El mal estado de las carreteras en Málaga pone en máximo peligro a los motoristas

Los motoristas se enfrentan a un grave deterioro en su seguridad por el uso diario de este medio de transporte en una ciudad como Málaga que tiene la mayor cifra de motos por habitante de España.

El sector de la automoción asiste atónito al grave deterioro de la red viaria, sobre todo la que depende del gobierno central que es, además, la que mayor volumen de tráfico soporta a través de las autopistas y las autovías.

Ya no es noticia que miles de conductores estén teniendo averías en sus coches provocadas por el deterioro de la capa asfáltica. Según Carlos Oliva, presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, “las entradas a taller provocadas por daños en suspensiones y ruedas se han incrementado notablemente, principalmente por llantas dobladas y neumáticos destrozados al impactar en boquetes de hasta 10 centímetros de profundidad”.

Esas averías suelen ser dobles porque cuando la rueda delantera impacta con el socavón, la trasera suele sufrir los mismos daños. El coste medio de romper dos llantas y dos neumáticos en un coche suele rondar los 1.500 euros, dependiendo del vehículo. Si el impacto es a velocidad superior a 100 km/h también es posible dañar, además, los brazos de la suspensión e incluso amortiguadores, lo que incrementa notablemente el presupuesto de la reparación.

Como efecto colateral, hay muchos impactos que, aunque no dañen completamente el sistema de suspensión, sí pueden debilitarlo, haciendo que el conductor que no pueda repararlos siga usando un vehículo con una notable merma de seguridad, afectando al resto de usuarios.

No menos desdeñable es, según Carlos Oliva, “el muy importante incremento que estamos teniendo en la rotura de cristales y lunas delanteras de los coches, provocado por la gran cantidad de piedras sueltas en la carretera por motivo de la descomposición del asfalto. Estamos en contacto con las compañías de seguros y están sufriendo un aluvión de solicitudes de sustitución de lunas delanteras”.

Como dato adicional, sustituir una luna delantera incluyendo la mano de obra puede rondar los 400 euros de media, dependiendo del tipo y la tecnología del coche. Cabe reseñar que, aunque tengamos incluida esa garantía en nuestra póliza de seguros, es muy habitual que suframos una penalización en la anualidad del siguiente pago.

Con todo, si circular por nuestra red viaria en coche se ha convertido en algo estresante por los baches, hacer lo mismo conduciendo una moto está afectando seriamente a la seguridad personal de quien conduce.

El mismo bache que provoca la rotura de dos ruedas en un coche es, muy probablemente, el que puede causar que un motorista se caiga de la moto en una autovía, con el peligro potencial de la propia caída y la alta probabilidad de impacto por atropello de otros vehículos.

Nos consta que agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de varias provincias están realizando informes sobre el estado de las carreteras y la directa incidencia que tiene en la seguridad.

A este respecto, sería bueno recordar que un ciudadano puede reclamar a las administraciones por los daños sufridos en sus vehículos. Para ello hay que recabar la mayor cantidad de datos posibles, incluso en el mismo lugar de incidente, una vez asegurado el vehículo con los triángulos de señalización y la baliza V-16 obligatoria.

Es importante tomar fotos del bache causante de las averías en el vehículo y, si es posible, solicitar un atestado/informe por parte de las autoridades, ya sean policías locales o la propia Guardia Civil de Tráfico.

Hay que identificar la carretera por la que circulamos, ya que de ello dependerá reclamar contra un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el propio estado central. Un informe pericial, aunque es un costo extra, es altamente recomendable, sobre todo en impactos que hayan generado un gran deterioro del vehículo y una probable muy cara factura de reparación.

En cuanto a los plazos, tendremos un año para poder realizar la reclamación. La administración correspondiente tendrá que respondernos en un plazo máximo de seis meses ya que, si no hemos tenido respuesta en este plazo, podremos iniciar la vía judicial por silencio administrativo. Un proceso que no muchos afectados quieren iniciar y que origina que al final el coste de la reparación tenga que asumirlo nuestro propio bolsillo.