El pasado 28 de abril, tres menores estaban jugando con un balón en una calle del centro de Málaga cuando cinco adolescentes se les acercaron y empezaron a increparles. El choque acabó en una pelea que fue grabada y difundida por redes sociales, donde proliferaron las amenazas. A principios de mayo, la Policía Nacional detuvo a cuatro menores por la agresión, que acabó con uno de los chicos con una fractura en la nariz y numerosos hematomas.

Ese mismo día, dos grupos de jóvenes protagonizaron una pelea multitudinaria en el distrito de Teatinos. Según las pesquisas de los agentes, que consiguieron arrestar a 14 chavales de entre 15 y 21 años (seis de ellos menores), habían quedado para pegarse a través de Instagram.

Por entonces, estos dos hechos parecían aislados, pero fueron a engordar una montaña de sucesos violentos que en los últimos meses se habían ido acumulando en distintos puntos de la provincia y sobre los que ahora las autoridades ponen el foco.

Los fiscales de menores han expresado una preocupación “casi unánime” por la “explosión delictiva” que en los últimos meses están protagonizando los niños y los adolescentes. La sección de Málaga, pero también la de otros “territorios tan dispares en tamaño y localización geográfica como son Madrid, Alicante, Sevilla, Illes Balears, Cantabria, Ourense, Barcelona o Bizkaia” han mostrado “su seria preocupación y alarma por el incremento y auge de todo tipo de conductas cada vez más violentas realizadas por menores”.

Así se recoge en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, un texto en el que los expertos hacen especial énfasis en el “aumento de las infracciones de violencia intrafamiliar, de lesiones en general, de conductas contra la libertad sexual y el creciente abuso de las TIC´s con especial incidencia en el campo del acoso escolar”.

El peligro de las redes

Especialmente “significativo”, destaca el documento, es el caso de Málaga, donde la fiscal delegada ha advertido de que “existen grupos de adolescentes que utilizan redes sociales para concertar reuniones clandestinas en que se programan peleas ilegales que luego trascienden a gran número de jóvenes mediante internet”.

“Ello evidencia una carencia total de estima y valoración de la integridad física propia y ajena, lo que ha de llevar reflexionar sobre la carencia de los mínimos valores éticos y de convivencia que se está implantando en ciertos sectores juveniles”, advierte el Ministerio Público que recoge además la preocupación por “brotes violentos cada vez mayores e íntimamente relacionados con las bandas juveniles”.

A finales de 2022, sin ir más lejos, trascendió la detención de un grupo de nueve menores que supuestamente se dedicaban a extorsionar, amenazar y agredir a otros menores en distintos puntos de la capital. Los agentes ya estaban rastreando sus redes sociales y sus movimientos, aunque finalmente fueron arrestados en medio de una pelea en la que algunos de ellos se encontraban armados con palos, navajas y puños americanos.

Precisamente, uno de los aspectos más “preocupantes” identificados por los fiscales es la facilidad con la que los menores adquieren todo tipo de armas blancas y, frente a ello, proponen que se endurezcan los controles y las normas administrativas sobre la venta de “elementos cortantes” y un incremento de los efectivos policiales especializados.

No hay registros actualizados concretos que permitan dar luz a estos hechos, aunque sí algunas estadísticas que se refieren a ellos. El INE, por ejemplo, publica anualmente el número de condenas entre menores. En el último periodo disponible, el año 2021, fueron 603.

AGRESIONES SEXUALES

Esta estadística muestra también los datos de los condenados específicamente por delitos sexuales. Desde 2017 a 2021, hay registros de 71 menores. En el informe del Ministerio Público se hace referencia a un “notabilísimo y preocupante” aumento del 45,8% de las agresiones sexuales en el último año en todo el país (974, frente a las 688 contabilizadas en 2021). El ascenso es aún más notable si se compara con los años previos: desde 2017, las agresiones sexuales entre menores han crecido un 116%, un dato “alarmante”. En Málaga, el aumento en estos cuatro años ha sido del 67%, según los datos del INE.

El Ministerio Público considera que las causas de este auge son “complejas”, pero subraya varios factores. Secciones como la de Sevilla, Madrid, Barcelona, Murcia y Huelva consideran que esta “oleada de atentados a la libertad sexual” es fruto de la falta de una adecuada formación en materia ético-sexual y subrayan la necesidad de “evitar que muchos niños y menores accedan a un visionado inapropiado y precoz de material pornográfico violento”. A ello se suma, apuntan en el documento, “la ausencia de orientaciones educativas” que lleva a una “trivialización de su concepto de las relaciones sexuales normales”.

La memoria de 2022 de la Fiscalía también subraya los “repuntes” que en el último año se han dado en Málaga de casos de violencia doméstica hacia ascendientes y hermanos, una tendencia a la que no pone cifra pero que, según subraya, se contrapone con el descenso en otras ciudades y a nivel estatal. “Esta problemática social trae su origen de los déficits de valores que el sistema educativo no ha podido paliar; y, cuando la gravedad del caso conduce a la vía judicial, suele ser ya tarde para solucionarlo”, añade al respecto.

De la misma forma, en la provincia, señala en el texto, los fiscales detectan “una alta tasa de adquisición, tenencia y uso de todo tipo de sustancias psicotrópicas entre la población juvenil lo que enmascara, en muchas ocasiones, la presencia no previamente diagnosticada de trastornos de la personalidad lo que en cierta medida evidencia una ausencia de control y supervisión por parte del entorno familiar de los menores afectados".