexual e indemnizar a la víctima con 80.000 euros.

El pasado 22 de abril tuvo lugar una vista en la que la Fiscalía, la acusación particular y las defensas de ambos acusados presentaron un escrito conjunto en el que se acordó además la inhabilitación para empleo o cargo público de los policías y la prohibición de comunicarse con la chica durante 10 años.

La sentencia se dictó en base a la conformidad de ambos acusados con el nuevo escrito de acusación presentado conjuntamente por todas las partes procesales, a pesar de que en un principio la Fiscalía pedía 30 años de prisión para los acusados y consideraba "agresión sexual" los hechos.

Tras este acuerdo, no se consideró necesaria la celebración de un juicio. Los magistrados fundamentan este acuerdo en que ninguna de las partes se opone a la suspensión, a que los abusadores ya han indemnizado a la víctima y en la "escasa probabilidad" de que reincidan; y la conformidad entre las partes solo puede ser acatada por el juez.

De hecho, el propio presidente de la Sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga, en un voto particular, rechaza este criterio porque cree que los hechos revelan una "acusada peligrosidad criminal en sus autores", que a su juicio llevaron a cabo una "acción muy planificada" siendo servidores públicos.

Los hechos tuvieron lugar el 9 de junio de 2018, cuando la joven de por entonces 18 años se trasladó a Estepona, salió de fiesta con unos amigos y, al abandonar la discoteca en un turismo conducido por un amigo, estos se detuvieron en un control policial donde los agentes, hoy condenados, estaban de servicio.

Según la sentencia, al comprobar los agentes que los ocupantes del coche habían bebido, les ordenaron bajarse del vehículo y pedir un taxi, un hecho que acataron los jóvenes que –ante la insistencia de los policías- le facilitaron un número de teléfono personal a fin de que los agentes llevaran el coche a la ubicación de los chicos.

Según el relato de la denunciante, momentos después de que los tres amigos llegaran a su edificio, se personaron los agentes en el coche particular de uno de ellos y, tras mantener una breve conversación amistosa, propusieron a los jóvenes subir al domicilio, a lo que accedieron al ser policías, y, una vez allí, se produjeron los hechos denunciados.

A las seis y media de la madrugada, una vez allí, y tras acceder al piso, uno de los agentes -según el relato de la Fiscalía- preguntó al resto: "Bueno, ¿cómo se empieza una orgía?".

Los acusados supuestamente trataron de convencer a la víctima de hacer un trío, a la que afirmaron que "cuántas chicas quisieran estar en tu lugar y liarse con dos policías a la vez" y, aunque la joven se resistió, la desnudaron, uno de los agentes le metió los dedos en la vagina y otro la penetró sin preservativo.

Por este hecho, la víctima ha requerido tratamiento médico farmacológico y psicoterapéutico presentando síndrome de estrés postraumático por el que ha estado en tratamiento. 

El Ayuntamiento de Estepona, cuando conoció la denuncia de la joven, abrió sendos expedientes disciplinarios y propuso la suspensión de empleo y sueldo para ambos agentes, han informado fuentes municipales.

El consistorio esteponero decidió adoptar esta medida ante la gravedad de lo ocurrido y con "el convencimiento de la necesidad de defender y velar por el deber del ejercicio del servicio público a la ciudadanía", han señalado las mismas fuentes.

La sanción propuesta se aplicó a los dos agentes locales implicados en el suceso, aunque uno de ellos se encontraba en comisión de servicios en ese momento por lo que el ayuntamiento optó por no renovársela y dar así por finalizado el vínculo del acusado con la Jefatura de Policía de la localidad. 

El otro policía denunciado interpuso recurso contencioso administrativo en contra de la decisión adoptada, pero el Juzgado número 5 de Málaga dio la razón al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones y ha desestimado la demanda.

Finalmente, en enero del pasado año 2020 el mismo juzgado malagueño daba por terminado el procedimiento sin que exista ya posibilidad de recurso alguno por parte del agente, que ha quedado suspendido, según las fuentes.